Autor: Radar Tecate

Mexicali, B. C.- La XXII Legislatura de Baja California elevará ante el Congreso de la Unión una iniciativa para reformar la Constitución General de la República y el Código Nacional de Procedimientos Penales, con la finalidad de incluir en el catálogo de delitos que ameritan preventiva, a los responsables de robos a casas habitación, vehículos e hidrocarburos, entre otros.

Ante el elevado incremento de hechos delictivos registrados en el país, pero de manera particular en Baja California, la diputada Victoria Bentley Duarte, presidenta de la Comisión de Justicia y el diputado Andrés de la Rosa Anaya, presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, ambos del PAN, así como el diputado Alejandro Arregui Ibarra, del PRI, quien preside la Comisión de Desarrollo Social, Deporte y Asuntos Indígenas, presentaron la iniciativa que busca reformar el artículo 19 de la Constitución General de la Republica y el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

Lo anterior se dio con la aprobación unánime del dictamen 8 de la Comisión de Justicia de la XXII Legislatura, durante la sesión de clausura del tercer período ordinario del primer año de ejercicio legislativo, la cual fue conducida por el diputado Job Montoya Gaxiola, en su calidad de presidente saliente de la Mesa Directiva.

Los tres inicialistas coincidieron en el grave problema que representa para la sociedad el cada vez mayor incremento de asaltos, robos de vehículos y de hidrocarburos, portación de armas y otros cuyos responsables, cuando son atrapados por la policía, siguen su proceso en libertad, debido a la reforma constitucional y al Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Por esta razón hicieron uso de la facultad que tiene los congreso estatales para proponer iniciativas de reforma ante el Congreso de la Unión, con el propósito de incluir en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, los actos delictivos arriba mencionados.

En el artículo 19 constitucional, en el que se especifican los delitos en los cuales el juez podrá pedir prisión preventiva, se propone agregar la portación de armas de uso exclusivo del Ejército o la Armada, así como el robo de hidrocarburos y delitos en contra del patrimonio de las personas.

Por lo que hace al CNPP, se establece que el Juez de Control en el ámbito de su competencia ordenará la prisión preventiva por oficio, en los mismos delitos arriba mencionados.

En el primero de los artículos transitorios se anota que una vez que sea aprobado el presente dictamen, deberá ser remitido al Congreso de la Unión para su debate parlamentario y, en su caso, aprobación por el Pleno.

Mexicali, B. C.- La Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso local, que preside el diputado Andrés de la Rosa Anaya (PAN), aprobó por unanimidad la iniciativa mediante la cual se crea la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California (Lpdppsoebc).

Esta propuesta, cuya inicialista es la legisladora panista Iraís Vázquez Aguiar, tiene por objeto regular las bases, principios y procedimientos que garantizan el derecho que tiene todo ciudadano a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. En ese sentido, garantiza el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante procedimientos sencillos y expeditos.

En la Lpdppsoebc se especifica que son sujetos obligados, en el ámbito estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, ayuntamientos o consejos municipales y la administración pública municipal.

Se agrega que los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de particulares.

Por otro lado, dispone que el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado tendrá la atribución de vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Lpdppsoebc.

Dicho instituto podrá imponer, para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones, una amonestación pública o la multa equivalente a la cantidad de 150 hasta un mil 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Cabe mencionar que el 26 de enero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Protección de Datos Personales, donde en uno de sus artículos transitorios se ordena a las legislaturas estatales ajustar sus leyes a las disposiciones de la ley federal en la materia, en un plazo de seis meses a partir de su publicación.

En la reunión de trabajo de la Comisión de Gobernación de la Vigésima Segunda Legislatura estatal, realizada en la sala “Estado 29”, estuvieron presentes sus diputados integrantes Andrés de la Rosa Anaya, presidente; Victoria Bentley Duarte, quien fungió como secretaria y los vocales José Félix Arango Pérez, Raúl Castañeda Pomposo e Ignacio García Dworak. Asimismo, hizo acto de presencia la inicialista, diputada Iraís Vázquez.