APRUEBA CABILDO REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE BC

Tecate, Baja California .- Apoyando la
iniciativa de reforma del artículo 8 de la Constitución de Baja
California presentada por la Comisión de Gobernación, Legislación y
Puntos Constitucionales de la honorable XXII Legislatura del Estado,
el Cabildo de Tecate aprobó por mayoría dicha iniciativa que tiene la
intención de que se apliquen los derechos tanto a mexicanos como a
extranjeros en nuestro estado.
Lo anterior durante la sesión número 31 de carácter extraordinaria,
realizada la mañana de este lunes 27 de noviembre, donde además se
aprobó la adición al último párrafo del artículo 11 de la misma
Constitución, la cual tiene como fin “potencializar desde la base
constitucional la promoción de políticas públicas que alienten la
producción de alimentos y garanticen el derecho a la alimentación y
nutrición de la población, haciendo justicia social en el sector rural
y pesquero”, así lo dio a conocer la Alcaldesa Nereida Fuentes González.
Otro tema que igualmente dictaminó dicha Comisión fue el documento
número 35, en donde se habla de la adición al apartado e) “de las
víctimas” del Artículo 7 de la Constitución local y la reserva en lo
particular, que garantiza los derechos de las víctimas a nivel
constitucional.
Se destaca que todos estos puntos y solicitudes de reformas y
adiciones, son solicitadas a los ayuntamientos, tras su análisis,
estudio y aprobación en el Congreso del Estado, que requieren de la
anuencia de cabildos, para que puedan realizarse los cambios
constitucionales, por lo que en el caso de Tecate, al pasar por la
Comisión correspondiente y realizar el dictamen, es que se somete a la
votación al Pleno, por lo que todos los puntos fueron aprobados por
unanimidad, enviándose de esa manera a la legislatura y solicitando su
publicación respectiva en el Periódico Oficial del Estado para su
efecto.
Con ello, el Cabildo Local refrenda el compromiso de apoyar todas
las iniciativas y armonizaciones legales que mantengan al día todo el
marco normativo en beneficio de los derechos de las y los ciudadanos,
a través de decisiones responsables de la administración pública.