APRUEBA EL PLENO DICTAMEN QUE CREA EL ESTATUTO TERRITORIAL 

Antes de concluir el plazo fijado por la Suprema Corte para la elaboración de este documento, se enviará para ser publicado en el POE Mexicali, B. C.- El Pleno de la Vigésima Tercera Legislatura de Baja California aprobó por mayoría el dictamen que definirá los límites territoriales de cada uno de los cinco municipios del Estado. En sesión ordinaria, la cual fue conducida por la diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, se puso a debate parlamentario el dictamen número uno de las Comisiones Unidas de Fortalecimiento Municipal, Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales y la de Justicia, cuyos integrantes participaron a lo largo de cuatro meses, en varias reuniones de trabajo, para lograr la elaboración del documento que definirá oficialmente los límites tanto del Estado, como de los municipios que conforman la Entidad. Con una votación de 20 votos a favor y dos en contra, por parte de las diputadas ensenadenses Miriam Elizabeth Cano Núñez y Claudia Josefina Agatón Muñiz, se aprobó con dispensa de trámite el Estatuto Territorial de los Municipios de Baja California, el cual fue leído en tribuna por la presidenta de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, y quien estuvo al frente de las Comisiones Unidas, diputada Cano Núñez. Sobre el particular, la diputada Claudia Agatón aclaró que su voto sería en contra en virtud de que en el nuevo documento subsiste un conflicto territorial entre los municipios de Ensenada, Playas de Rosarito y Tijuana porque los límites marcados no corresponden a las medidas que marca el mencionado estatuto. Por su parte, el diputado Juan Manuel Molina García, quien participó en la elaboración del documento como presidente de la Comisión de Justicia, destacó que las colindancias fueron establecidas en base a estudios geológicos, realizados por técnicos de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (Sidurt). “Pero -destacó- a lo largo de las reuniones de trabajo, se aplicó un criterio técnico, no político, y así fue como salió el dictamen que dará certeza jurídica a los habitantes de Baja California, que al fin contarán con un documento que tenía que haber salido desde hace 18 años”.