CATALINO ZAVALA PRESENTA REFORMA A LEY QUE REGLAMENTA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN B.C.

Mexicali, B.C. .- El derecho humano al acceso al agua, implica que el Estado debe proporcionar el vital líquido sin distinción alguna y con capacidad de respuesta a los sectores que más lo necesitan, paragarantizar su sobrevivencia, desarrollo económico y social, indicó el diputado Catalino Zavala Márquez.

Esto fue señalado por el coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA, al presentar ante el Pleno, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado, a fin de que en las escuelas de educación media superior y superior, no se reduzca ni suspensa el suministro de agua potable.
Resaltó que la intención de la presente iniciativa, -sustentada en la Constitución Mexicana, tratados, criterios y tesis jurisprudenciales-, es salvaguardar el derecho humano al vital líquido, en este caso para los alumnos de cualquier plantel educativo en Baja California.

Catalino Zavala mencionó que actualmente el artículo 17 de la ley local que propone reformar, establece que el suministro del agua potable y alcantarillado sanitario que se preste en los inmuebles en los que el Gobierno del Estado brinde educación básica además de los servicios de salud, no se podrá reducir ni suspender.

En dicho artículo, dijo que se deja fuera de este beneficio a inmuebles de instituciones educativas de nivel medio superior y superior, así como escuelas públicas federales, haciendo una distinción marcada a los niños niñas y jóvenes que no pertenecen a escuelas públicas del Estado del nivel básico, violentando los derechos de los menores de manera indirecta, a consecuencia de la falta de pago del servicio de agua de las escuelas donde estudian.

Por lo que el legislador propone que las escuelas públicas exenten el pago del servicio de agua potable, y que el recurso que estaba destinado al pago de dicho servicio, que es en promedio 100 millones de pesos anuales, se reoriente para el mejoramiento de las instalaciones educativas en el Estado.