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APRUEBA PLENO CONVOCATORIA PARA CONCURSO DE SELECCIÓN DEL MAGISTRADO ANTICORRUPCIÓN

  • Contiene los requisitos que tendrán que cumplir los aspirantes a dicho cargo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

Mexicali, B. C.- El Pleno de la Asamblea Legislativa de Baja California aprobó por unanimidad el acuerdo presentado por la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, que preside el diputado Andrés de la Rosa Anaya, el cual contiene la convocatoria para el concurso de selección para ocupar el cargo de magistrado de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

Durante la lectura del acuerdo, De la Rosa Anaya informó que los requisitos que tendrán que cumplir los aspirantes a dicho cargo son, entre otros: ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; tener cuando menos 35, y no más de 65 años de edad, al día de su nombramiento, así como poseer el día de su nombramiento, con antigüedad mínima de 10 años, título profesional de Licenciado en Derecho o Abogado.

Además, el haber realizado por lo menos durante 10 años una actividad profesional relacionada con la aplicación, interpretación, elaboración o investigación de normas jurídicas; haber residido en el Estado durante 10 años anteriores al día de su nombramiento, y no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de prisión. Pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena.

El presidente de la Comisión de Gobernación agregó que los interesados deberán gozar de buena reputación y buena fama en el concepto público; y no haber ocupado cargo de elección popular, ni haber ocupado cargo de dirigencia de algún partido político, o haber sido titular de una dependencia o entidad de la administración pública federal, estatal o municipal, o consejero de la Judicatura, durante el año previo a la fecha en que deba ser nombrado.

Por otro lado, tener por lo menos 5 años de experiencia profesional en derecho administrativo o tributario, responsabilidades administrativas, combate a la corrupción, transparencia o rendición de cuentas, así como no haber sido candidato, de algún partido político, durante los 3 años anteriores a la fecha de la emisión de la convocatoria para el nombramiento, además de presentar su declaración de intereses, patrimonial y fiscal.

APRUEBAN EN LA CFM NUEVAS ATRIBUCIONES DE LOS SÍNDICOS PROCURADORES EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN

Mexicali, B. C.- La Comisión de Fortalecimiento Municipal (CFM) del Congreso del Estado, que preside el diputado maestro Raúl Castañeda Pomposo, aprobó de manera unánime dos propuestas legislativas que reforman la Ley del Régimen Municipal de Baja California, en una reunión de trabajo celebrada esta tarde en la sala “Estado 29” del edificio del Poder Legislativo.

La primera de ellas, cuyo inicialista es el presidente de esta Comisión, plantea modificar el artículo 8, fracciones cuarta, séptima y novena de la Ley de Régimen Municipal (LRM), en el cual se establecen las atribuciones que esa ley otorga actualmente a los síndicos procuradores de los diversos ayuntamientos de la entidad.

Tal modificación es con el propósito de armonizar las atribuciones que tienen los síndicos hoy en día, con las recientes reformas aprobadas por el Pleno de esta XXII Legislatura local en materia anticorrupción, mediante las cuales se hicieron cambios sustanciales a la Ley de Responsabilidades Administrativas, entre otras, y que tienen que ver con dichas atribuciones.

Cabe mencionar que fue avalada también una adenda a esta iniciativa propuesta por el inicialista, que recoge las observaciones realizadas por los síndicos de diversos municipios, quienes estuvieron presentes durante el desarrollo de la reunión de este día.

Los diputados integrantes de este órgano colegiado aprobaron, además, de manera unánime otra iniciativa de Castañeda Pomposo, por la que se reforma el artículo 11 de la LRM, a fin de armonizarla también con la normatividad en materia anticorrupción.

Al respecto, se prevé establecer un tercer párrafo en ese artículo 11 donde se disponga que se podrá fiscalizar la gestión financiera de los ayuntamientos del ejercicio fiscal en curso, o de otros ejercicios fiscales anteriores ya concluidos o analizados.

En el punto de asuntos generales, el diputado presidente de la CFM informó a los integrantes que el pasado 18 de abril conversó con el secretario General de Gobierno del Estado, a fin de establecer las bases de la calendarización de las reuniones de la “Mesa de análisis y consenso para los trabajos de municipalización de la región de San Quintín, municipio de Ensenada”, y así poder establecer la fecha de su instalación, misma que se dará a conocer más adelante.

Durante la reunión de la Comisión de Fortalecimiento Municipal estuvieron presentes los legisladores Raúl Castañeda Pomposo, presidente; Bernardo Padilla Muñoz, secretario, y el vocal Andrés de la Rosa Anaya. Asimismo, como ya se mencionó, hicieron acto de presencia funcionarios de las sindicaturas de los diversos ayuntamientos de Baja California.

APRUEBAN DICTAMEN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN: RAÚL POMPOSO

Mexicali.- Con la aprobación del dictamen del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, por mayoría de los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, se da un paso muy importante para la entidad, expuso el diputado Raúl Castañeda Pomposo, integrante de dicha comisión.

Dijo que con esta ley se establecerán mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción en la entidad así como bases importantes para la emisión de políticas públicas integrales contra la corrupción, por mencionar algunas.

Destacó la reunión que sostuvo el presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, Andrés de la Rosa Anaya, con empresarios y asociaciones civiles, previo a que se diera la discusión y votación, en donde se les expuso el articulado que condensa la ley, lo que habla de la voluntad de la XXII Legislatura de escuchar a todas las voces.

El legislador del Partido Acción Nacional, adelantó que antes de que se lleve la votación de la misma en el pleno de sesiones, aún existe la apertura para recibir propuestas tanto de las fracciones representadas en la cámara de diputados locales como de la sociedad civil, porque se trata de lograr todos los consensos que sean posibles.

Castañeda Pomposo, expresó que una vez aprobada esta ley, Baja California se unirá a las entidades que ya aprobaron en sus estados su ley Anticorrupción, homologándose así con la Ley General Nacional Anticorrupción, publicada en el periódico Oficial de la Federación, el 18 de Julio del 2016.

Finalmente reconoció a sus compañeros integrantes de la comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, por el trabajo realizado en esta ley: Andrés de la Rosa (PAN) , presidente, Marco Corona (PRI), Secretario, Victoria Bentley (PAN), Víctor Manuel Morán (Morena), José Félix Arango (PAN), Luis Moreno (PES) e Ignacio García Dworak (PAN).

DIP. MIGUEL OSUNA: INICIATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN

Mexicali, B. C.- El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), en voz del diputado Miguel Osuna Millán, presentó una iniciativa de decreto para reformar diferentes disposiciones de la Constitución Política del Estado en materia de anticorrupción.

La propuesta fue presentada durante la sesión ordinaria correspondiente a la presente semana, la cual fue presidida por el diputado Ignacio García Dworak, donde el presidente de la Comisión de Salud e integrante de la Comisión de Fiscalización de la XXII legislatura local, recalcó la importancia de realizar reformas a nivel local con el fin de adecuar las reformas federales en materia de anti corrupción, para alcanzar mayores estándares de buen gobierno y con ello prevenir, detectar y sancionar hechos de corrupción.

El inicialista recalcó que se trata de una asignatura pendiente en la Entidad, en la cual se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

Osuna Millán dijo que la iniciativa tiene como objeto la armonización de la ley local de manera congruente con la regulada por la Constitución Federal, donde se fortalecen órganos Internos de control; y se crea y fortalece el Tribunal de Justicia Administrativa en sustitución de Tribunal Contencioso.

Asimismo se detallan facultades del Congreso, tales como, nombramientos de Auditor, Fiscal Anticorrupción y titulares de los Órganos Constitucionalmente Autónomos.
Esta modificación -explicó- dará paso a nuevas leyes en materia de fiscalización, sistema anticorrupción, tribunal de justicia administrativa, y de responsabilidades de los servidores públicos, así como el fortalecimiento del capítulo de Juicio Político.

El diputado Osuna Millán detalló que los aspectos destacables en relación a otras Iniciativas son: “Más apegada y conforme a Constitución Federal; el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción es designado por el Congreso, en tanto que la propuesta del Ejecutivo es nombrada por él mismo y el representante de COPARMEX es propuesto por los ciudadanos.

Además se promueve la participación de más Ciudadanos en un Comité Coordinador. En total, la premisa es un número igual de ciudadanos al de funcionarios, a lo que GPPAN propone 11.
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También se busca fortalecer vínculos sociales a través del Comité de Participación Ciudadana a lo que el GPPAN propone 15; en tanto la COPARMEX solo 9 y respecto al Ejecutivo no se señala nada porque lo delega a la Ley.

El diputado Miguel Osuna añadió que se pretende robustecer las facultades del Comité Coordinador; es decir donde participarían los ciudadanos, estableciendo que sus decisiones son vinculatorias con las autoridades, lo que es una propuesta propia del GPPAN.

EXIGEN ENSENADENSES SE APLIQUE LA LEY CONTRA TESORERO MUNICIPAL DE HIRATA

Ensenada.- Más de 500 líderes de las colonias de ensenada que resultaron afectadas por la falta de ejecución de los recursos del Ramo 33 que por acuerdo de cabildo serían para llevar a cabo obras prioritarias para la ciudad 2015 y 2016, caminaron este día en tono de protesta por las principales calles de la ciudad hasta llegar a las oficinas de la Sub Procuraduría de Justicia Zona Ensenada, ahí cumplieron el objetivo de la movilización, reunirse con el titular Lic. Marco Antonio Chavarría López para exigirle que a la brevedad se cumpla con la ley contra el principal responsable -hasta el momento- de este magno desfalco a la ciudad por parte del tesorero municipal, razón por la que hace apenas unos días fue demandado por parte de Sindicatura Municipal.\r\n\r\nAcompañados por los coordinadores municipal y estatal del Partido del Trabajo (PT) Christian Dunn Fitch y Armando Reyes Ledesma, respectivamente, las manifestantes sumamente molestos alertaron al fiscal Chavarría López que tiene la alta responsabilidad de hacer justicia antes de que los funcionarios municipales involucrados en el desvío de recursos del ramo 33 para el combate a la pobreza, no solo concluyan en su cargo el próximo 30 de Noviembre, sino peor aún, alcancen a huir del Estado sin que antes hayan aclarado el destino de los recursos y enfrentado a la justicia.\r\n\r\nA través de un documento entregado al sub procurador, Armando Reyes Ledesma expresó que el principal motivo de la protesta ciudadana es con la finalidad de solicitarle que se actúe con la debida prontitud y diligencia en relación a la denuncia 02001-2016-10594 en contra del actual tesorero municipal en el XXI Ayuntamiento de Ensenada, así como de quienes resulten responsables por el desvío de recursos federales del Ramo 33.\r\n\r\nReyes Ledesma exhortó al sub procurador de justicia a combatir la corrupción y el enriquecimiento ilícito de los funcionarios y servidores públicos, “por lo que acudimos a usted con fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que la investigación de los delitos corresponde al ministerio público”, “se necesita de la intervención oportuna y coordinada del ministerio público a su cargo, bajo los principios de legalidad eficiencia, eficacia, honestidad, lealtad, profesionalismo e imparcialidad para evitar la impunidad y menoscabo del pleno respeto de los derechos humanos”.\r\n\r\nPor su parte, Marco Antonio Chavarría López comentó que se están haciendo las investigaciones correspondientes y pidió la plena confianza de los ciudadanos respecto a que por su conducto se hará justicia en el tema.

ANDRÉS DE LA ROSA A CREAR EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

\r\n \r\nMexicali.- Como urgente y que debe analizarse a la brevedad posible por todas las fuerzas políticas del Congreso local, calificó el diputado Andrés de la Rosa a la creación del Sistema Estatal Anticorrupción.\r\nDurante la sesión ordinaria celebrada ayer, el legislador presentó un posicionamiento sobre este tema a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), en el sentido de que hace falta reformar la Constitución estatal para sentar las bases y reformar las leyes correspondientes, y de esta manera lograr la creación del Sistema.\r\nRecordó que cuando se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, se propuso en la reforma que cada entidad estuviera obligada a reproducir y armonizar dicho marco jurídico en sus legislaturas locales, algo que todavía no ha sucedido en Baja California.\r\n“Como diputado federal de la 62 Legislatura en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, pude participar en la creación legislativa del Sistema Nacional Anticorrupción, y hoy como diputado local sin duda colaboraré en el proceso que dará vida a nuestra reforma constitucional estatal en esta materia”, señaló Andrés de la Rosa.\r\nEl congresista de Acción Nacional adelantó que dentro de las características que se puede incluir en el Sistema Estatal Anticorrupción, es la creación de tribunales especiales que atiendan los casos específicos de mal uso de recursos públicos, así como una mayor transparencia en el manejo del dinero de la ciudadanía, tanto de funcionarios como de particulares.\r\nUno de los puntos que se requiere precisar, dijo, es el tema de las sanciones, pues en el ámbito federal sí quedaron establecidas con la creación del Sistema Nacional, más no se ha realizado a nivel estatal.\r\nIndicó que hay estimaciones de que al año la corrupción cuesta a los mexicanos aproximadamente 1.5 billones de pesos, es decir, un 129 por ciento más que el presupuesto asignado a seguridad pública en todo el país.\r\n“La corrupción, en una entidad como la nuestra, es factor de inhibición de empleos e inversión, lo que genera pérdida de calidad de vida en familias, así como de confianza en las instituciones, pero sin duda el riesgo más grave es el delgado hilo entre corrupción y otras formas de delincuencia como la de tipo organizado”, sostuvo De la Rosa Anaya.\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n

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