Autor: Kimbeerly Michelle Ramos

Mexicali, B.C.- La diputada Miriam Josefina Ayón Castro presentó recientemente a nombre de la Comisión de Juventud y Deporte, una Iniciativa de reforma a la Ley del Instituto de Cultura del Estado de Baja California que emerge del Parlamento de la Juventud.\r\nSeñaló que según lo planteado por la legisladora juvenil inicialista, Michelle Hinojo Oceguera, la pretensión legislativa consiste en consolidar y dotar de certidumbre la aplicación presupuestaria en materia de cultura.\r\nConforme al documento remitido por dicho Parlamento, los recursos federales y estatales destinados al ICBC, se asignan mediante un proceso en el cual se presenta el Programa Operativo Anual. Lamentablemente, en repetidas ocasiones el recurso no alcanza a las oficinas o representaciones del Instituto en los municipios.\r\nSegún mencionó Miriam Ayón, en la narración del propio documento, se hace hincapié en que el recorte de recursos, o su entrega tardía a las oficinas municipales, perjudica incluso a los artistas profesionales que hayan sido contratados para presentarse en eventos del Instituto.\r\nPor ello, en aras de buscar el fortalecimiento del marco legal que rodea la actuación pública en materia de cultura, se presentan propuestas de reforma a los artículos 15, 20, 25, 26 y 44, crear un Capítulo VIII denominado “de la Política Estatal de Cultura” así como la adición de los artículos del 45 al 54, de la Ley del Instituto de Cultura de Baja California.\r\n \r\nEn lo que se refiere a la enmienda a diversos artículos relativos para establecer la Política Estatal de Cultura y sus objetivos a lograr, también del mismo ordenamiento, se rescatan conceptos fundamentales, como lo son: la obligación del Estado de promover la difusión y desarrollo cultural con pleno respeto a la libertad creativa; el reconocimiento del derecho al acceso y participación en las manifestaciones culturales y se define el concepto de educación artística, como parte primordial del desarrollo cultural.\r\n \r\nSe sujeta la planificación, diseño, ejecución y evaluación de la Política Estatal de Cultura al Plan Estatal de Desarrollo. Esto permite la objetividad, productividad, seguimiento, medición, eficacia y eficiencia de las políticas públicas en la materia. Además, evita que el criterio discrecional de los servidores públicos rija la actividad gubernamental del ICBC.\r\n \r\nTambién se propone en la iniciativa presentada por la diputada Miriam Ayón, que se incluya a un representante del Poder Legislativo del Estado a la Junta de Gobierno del instituto, que es la máxima autoridad del ICBC, siendo la persona idónea el presidente de la Comisión Legislativa en materia de cultura. En este caso, el presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.\r\n \r\nCon ello, se pretende que esta vinculación permita que la actividad legislativa tenga un acercamiento de los asuntos en materia de cultura que la actividad de la administración pública estatal realiza. Así, con esta amalgama del sector privado, sector social y sector público (tanto Ejecutivo, como Legislativo), se pueden alcanzar logros importantes, tanto en materia cultura de fondo, como la profundización de la materia presupuestaria para la cultura.

Mexicali, B.C.- Una iniciativa con la finalidad de que las autoridades de gobierno del Estado rindan de manera obligada su declaración de intereses fue presentada por el diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides. \r\nSe trata de una reforma tanto al artículo 92 de la Constitución de Baja California como a un total de diez artículos de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos en la entidad. \r\n \r\nEl legislador indicó que la iniciativa tiene como objeto regular la obligatoriedad de la declaración de intereses, como una herramienta o mecanismo de control que inhiba a los servidores públicos en la práctica de actos o relaciones con algún tercero, en donde se antepongan los intereses personales o económicos de carácter privado, frente a los intereses públicos o generales del Estado. \r\n \r\nAsí mismo, dijo, se pretende que esta herramienta jurídica permita acercar información relevante para procurar una mayor efectividad probatoria y sancionadora ante conductas transgresoras de los principios de Honradez, Imparcialidad y Eficiencia. \r\n \r\nCon esta medida se podrá conocer en dónde están los intereses económicos de los funcionarios públicos, en que consejos de administración de empresas participan, a quienes asesoran como particulares, de que empresas u organizaciones no lucrativas son socios, entre otros. \r\n \r\nDe esta manera, agregó el diputado, la sociedad tendrá una mayor seguridad al saber que no se benefician las autoridades cuando se ejercen recursos, se legisle o se lleven a cabo programas de orden público.\r\n \r\n”El principal problema al que se refieren cuando se habla de falta de credibilidad en las instituciones, es al generado por el alto grado de corrupción de todos los órdenes de gobierno, incluyendo a servidores públicos sin distingo de nivel, cargo o comisión. El ejemplo representativo por excelencia hoy por hoy es el del Presidente de la República, que entre otras acusaciones, es señalado por obtener beneficios indebidos en el caso llamado <>”, señaló Cardona Benavides.

Mexicali, B. C.- “El Poder Judicial del Estado constantemente ha encontrado dificultades para desempeñar sus funciones en forma ideal más que cualquiera de los Poderes del Estado, por ello es que proponemos ante este Pleno que el Poder Judicial debe ser una institución que no debe atravesar ni depender de vaivenes políticos, sino que debe ser un órgano que cuente con una base sólida, por lo menos un mínimo seguro y constante para su funcionamiento”, argumentó el diputado Juan Manuel Molina García.\r\n\r\n Lo anterior, al presentar una iniciativa de reforma constitucional para que el presupuesto anual que le corresponda al Poder Judicial del Estado, no sea menor al 3 por ciento del presupuesto global del Gobierno del Estado, el cual le garantizaría un piso presupuestal que no estaría supeditado al ánimo de unos cuantos y que le daría mayor estabilidad para sus proyectos futuros.\r\n\r\nEn su exposición de motivos, el legislador de Movimiento Ciudadano señaló también que el sistema de impartición de justicia es una institución compleja que cuenta con diversos órganos tanto administrativos como judiciales, así como que su autonomía le da la independencia que necesita para poder impartir la justicia a los ciudadanos y otorgar confianza a los justiciables.\r\n\r\nEn ese sentido, indicó la necesidad de que esté actualizado, que cuente con la información, capacitación, infraestructura, tecnología, entre otras tantas necesidades, para poder otorgar lo que los ciudadanos requieren en una situación de conflicto, que es la correcta impartición de justicia pronta, expedita e imparcial.\r\n\r\nPor otro lado, el presidente de la Comisión de Justicia de la XXI Legislatura local informó que dentro del Poder Judicial, se cuenta con diversos órganos encargados de hacer que se cumplan las leyes y disposiciones de derecho que hacen que en la sociedad pueda vivirse en un Estado de Derecho, y que para su funcionamiento dependen del presupuesto anual otorgado por el Gobierno del Estado y autorizado por el Congreso después de su análisis.\r\n\r\nEsta propuesta de reforma al artículo 90 de la Constitución de Baja California fue turnada para su análisis y discusión por la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Irma Martínez Manríquez, a las Comisiones Unidas de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales (CGLPC), Hacienda y Presupuesto (CHP) y Justicia (CJ).