Ciudad de México. – Como lamentable y vergonzoso calificó la diputada federal Nancy Sánchez Arredondo, el que en su reporte de alertas de viaje el gobierno de Donald Trump haya incluido una vez más a Baja California entre los estados más peligrosos de México.
Y cuestionó: ¿Dónde han quedado los más de 1,133 millones de pesos que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha enviado en los últimos tres años a la administración del gobernador Francisco Vega de Lamadrid tan sólo para reforzar los temas de seguridad y justicia”?
La legisladora federal señaló que una vez más queda en evidencia la incapacidad e incompetencia de los funcionarios del Gobierno del Estado que siguen dando tumbos en materia de seguridad, turismo, generación de empleos, educación y salud, entre otros aspectos importantes que con derecho reclaman los bajacalifornianos.
Por lo visto, subrayó, ni atienden ni le entienden al ejercicio de gobernar un Estado, menos en materia de seguridad.
Respaldada con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la diputada Sánchez Arredondo indicó que, de enero del 2014 a junio del 2017, Baja California ha recibido a través del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública 1,133 millones de pesos, siendo la entidad fronteriza que más dinero ha captado por este concepto.
Le siguen Sonora con $1,107.5 millones, Nuevo León con $1,063, Tamaulipas con $1002 millones, Chihuahua con $905 millones y Coahuila con $800 millones.
El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), es un fondo presupuestal previsto en la Ley de Coordinación Fiscal a través del cual se transfieren recursos a las entidades federativas para dar cumplimiento a estrategias nacionales en materia de seguridad pública.
A estos recursos se deben agregar los del FORTASEG, que es un subsidio que se otorga a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando éstos ejercen la función de seguridad pública en lugar de los primeros o coordinados con ellos, para el Fortalecimiento de los temas de Seguridad.
La también secretaria de la Frontera Norte del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, advirtió que el alza en los indicadores de incidencia delictiva tiene encendidos los focos rojos, pues a pesar del fuerte flujo de recursos para atenderla, el problema se ha recrudecido.
De acuerdo con cifras oficiales, en el primer semestre del año la inseguridad en general ha registrado un incremento del 6% contra el mismo periodo del año pasado, al pasar de 48,533 delitos registrados de enero a junio del 2016 contra 51,316 en los primeros seis meses del año en curso.
Indicó en que no obstante que el Gobierno Federal no ha escatimado apoyos económicos para Baja California, la entidad aparece en el primer semestre del 2017 el primer lugar de los Estados de la Frontera Norte con más robos con violencia a empresas, con un registro de 3,259, muy por encima de los 761 de Nuevo León que aparece en segundo lugar o Tamaulipas con 576, Sonora con 318, Coahuila con 273 y Chihuahua con apenas 163.
Queda claro entonces, apuntó, que el tema de la inseguridad en Baja California no tiene nada que ver con la falta de recursos, que los hay, sino que son otras las circunstancias y que están más relacionadas con las capacidades y habilidades de quienes tienen a su cargo esa importante responsabilidad.
