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DIP. MARCO ANTONIO CORONA PROPONE QUITAR LA TENENCIA VEHICULAR EN B. C.

Sería en beneficio de las familias que adquieran un auto, y las personas físicas y morales dedicadas a una actividad empresarial
Se turnó a la Comisión de Hacienda para su análisis y dictamen
Mexicali, B. C.- El diputado Marco Antonio Corona Bolaños Cacho (PRI) presentó en la pasada sesión ordinaria, una iniciativa que tiene el objetivo de derogar el capítulo XX, del título II, denominado “Del impuesto estatal sobre tenencia o uso de vehículos”, así como diversos artículos de la Ley de Hacienda del Estado.

En el artículo 156-15 de la Ley de Hacienda, uno de los que pretende suprimir el legislador priista, se establece que es objeto del impuesto de la tenencia los siguientes vehículos que correspondan al año y a los últimos nueve años modelo anteriores al de aplicación de dicho ordenamiento legal:

a) Vehículos de personas físicas y morales, tenedoras o usuarias, que estén dedicadas a una actividad empresarial, como lo es la comercial, industrial y/o de servicios; y b) vehículos de personas físicas y morales tenedoras o usuarias, considerados caros o de lujo.

De igual forma, en este numeral se precisa que para efectos del citado impuesto, se considerarán vehículos caros o de lujo, aquellos cuyo valor determinado sea de quinientos mil pesos o más.

En su exposición de motivos, Bolaños Cacho mencionó que “la finalidad de la presente reforma es apoyar las actividades empresariales, así como la economía familiar, sin que ello implique una repercusión económica en las finanzas del Estado; pues además de que el impacto presupuestal sería menor, cualquier posible afectación o reducción de recursos puede solventarse dentro de un año, que es el plazo que se propone para que entren en vigor las presentes reformas”.

En ese sentido, indicó que el impacto presupuestal podría solventarse a través decisiones responsables en materia de finanzas públicas, como por ejemplo mediante medidas de austeridad, racionalidad, reingeniería y redistribución del gasto público en congruencia con los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.

Aseveró que, incluso, de eliminarse este impuesto se evitaría que bajacalifornianos que adquieran vehículos, los registren y emplaquen en Estados vecinos, lo cual incrementaría en la Entidad los ingresos por estos conceptos.

Por último, refirió que diversos estados como Sonora, Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, Morelos, Michoacán, Baja California Sur, Coahuila, San Luis Potosí y Yucatán, han eliminado el citado impuesto sin que ello haya significado un problema en las finanzas públicas, ya que se implementaron las medidas necesarias para evitar esta situación.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda para su análisis y dictamen, por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, diputado Raúl Castañeda Pomposo.

440 MIL BAJACALIFORNIANOS SIN ACCESO A VIVIENDA

Tijuana, B.C.- A fin de otorgar vivienda a las personas o familias que carezcan de esta, el diputado tijuanense Marco Antonio Corona Bolaños Cacho presentó una iniciativa para reformar el artículo 61 de la ley de Desarrollo Social.
 
Dicha enmienda contempla la modificación de la fracción Séptima, a fin de que el titular del Poder Ejecutivo del Estado se coordine con las autoridades federales competentes, para implementar las acciones necesarias con el objetivo de recuperar casas abandonadas y efectuar su otorgamiento a nuevos propietarios.
 
Corona indicó que, de acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, un 23.8% de las viviendas bajacalifornianas se encuentran abandonadas.
 
También detalló que Baja California es el sexto estado con mayor número de casas abandonadas, sumando 60 mil 441, únicamente rebasado por Nuevo León (66 mil 145), Puebla (71 mil 132), Michoacán (74 mil 219), Jalisco (87 mil 663) y el Estado de México (105 mil 699).
 
En cuanto a zonas metropolitanas, Corona informó que, de acuerdo con datos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), dados a conocer en noviembre de 2016, Tijuana está entre las cuatro con más casas abandonadas en el país.
 
“Esta realidad genera una problemática de salud y de seguridad pública, ya que los inmuebles abandonados se convierten en basureros o en focos de infección, favoreciendo la proliferación de enfermedades, así como en picaderos o en lugares para la comisión de delitos”, expuso el asambleísta tricolor.
 
Además, la recuperación y adjudicación de tales casas “ayudará a resolver otra problemática que se ha generado en nuestro estado, por la falta de acceso a la vivienda y a sus servicios”, situación que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Valuación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), ha ido en aumento, ya que en 2014 eran 415 mil personas las afectadas por dicha carencia, mientras que para 2015 se habían incrementado a 440 mil.
 
“Una solución a este problema es el impulso al programa federal Arrendavit, mediante el cual familias que no tienen posibilidades de acceder a un crédito hipotecario, pueden alquilar una vivienda por un costo mensual que oscila entre los 200 y 600 pesos, con la ventaja de que esa renta se abona a manera de mensualidades para adquirirla, incluso a un costo menor al que tiene en el mercado”, explicó el legislador priista.
 
La iniciativa fue turnada a la comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a fin de que sea dictaminada.

CONSEJO NACIONAL DEL PRI: CORONA RINDE PROTESTA

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Ciudad de México.- “Desde el Consejo Político Nacional del PRI, seré la voz que exprese los anhelos y necesidades de los tijuanenses, a fin de que se vean solventadas en la plataforma electoral que nuestro partido presentará a los ciudadanos en 2018”, indicó Marco Antonio Corona Bolaños, tras rendir protesta como miembro del citado órgano colegiado.

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Corona fue investido como uno de los 731 integrantes del CPN tricolor, quienes permanecerán hasta 2019 en su encargo, durante un acto celebrado en el auditorio Plutarco Elías Calles, el cual fue encabezado por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

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“El PRI sabe que es preciso tener una fuerte retroalimentación con los ciudadanos, escuchar sus demandas para resolverlas, conocer sus metas a fin de impulsarlas, con políticas públicas bien sustentadas”, refirió el también diputado local.

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Corona manifestó que es un privilegio integrar el CPN, en un momento donde el país se encuentra ante una bifurcación de caminos.

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“Es un honor formar parte de un Consejo Político Nacional que definirá el rumbo del priismo en una elección donde México determinará si persiste en el sendero hacia el desarrollo, o se pierde en el camino que lleva al retroceso de forma inexorable”, añadió.

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“Ante los retos y desafíos que se vislumbran, en general, para nuestro país, y en particular para Baja California, estamos llamados a cerrar filas, a persistir en nuestras convicciones”, precisó.

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Tras el acto, Corona tuvo charlas con el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Enrique Ochoa Reza, y la secretaria general del mismo, Carolina Monroy del Mazo.

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Junto a Corona, rindieron protesta, entre otros, los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal; de Salud, José Narro Robles; de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava; de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu Salinas; de Educación, Aurelio Nuño Mayer; de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza; del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, José Eduardo Calzada Rovirosa.

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TRANSFERENCIA Y EFICIENCIA EN EL USO DEL RECURSO PUBLICO; CORONA

\r\nMexicali, B. C.- El diputado Marco Antonio Corona Bolaños Cacho (PRI) presentó en la reciente sesión ordinaria, una iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley de Desarrollo Social del Estado, con el fin de que se prevea en ella la integración y organización de los datos de personas que reciben en la entidad cualquier clase de apoyo por programas o acciones de desarrollo social (en dinero y en especie), sean federales, estatales o municipales, lo que contribuirá, dijo, a la transparencia, eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.\r\nPara ello, el legislador priista propuso la creación de un Padrón Único de Beneficiarios, como una medida que permitirá unificar y sistematizar la información sobre los beneficiarios de programas sociales de todos los niveles de gobierno, y uniformar criterios para definir, implementar, supervisar y medir el resultado de las políticas de desarrollo social.\r\nEl presidente de la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos explicó que su iniciativa favorecerá también la transparencia en la aplicación de los recursos públicos etiquetados al desarrollo social, lo cual permita a la sociedad conocer con precisión su destino; y optimizar la distribución de los recursos destinados a ese rubro, al contar con un instrumento que ayude a realizar un cruce de beneficiarios con respecto a todos los programas sociales existentes en el Estado, esto es, identificar con mayor exactitud en dónde, a quiénes y qué tipo de apoyos se proporcionan en la materia.\r\nAdemás de evitar duplicidades en el otorgamiento de apoyos gubernamentales, lo que consecuentemente permitirá ampliar la población beneficiada; abatir la corrupción en el manejo de los recursos destinados al desarrollo social, y  favorecer la objetividad en la aplicación de este tipo de recursos públicos, y así evitar conductas como las prácticas clientelares.\r\nCorona Bolaños Cacho lamentó que “a pesar del ingente gasto social, así como de la diversidad de programas desarrollados por los tres órdenes de gobierno, no se han podido disminuir  los niveles de pobreza, por lo que la justa distribución del ingreso del país y la equidad social sigue siendo un gran reto nacional”.\r\nAgregó que “esta realidad exige nuevas formas de definir, implementar y monitorear el resultado de las políticas de desarrollo social, más aun, cuando hasta el momento, los esfuerzos en la materia se han realizado de manera aislada”.

PROPONE INICIATIVA PARA OBLIGAR A FUNCIONARIOS A RESPONDER EXHORTOS EMITIDOS POR EL CONGRESO

\r\nMexicali, B. C.- El diputado Marco Antonio Corona Bolaños Cacho (PRI) propuso una reforma al artículo 27 de la Constitución local, con el propósito de que cuando la autoridad exhortada no dé una respuesta dentro del plazo establecido, ésta deberá comparecer, según se determine, ante el Pleno del Congreso o ante alguna de sus comisiones, dependiendo de la materia sobre la cual verse el punto de acuerdo. Lo anterior, a fin de que las diversas autoridades respondan formalmente al exhorto realizado.\r\nPor otro lado, la modificación constitucional establece que en el supuesto de que el servidor público exhortado no comparezca dentro del plazo otorgado, se propone sancionarlo de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.\r\nCorona Bolaños Cacho expresó que una de las facultades del Poder Legislativo, consiste en emitir puntos de acuerdos económicos y exhortos dirigidos a diversos servidores públicos de los distintos órdenes de gobierno sobre algún tema de interés público y, que por lo mismo, refleja el consenso mayoritario del Congreso.\r\nAgregó que la finalidad de estos es que se atienda una problemática social, pero que desafortunadamente “es común que las autoridades exhortadas no atienden esta clase de acuerdos, incluso a pesar de que la mayoría de estas peticiones se suscitan en virtud de una situación calificada como de urgente y obvia resolución y, que por ende, requieren de una pronta solución”.\r\nEn ese sentido, indicó que su propuesta va en el sentido de impulsar “mecanismos que permitan propiciar y fortalecer la corresponsabilidad para incrementar las capacidades de respuesta institucional, pues a final de cuentas, el bienestar de los bajacalifornianos debe ser una meta común de las autoridades locales”.\r\nEl legislador Marco Antonio Corona puntualizó que los ciudadanos exigen y merecen resultados, y para ello es necesario fortalecer la corresponsabilidad en el quehacer público, así como redimensionar los alcances del principio de colaboración de poderes y de la coordinación institucional.\r\n“Bajo esta realidad, establezcamos medidas que propicien la construcción de un orden jurídico enfocado a satisfacer las expectativas sociales de una manera pronta y suficiente”, concluyó.

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