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Etiqueta: Dip. Amintha Briceño

QUE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES QUE REALICEN UN TRABAJO IGUAL TENGAN INGRESOS IGUALES

MEXICALI B.C.-A efecto de que se cumpla el principio de “a trabajo igual salario igual”, la diputada Amintha Guadalupe Briseño Cinco (PAN), presentó una iniciativa de reforma para que se promueva como parte de una política pública, que las mujeres y los hombres que realicen un trabajo igual tengan ingresos iguales y se termine la disparidad salarial.
Para ese fin la legisladora presentó una iniciativa de reforma a los artículos 16 y 40 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Baja California. Su propuesta se turnó a comisiones para su análisis y dictaminación.
Actualmente el Artículo 16 señala: La Política Estatal establecerá las acciones conducentes para fomentar la igualdad sustantiva en los ámbitos económico, político, social y cultural. La Política Estatal que desarrolle el Ejecutivo del Estado deberá observar los siguientes lineamientos…viene enseguida un listado a lo que se propone agregarle lo siguiente: Promover el principio de igualdad de la remuneración entre hombres y mujeres, cuando realicen trabajos de igual valor.
Por lo que hace al artículo 40 menciona que la Secretaría de Economía e Innovación y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado; así como los Municipios, el sector académico y social en sus diversos ámbitos de competencia, desarrollarán las siguientes acciones. viene otro listado al que se le agregaría: Impulsar el establecimiento del principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres cuando realicen trabajos de igual valor.
La legisladora menciona distintos estudios que indican los niveles incorporación cada vez mayores a las mujeres a las actividades productivas, pero a la par la persistencia de ingresos menores que los hombres.
Cita que el derecho a la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, recibe habitualmente la denominación de “igualdad salarial”, y es el principio diseñado para alcanzar la equidad salarial entre hombres y mujeres. La equidad salarial es una cuestión de justicia remunerativa.
Por otro lado, el incremento de la participación de las mujeres en la vida económica va de la mano con el aumento en la formación académica del sector femenino, las mujeres en los últimos años han aumentado su matrícula en las universidades de México.
Citó que, en México, en el año 2021 se aprobaron reformas para modificar 13 leyes que pretenden garantizar la igualdad salarial y eliminar la brecha de género en el trabajo.
En resumen, la iniciativa que se propone, pretende establecer en la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Baja California, que las políticas públicas en el estado impulsen y promuevan acciones conducentes para fomentar el principio de igualdad de la remuneración entre hombres y mujeres, cuando realicen trabajos de igual valor.

REFORMA PENAL PARA CLASIFICAR COMO ROBO CALIFICADO EL ROBO DE MEDICAMENTOS

Mexicali, B.C.- La diputada Amintha Guadalupe Briceño Cinco (PAN), presentó una iniciativa de adición al Artículo 208 del Código Penal del Estado para incluir entre los apartados del robo calificado que ya se castiga con penas de dos a siete años de prisión, cuando el robo recaiga sobre bienes, insumos, medicamentos, tratamientos, vacunas y equipo de protección personal de las instituciones de salud.

La legisladora menciona que es una constante el robo de medicamento según lo refiere la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), al informar a la población y profesionales de la salud, sobre el robo de lotes de dispositivos médicos denominado Quabic.
En Baja California, se ha documentado que se ha extraído fentanilo y morfina a través de la prescripción médica a mujeres embarazadas de clínicas de Baja California, las autoridades locales dieron parte a la Fiscalía General de la República (FGR) para que ubique a los responsables de esta red ilegal de distribución de estupefacientes.
El modus operandi de esta estructura delictiva consistía en emitir recetas a nombre de pacientes con nombres falsos o quienes no vivían en los domicilios referidos, los cuales se encontraban en barrancas o sitios de difícil acceso.
Desde el año 2018 el sector salud de Baja California ha sufrido “robo hormiga” de lotes de medicamentos controlados en Tijuana, Ensenada y Mexicali.
Al respecto, las autoridades presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado, por lo que existen tres carpetas de investigación judicializadas.
Sin embargo, las irregularidades siguieron, incluso en la administración de 2018 a 2021 se surtieron cerca de 700 recetas de medicamentos controlados de manera irregular.
Este ilícito relativo al robo de medicamentos e insumos médicos se lleva a cabo también en la iniciativa privada, tal es el hecho ocurrido el pasado 10 de enero de la presente anualidad, en la ciudad de Ensenada, hecho del cual dio cuenta la Fiscalía Regional de Ensenada, respecto de dos sujetos que habrían robado medicamentos del área de farmacia de un supermercado, por lo que este delito no es exclusivo del sector público.
Hizo mención a que, durante la pandemia el robo de medicamento en México se incrementó un 82.5 por ciento solo en el año 2020.
En tal sentido, el Senado de la República aprobó reformas a la Ley General de Salud, para castigar a quien sustraiga vacunas propiedad del Sistema Nacional de Salud.
El objetivo de la presente Iniciativa consiste en que tanto las vacunas como los medicamentos e insumos médicos incluidos los destinados a la protección del personal de salud, lleguen a su destino y se apliquen para el fin que fueron adquiridos.
Es decir que, dentro de la cadena de distribución, incluido su almacenamiento, hasta su uso o destino final, sirvan como un verdadero instrumento para garantizar la salud de los pacientes, que ha puesto en riesgo la vida de las y los ciudadanos, así también del personal médico, de enfermería, limpieza y seguridad de las instituciones de salud encargadas de la atención de las y los pacientes.

BUSCAN PROTECCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS EN SU PRIMERA INFANCIA

Mexicali, B.C.- La diputada Amintha Guadalupe Briseño Cinco (PAN), presentó iniciativa de reforma la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Baja California, para fijar en ley los derechos y protección de la primera infancia, desde el nacimiento a los seis años de edad.
Se plantean cambios a los artículos 5, 9, 20 y se propone adicionar el artículo 92 de la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de las Niñas. Niños y adolescentes para el Estado de Baja California.
La legisladora citó que en agosto del 2021, el Sistema Nacional de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, publicó la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, cuyo objeto consiste en garantizar a niñas y niños menores de 6 años, el ejercicio efectivo de sus derechos a la supervivencia, desarrollo integral y prosperidad, educación, protección, participación y vida libre de violencia, atendiendo las brechas de desigualdad existentes entre estratos sociales, regiones geográficas y géneros, así como a la diversidad inherente a cada persona.
Dicha estrategia se compone de cinco áreas identificadas de desarrollo en la primera infancia, para optimizar y reforzar los programas de desarrollo dirigidos a esta población, sirvieron de inspiración para la creación de los ámbitos e intervenciones de la Ruta Integral de Atenciones.  Los cuales son: Buena Salud, Nutrición Adecuada, Atención Receptiva, Protección y Seguridad y Oportunidades para el Aprendizaje Temprano.
En nuestro país, de entre todos los niños, los que tienen entre 0 y 5 años 11 meses tienen el menor nivel de desarrollo, concentran índices de pobreza más acentuados, y se les destina el menor gasto público. Diferentes encuestas realizadas reportan que aproximadamente el 63% de los niños y niñas entre 0 y 6 años viven en hogares con ingresos inferiores a la línea de bienestar.
Se ha concluido en diversos estudios que un momento fundamental para dar forma a la productividad comprende desde el nacimiento hasta los 5 años, cuando el cerebro se desarrolla rápidamente para construir las bases de las habilidades cognitivas y conductuales necesarias para alcanzar el éxito en la educación, la salud, la profesión y la vida.
Tras esas y otras consideraciones se propone la reforma que de aprobarse quedaría así: La primera infancia es la etapa de la niñez que comprende desde el nacimiento hasta que se cumplen 6 años de edad, periodo en el que se sientan las bases para el desarrollo ulterior en el que adquieren forma y complejidad sus habilidades, capacidades y potencialidades pues es la etapa en que se establecen el mayor número de conexiones cerebrales, habilidades básicas del lenguaje, motricidad, pensamiento simbólico e interacciones sociales y afectivas.
Es deber de la familia, la comunidad a la que pertenecen, del Estado y, en general, de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como garantizarles un nivel adecuado de vida, para su desarrollo integral, especialmente en el periodo de crianza de niños y niñas de 0 a 6 años de edad, se deberá brindar protección especial a las familias y a los niños de primera infancia.
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia, y crecer bajo la responsabilidad y el cuidado de sus padres, así como desarrollarse en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material. La falta de recursos no podrá considerarse motivo suficiente para separarlos de su familia de origen o de los familiares con los que convivan, ni causa para la pérdida de la patria potestad.

PERIODISMO UNA PROFESIÓN QUE DEBE SE PROTEGIDA Y GARANTIZADA

Mexicali, B.C. – En el marco del Día Nacional del Periodismo celebrado el pasado 4 de enero, la diputada Amintha Guadalupe Briceño Cinco, a nombre de la Fracción Parlamentaria del PAN destacó la importancia social de los profesionales de la información, alertó sobre los riesgos de su ejercicio y la necesidad de ampliar su protección.
En un posicionamiento la legisladora dijo que el periodismo es una actividad de gran trascendencia para la sociedad, juega un papel de suma importancia en la democracia, al ser el principal medio a través del cual la ciudadanía recibe información, opiniones e interpretaciones sobre el acontecer local, nacional e internacional, que le ayudan a ejercer su ciudadanía y participar en las decisiones del gobierno.
El periodismo, en tal sentido es fundamental para la consolidación de nuestra democracia y el respeto al estado de derecho consagrado en nuestra constitución, fundamental en todos los sentidos, sumamente necesaria para toda sociedad.
Sin embargo, el periodismo mexicano ha pagado muy caro los avances de la libertad de expresión. Por años ha sido considerado de alta peligrosidad para ejercer dicha profesión, y la lista de periodistas asesinados y encarcelados, perseguidos y presionados no ha cesado de incrementarse.
Citó que según balance anual publicado por Reporteros Sin Fronteras RSF, México se mantuvo en el 2022, por cuarto año consecutivo, como el país más peligroso para los profesionales de la información al sumar 11 periodistas asesinados, tres más que Ucrania donde hay guerra por la invasión rusa.
Baja California, abundó, por desgracia, no se queda atrás, estamos a unos días de llegar al lamentable primer aniversario luctuoso de Margarito Martínez el 17 de enero y de Lourdes Maldonado el 23 de enero, que sin duda en estos asesinatos hizo falta voluntad para atender las amenazas de las que eran objeto en el ejercicio de su profesión.
Reconoció que se ha avanzado con la publicación de la nueva Ley para la Protección al Ejercicio de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Baja California.
Por lo que, en el marco del día Nacional del Periodista en México, que se celebró apenas el pasado 04 de enero, pidió y exigió a nombre de Acción Nacional, un alto total a todo tipo de agresiones y atentados en contra de los periodistas que contribuyen con su trabajo al desarrollo de nuestro estado.

PROPONEN CREACIÓN DE CONSEJOS CONSULTIVOS ESTATAL Y MUNICIPALES DE NIÑOS Y ADOLESCENTES

Mexicali, B.C.- La diputada Amintha Guadalupe Briceño Cinco del Grupo Parlamentario del PAN, presentó iniciativa por la que propone la creación de los consejos consultivos estatal y municipales de niñas, niños y adolescentes como órganos colegiados con el propósito de contribuir de manera específica en la implementación monitoreo y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones que beneficien de manera directa sus derechos.
Se trata de agregar o adicionar un capítulo segundo a la Ley de Protección y Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Baja California. La propuesta se turnó a comisiones para su análisis y dictaminación.
Se explicó que los Consejos Consultivos de Niños, Niñas y Adolescentes, son instancias de participación donde se abordan temas relacionados con políticas públicas que tengan injerencia en la vida de los niños y adolescentes, promoviendo así la participación infantil y adolescente a través de estos espacios de opinión y consulta que cuentan con mecanismos democráticos de representación.
Se trata de órganos colegiados y plurales, integrados por varios sectores de la sociedad civil, elegidos de entre los sectores público privado, académico y social, tiene como propósito proponer, analizar y opinar en relación a las determinaciones de los sistemas ya sean nacionales, estatal y municipales, aportando su experiencia y amplio conocimiento en temas relacionados con derechos de las niñas, niños y adolescentes, y contribuir de manera específica en la implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas, programas y acciones que emanen del Sistema Nacional de Protección Integral.
Se propone que el Consejo Consultivo Estatal esté integrado por diez personas que se elegirán de entre los sectores público, privado, social y académico, nombradas por el Sistema Estatal de Protección Integral, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva, quien deberá considerar criterios de paridad de género, pluralidad y de representatividad, que permitan un equilibrio entre los sectores, así como una adecuada representación de las distintas regiones del Estado.
Quienes integren el Consejo Consultivo Estatal durarían en su cargo tres años y podrán reelegirse para un periodo igual. Manifestarán por escrito a la Secretaría Ejecutiva la aceptación del cargo, el cual ejercerán en forma honorífica, y no recibirán emolumento o contraprestación económica alguna por el mismo.
Deberán contar con tres años de experiencia en temas relacionados con niñas, niños y adolescentes.
En tanto en la integración de los consejos consultivos municipales, en su caso, deberá privilegiarse a personas de los sectores público, privado, social y académico, que cuenten con experiencia en temas relacionados con niñas, niños y adolescentes, mismos que deberán reunir los siguientes requisitos:
Ser ciudadano mexicano, mayor de 30 años, en pleno ejercicio de sus derechos, con residencia mínima de 5 años en el Estado; Contar con estudios mínimos de nivel Licenciatura en alguna de las siguientes áreas: Derecho, Psicología, Pedagogía, Sociología, Comunicación, Educación, Gestión Cultural, Administración, Derechos Humanos o, en su caso, áreas relacionadas directamente con la defensa de los derechos de la niñez o adolescencia.
El Consejo Consultivo Estatal y los municipales tendrán, en el ámbito de su competencia, las funciones siguientes: Emitir recomendaciones al Sistema Estatal de Protección Integral y los sistemas municipales, respectivamente, por conducto de la Secretaría Ejecutiva, respecto de las políticas públicas, programas, lineamientos, instrumentos, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes que implementa dicho Sistema.
Además, recomendar al Sistema Estatal de Protección Integral y a los sistemas municipales, respectivamente, por conducto de la Secretaría ejecutiva, la celebración de convenios y acuerdos para realizar actividades académicas con instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales relacionadas con los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Lo mismo que, recomendar a la Secretaría Ejecutiva la celebración de conferencias, seminarios, coloquios y, en general, cualquier evento de debate y difusión sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes y otras actividades de diversa naturaleza.