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TRASLADAN A 397 PRIVADOS DE LA LIBERTAD A EL HONGO

MEXICALI B.C.- Con el fin de seguir con la despresurización de los Centros Penitenciarios del Estado, se trasladó a 397 personas privadas de la libertad de Mexicali al Complejo Penitenciario El Hongo, del municipio de Tecate.

La comisionada del Sistema Estatal Penitenciario de Baja California, Ma. Elena Andrade Ramírez, dijo que este traslado no tiene precedentes en el Centro de Internamiento de la capital del Estado, pues “la población se reduce a dos mil 100 personas privadas de la libertad, lo que nos pone a un paso de lograr el semáforo verde, con solo el 15 por ciento de sobrepoblación”.

Enfatizó que, debido al trabajo intenso del gobierno actual en materia penitenciaria, los Centros Penitenciarios de Ensenada y El Hongo están operando en condiciones óptimas en cuanto a su capacidad poblacional y en ese camino transitan tanto el de Mexicali, como el de Tijuana.

Tras destacar que el Gobierno que encabeza Marina del Pilar Avila Olmeda es humanista, garantista y respetuoso de los derechos de las personas privadas de la libertad, la comisionada señaló que la reubicación está contemplada dentro de la estrategia que se tiene para lograr que todos los Centros Penitenciarios del estado estén en semáforo verde en cuanto a población.

“La sobrepoblación en los Centros Penitenciarios no es recomendable para la seguridad y gobernabilidad, además de que aumenta los riesgos de contagio de enfermedades y incentiva la mala convivencia, afectando la calidad de vida de las personas”, aseveró.

Andrade Ramírez afirmó que el objetivo es mejorar las condiciones de internamiento en los Centros Penitenciarios, cumpliendo con el pleno respeto de sus derechos humanos y de la Ley de Ejecución Penal.

Hizo hincapié en que se están atendiendo las recomendaciones que, al gobierno anterior, le hicieron la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

“Estamos trabajando fuertemente para  garantizar la reinserción social fortaleciendo los diferentes ejes, incluido el de la educación, donde, a través de la capacitacion para el trabajo,  generaremos empleos reactivando 12 naves industriales en el interior del centro penitenciario de El Hongo”, acotó.

Hizo un llamado a los familiares de quienes fueron trasladados, la mayoría con sentencias del fuero común y federal, por diversos delitos para que “estén seguros de que a través de la reubicación estamos actuando con el fin de mejorar la calidad de vida de todas las personas privadas de la libertad”.

En el operativo se hizo presente la coordinación interinstitucional entre las diferentes dependencias encargadas de la Seguridad, pues los vehículos   estuvieron fuertemente custodiados por elementos de la Policía Estatal de Seguridad y Custodia Penitenciaria; de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA); Guardia Nacional; de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana; la Fiscalía General del Estado y la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali

Finalmente, la titular de la CESISPE exhortó a las familias de las y los privados de la libertad que fueron trasladados para que se acerquen a las áreas de trabajo social del Centro Penitenciario de Mexicali y del Hongo, donde se les va a proporcionar la información correspondiente.

CONSULTAN A CEDH, CNDH, CIDH Y ONU PARA FORTALECER PROTECCIÓN A PERIODISTAS Y ACTIVISTAS

MEXICALI BC. – La administración estatal que encabeza la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, está consultando a organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, así como de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para fortalecer el mecanismo de protección de periodistas y activistas en Baja California, refirió hoy el Secretario General de Gobierno, Catalino Zavala Márquez. 

 

Este miércoles se llevó la segunda consulta presencial a la que fueron invitados periodistas y defensores de los derechos humanos, con la finalidad de hacer propuestas que están enriqueciendo los trabajos que comprende el marco jurídico de este mecanismo de protección. 

 

Por lo tanto, Zavala Márquez señaló que siguen fluyendo diversas propuestas y reflexiones en todos los municipios de Baja California, siendo este jueves 3 de febrero cuando la dinámica continuará en la ciudad de Ensenada, ya que será llevada a cabo la tercera consulta en esta materia.  

 

El secretario general de Gobierno, señaló que la Gobernadora Marina del Pilar ha acordado y decretado el establecimiento del mecanismo de protección que está vigente, además de que se ha enviado iniciativa al Congreso del Estado para generar mejores instrumentos, integrando la participación de todas y de todos los sujetos a dicho sistema.  

 

Por otro lado, reiteró que suscribirán convenios con los ayuntamientos, el Poder Judicial y el Congreso del Estado para lograr una coordinación interinstitucional efectiva que aumentará las posibilidades de éxito del Mecanismo de Protección.  

 

El objetivo fundamental, subrayó Zavala Márquez, es garantizar el derecho humano a la integridad y el bienestar de quienes se dedican al periodismo y a la defensa de los derechos humanos, con la mayor diligencia, transparencia y oportunidad. 

 

“Los acercamientos con las comisiones Estatal y Nacional de los Derechos Humanos, la ONU y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), son importantes porque estamos buscando tener todas las herramientas y fortalecer este mecanismo de protección en Baja California”, dijo.  

 

Asimismo, y luego de escuchar diversos planteamientos y propuestas específicas de periodistas presentes en esta segunda consulta presencial, el secretario general de Gobierno reiteró que las propuestas podrán seguir acreditándose por el teléfono de whatsapp 686-1528421 o bien al correo electrónicodhbc@baja.gob.mx. De la misma forma, se pueden acreditar propuestas por escrito en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno en los siete municipios del Estado. 

DESTACA CNDH A SISTEMA PENITENCIARIO DE BC COMO UNO DE LOS MEJORES EN EL PAÍS

Mexicali.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presentó hace unos días el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017, en el cual colocó al Sistema Estatal Penitenciario de Baja California entre los mejores cinco del país.

En el citado diagnóstico la CNDH evalúa a los centros penitenciarios con mayor población de México, incluyendo Centros Federales de Reinserción Social (CEFERESOS) y prisiones militares, cuyos aspectos a supervisar son:

Garantizar la integridad física y moral del interno
Estancia digna
Condiciones de gobernabilidad
Reinserción Social del interno
Atención a grupos con requerimientos específicos

Los Centros de Reinserción Social (Ceresos) visitados fueron el de Mexicali, Tijuana, El Hongo y El Hongo II, obteniendo una calificación positiva y colocándo al Sistema Penitenciario entre los mejores cinco del país.

Guanajuato y Querétaro son las entidades que ocupan los dos primeros lugares respectivamente cuya población penitenciaria en suma es de 5 mil 423 privados de la libertad, mientras que los Centros de Reinserción Social de Baja California albergan a poco más de 11 mil personas.

Es importante destacar que cada año desde 2011 el Sistema Penitenciario de Baja California ha ido aumentando su calificación positiva en la evaluación, esto se debe al reforzamiento de los programas de reinserción social, seguridad, infraestructura y tecnolgía de punta que han permitido mantener el orden en los penales, además han sido factores que lo han hecho acreedor a ser de las entidades con mayor gobernabilidad penitenciaria en México.

Este tipo de evaluaciones realizadas por organismos como la CNDH permite transparentar la labor realizada para fortalecer la seguridad a través de la readaptación social de personas que por diversas circunstancias cometieron un delito y buscan una segunda oportunidad al salir de reclusión.

EMITE CEDHBC RECOMENDACIÓN POR VIOLACIÓN AL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD EN CERESO Y HOSPITAL GENERAL DE TIJUANA

Tijuana.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) emitió la Recomendación 09/2017 a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), así como a la Secretaría de Salud y Dirección del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado (Isesalud).

Lo anterior por la violación al derecho a la protección de la salud en agravio de una mujer, derivada de un caso registrado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) y Hospital General, ambos en el municipio de Tijuana.

De acuerdo a los hechos, el 3 de febrero de 2015, V1 (mujer de 21 años) ingresó al Cereso Tijuana. Al realizársele el certificado de nuevo ingreso se reportó como impresión diagnóstica contundida y conjuntivitis en el ojo izquierdo. Siete días después, fue reubicada a las celdas habitadas por mujeres privadas de la libertad en estado o con posible embarazo.

El 27 de febrero le fue practicado un ultrasonido pélvico en el cual se encontró endometrio anecoico, descartando la presencia de hematómetra y sin evidencia de embarazo.

V1 señaló que el 17 de marzo presentó flujo con sangre, por lo que fue llevada al área médica del Cereso Tijuana, en donde el médico que la atendió le indicó que dicha situación era normal. Al día siguiente el sangrado aumentó, por lo que fue canalizada nuevamente al área médica con diagnóstico de infección en vías urinarias, por lo que se le indicó tomar medicamento (paracetamol y ampicilina).

Posteriormente, el 21 de marzo V1 presentó un fuerte dolor en cintura y espalda, además de sangrado. Señaló que al levantarse para ir al baño sintió “que le tronó” algo, momento en que se observó la cabeza de su bebé. Una de sus compañeras le indicó que no se moviera y esperase mientras llamaba a los elementos de seguridad del Cereso, mismos que, al verla, la llevaron al área médica en donde el médico le realizó una exploración física en la que encontró sangrado transvaginal abundante, así como cérvix borrado con dilación de 1-2 centímetros, determinando excarcelarla para remitirla al Hospital General con diagnóstico de embarazo de 24 semanas de gestación por fecha de última regla, precisando que este dato se obtuvo del dicho de la paciente, quien le refirió las probables fechas de amenorrea.

V1 agregó que al arribar al Hospital General “la pasaron de la camilla de la ambulancia a la del nosocomio, momento en el que expulsó al bebé y de manera inmediata le brindaron la atención médica”. A su ingreso, el médico que la atendió documentó que V1 cursaba con 26 semanas de gestación y que a la exploración física la encontró con dilatación de cérvix de 2 centímetros, borramiento de 30% y sangrado trasvaginal abundante, observando aborto incompleto.

Posteriormente el médico Gineco Obstetra ordenó que se le realizara a V1 un ultrasonido pélvico el cual evidenció que no se observaba producto, únicamente restos en el interior del útero, estableciendo que las semanas de gestación por fecha de última menstruación no correspondían con la exploración clínica, con diagnóstico de aborto incompleto, ordenando pase a cirugía para realizar legrado uterino instrumental y colocación de dispositivo intrauterino.

Por lo anterior se le realizó a V1 la intervención quirúrgica antes señalada, obteniendo restos histopatológicos. Después fue ingresada a la sala de recuperación y fue dada de alta el 22 de marzo de 2015 con diagnóstico de egreso puerperio postaborto, situación por la cual es egresada del Hospital General y trasladada al Cereso Tijuana.

Cabe señalar que la perita médica advirtió que ninguno de las y los médicos que tuvieron a cargo a la paciente tanto en el Cereso Tijuana como en el Hospital General, confirmaron que la paciente cursara con un embarazo, sin investigar el origen de la amenorrea de 5 meses aproximadamente y una vez que presentó el sangrado transvaginal, dieron por hecho que era secundario a la pérdida de la gestación sin que ésta estuviera confirmada, manejada en todo momento como gestante incluso en el periodo postquirúrgico al señalar que cursaba con el diagnóstico de “Puerperio post LUI”.

Al considerar V1 que la atención médica que se le brindó fue inadecuada, presentó escrito de Queja ante esta Comisión Estatal, quien determina dar inicio al expediente CEDHBC/TIJ/Q/242/15/2VG, solicitando la información correspondiente al Cereso Tijuana y Hospital General; asimismo, se recabaron las evidencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, cuya valoración lógico-jurídica es objeto de análisis en la Recomendación.

Es importante señalar que de las constancias del expediente integrado en el Cereso Tijuana a nombre de V1, no se observa que la atención médica se le haya brindado por un galeno especialista, lo cual resulta preocupante ya que es necesario que en los centros en los que se encuentren mujeres privadas de la libertad cuenten con el personal médico que atienda los problemas de salud específicos de las mujeres.

Cabe subrayar que la protección de la salud es una prerrogativa que tiene todo ser humano o disfrute de bienestar físico y mental, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, prolongación y mejoramiento de la calidad de vida humana, accediendo a los servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población.

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), en sus artículos 101.1 y 10.2, incisos a) y d) reconoce que el derecho a la salud consiste en el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social que tiene todo individuo sujeto a la jurisdicción del Estado.

Cabe subrayar que la CEDHBC, en sus Recomendaciones se ha pronunciado sobre la falta de cumplimiento de la NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico, por parte de personal médico adscrito a los Hospitales Generales pertenecientes al Secretaría de Salud del Estado de Baja California, entre las observaciones más recurrentes se encuentran las notas médicas incompletas, breves e ilegibles, la presencia de abreviaturas, el desorden o la falta de notas médicas dentro del expediente no obstante que esos documentos están orientados a dejar constancia de los antecedentes de los usuarios de los servicios médicos.

Es importante señalar que la Defensoría ha documentado estas omisiones de forma sistemática por parte del personal de salud de diversas instituciones públicas, pronunciándose al respecto en las Recomendaciones Nos. 2/2016, 5/2016 y 14/2016, lo que resulta preocupante, pues se observa un continuo incumplimiento a la NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico, la cual en su numeral 2 referente al campo de aplicación precisa que la norma es de observancia obligatoria para el personal del área de salud y los establecimientos prestadores de servicios de atención médica de los sectores públicos, sociales y privado, incluidos los consultorios.

En ese sentido, es preciso reconocer que la protección a la salud es un derecho humano indispensable para el ejercicio de otros derechos, que debe ser entendido como la posibilidad de las personas a disfrutar de una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para alcanzar su más alto nivel; sobre el particular, la Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce a la salud como un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos, permitiendo con ello vivir dignamente.

El derecho a la protección a la salud se encuentra regulado por el artículo 4, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 8.1 Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, 2 de la Ley General de Salud, 7 apartado A, 105 y 106 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, 3 de la Ley de Salud Pública para el Estado de Baja California, los cuales en términos generales reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

Por otro lado, es importante observar que la violencia contra las mujeres es cualquier acción u omisión, basada en el género, que cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como público, ello de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 5, fracción IV de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La Organización de las Naciones Unidas en coordinación con la Red Latinoamericana del Caribe y de Bioética, hace referencia a la violencia obstétrica, la cual la define como: “el tipo de violencia ejercida por el profesional de salud sobre el cuerpo y los procesos productivos de las mujeres. Esta clase de violencia se expresa mayoritariamente, aunque no con exclusividad, en el trato deshumanizado hacia la mujer embarazada, en la tendencia a patologizar los procesos reproductivos naturales y en múltiples manifestaciones que resultan amenazantes en el contexto de la atención de la salud sexual, embarazo, parto y post parto”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado que el “deber de los estados de garantizar el derecho a la integridad física, psíquica y moral de las mujeres en el acceso a servicios de salud materna en condiciones de igualdad, implica la priorización de recursos para atender las necesidades particulares de las mujeres en cuanto al embarazo, parto y periodo posterior al parto, particularmente en la implementación de intervenciones claves que constituyen a garantizar la salud materna, como la atención de emergencias obstétricas”.

Paralelamente en relación con el derecho a las mujeres a vivir una vida libre de violencia,  la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla en sus artículo 35, 46, fracciones II y X y 49, la responsabilidad del Estado para “la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres”; “brindar por medio de las instituciones del sector salud de manera integral e interdisciplinaria atención médica y psicológica con perspectiva de género a las víctimas”, así como “asegurar que en la prestación de los servicios del sector salud sean respetados los derechos humanos de las mujeres”.

En consecuencia, la CEDHBC se permite formular a los secretarios de Seguridad Pública, Licenciado Gerardo Manuel Sosa Olachea; y de Salud y Director General de Isesalud, Doctor Guillermo Trejo Dozal, los siguientes puntos recomendatorios:

PRIMERO. Tomen las medidas necesarias para reparar de manera integral el daño ocasionado a la víctima, con motivo de la responsabilidad en que incurrió el personal adscrito al Cereso y al Hospital General, ambos de Tijuana, involucrados en los hechos, derivada de la violación a los derechos humanos precisados en la Recomendación, incluyendo la compensación que corresponda, así como, la atención psicológica que se requiera hasta su total restablecimiento.

SEGUNDO. Diseñen e impartan capacitación y formación a todos los servidores públicos adscritos al Cereso y al Hospital General, ambos de Tijuana, sobre el conocimiento, manejo y observancia de las normas oficiales mexicanas actualizadas y guías señaladas en la presente Recomendación en especial de la NOM-007-SSA2-1993 “Atención de la Mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido” y NOM-004-SSA3-2012 “Del expediente clínico”, así como de la Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento del Sangrado Uterino Anormal de Origen No Anatómico y  la Guía de Referencia Rápida para el Diagnóstico y Tratamiento del Aborto Espontáneo y Manejo Inicial de Aborto Recurrente; Igualmente, los contenidos de los cursos deberán estar disponibles de forma electrónica y en línea, a fin de que puedan ser consultados con facilidad.

TERCERO. Diseñen e impartan un curso integral en materia de derechos humanos, que incluya el derecho a la protección de la salud, violencia obstétrica, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en la que se incluya a los grupos en condición de vulnerabilidad como lo son las personas privadas de la libertad.

CUARTO. Instruyan a los servidores públicos encargados de la protección a la salud adscritos a las Secretarías que representan para que adopten medidas efectivas de prevención que permitan garantizar que los expedientes clínicos que se generen con motivo de la atención médica que brindan se encuentren debidamente integrados, conforme a lo dispuesto en la legislación nacional e internacional, así como en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes.

QUINTO. Colaboren en el seguimiento de la Investigación Administrativa No. 1.

Además al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Baja California:

SEXTO. Emprenda todas las diligencias necesarias a fin de que en los Centros de Reinserción Social en los que hay mujeres privadas de la libertad se cuente con un médico Gineco Obstetra, a fin de que se les brinde la atención médica especializada en la salud para las mujeres.

De igual manera, se solicita a las autoridades señaladas envíen a la CEDHBC las constancias que acrediten el cumplimiento de estos puntos recomendatorios.

Cabe destacar que la Recomendación ya fue debidamente notificada a la autoridad señalada como responsable. En caso de no ser aceptada, la Comisión Estatal de acuerdo a sus atribuciones podrá solicitar al Congreso del Estado la comparecencia de la autoridad a efecto de que explique el motivo de su negativa.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos reitera su compromiso absoluto en la protección y defensa de los derechos humanos de todas y todos los bajacalifornianos.

CONSTATA CNDH TRATO DIGNO A POBLACIÓN INDÍGENA EN PENALES DE BC

Tijuana.- Personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) visitó los Centros de Reinserción Social (Ceresos) de Tijuana y Ensenada donde constataron el avance en los tratamientos de reinserción social de la población indígena privada de la libertad y además conocieron a fondo las labores en materia penitenciaria realizada en los penales.

El Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario, David Limón Grijalva, indicó que acudieron de la CNDH asignados  al programa  “Protección de los Derechos Humanos de Población Indígena en Reclusión”, Pedro Antonio Padilla Martíne, Víctor Antonio Ibarra Flores, José Ponce Cruz,  procedentes de la Ciudad de México.

Expresó que durante su visita atendieron al total de la población indígena privados de la libertad que comprende de 36 hombres y 2 mujeres quienes se encuentran por robo, homicidio, venta de droga, fraude entre otros delitos y además comprobaron que el trato y las actividades se realizan por igual que la demás población sin ninguna distinción ni trato indigno.

Limón Grijalva señaló que la población indígena que se encuentra privada de libertad participa en todas las actividades educativas, deportivas, culturales, áreas médica y terapias psicológicas dependiendo el proceso en el que se encuentra su proceso de reinserción.

El funcionario estatal señaló que los representantes de la CNDH además atestiguaron durante su visita la tecnología,  seguridad, infraestructura, y capacitación de personal aspectos clave para mantener el orden y discplina al interior de los penales.

Baja California durante los úlitmos años se ha mantenido como una de las mejores entidades en el pais y de las mejores evaluadas por la CNDH por garantizar la integridad física y moral del interno, estancia digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social del interno y atención a grupos de internos con requerimientos específicos o especiales.

REALIZAN CEDHBC Y CNDH CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE DERECHO AMBIENTAL

Baja California.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHBC) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llevaron a cabo el “Ciclo de Conferencias sobre Derecho Ambiental”, en los municipios de Tijuana, Ensenada y Mexicali.

Durante la jornada final de este ciclo, desarrollada en la Facultad de Derecho de la UABC, Campus Mexicali, la Ombudsperson de Baja California, Melba Adriana Olvera Rodríguez, subrayó que el objetivo de estas acciones es promover el derecho que tiene toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar y que es tarea de los gobiernos garantizar dicho derecho.

La Presidenta de la CEDHBC subrayó que un medio ambiente sano es un derecho constitucional que tenemos las y los mexicanos, un derecho que se convierte en una responsabilidad vinculante con esta y con las próximas generaciones de mexicanos. Es una responsabilidad que obliga, no solamente al Estado mexicano, sino a todos los actores de la vida social, económica y política, a hacer lo que tengamos que hacer para cuidar el medio ambiente.

Puntualizó que cada vez hay mayor consenso sobre las afectaciones a los derechos humanos como consecuencia del cambio climático. “Hoy sabemos que los impactos de las variaciones climáticas sobre el planeta inciden directa e indirectamente en el bienestar de las personas: en su salud, en el medio ambiente, en la alimentación y en la vivienda”.

“Nadie puede dudar el hecho de que la degradación ambiental y sus efectos son un problema de gravedad y de gran urgencia. Todas las personas se encuentran perjudicadas de igual manera por el desequilibrio ecológico de todos los ecosistemas”, señaló.

Olvera Rodríguez recalcó que las obligaciones para los Estados respecto al derecho al medio ambiente sano son al menos las siguientes cinco: garantizar a toda persona, sin discriminación alguna, un medio ambiente sano para vivir; garantizar a toda persona, sin discriminación alguna, servicios públicos básicos; promover la protección del medio ambiente; promover la preservación del medio ambiente; y promover el mejoramiento del medio ambiente.

Además, señaló que durante 2016 se presentaron un total de 8 Quejas en la CEDHBC por presuntas violaciones relacionadas con el derecho a la conservación del medio ambiente; 5 de ellas en Mexicali, y el resto en Tijuana, Tecate y Rosarito; en lo que respecta al 2017 se han presentado 3 Quejas, una en Mexicali y las otras en Tijuana y Ensenada.

La agenda de los derechos humanos y el ambiente,  está enfocada en garantizar que entendamos que el ambiente constituye un contexto inalienable donde todos vivimos, y que el ejercicio de la mayoría de nuestros derechos humanos depende de su preservación y protección, agregó.

En ese sentido, precisó que en México una forma de poder resguardar los derechos humanos respecto a este tema, es la aplicación de la legislación y normatividad ambiental que se basa en el principio del artículo 1ro Constitucional. El marco legal ambiental en México también ha ido regulando gradualmente, las actividades humanas que generan impactos en el entorno ambiental de manera sectorial; es decir, la gestión de residuos peligrosos, especiales y municipales, la contaminación atmosférica, la evaluación del impacto ambiental, el aprovechamiento de los recursos naturales, entre otros.

En cuanto al acceso de las personas al derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, el derecho mexicano reconoce que para el goce y disfrute de este derecho, es necesario contar con condiciones y un marco legal que reconozcan los servicios individuales y colectivos, y el valor tangible e intangible que el entorno ambiental provee a los seres humanos y que inciden en su calidad de vida, protegiendo tanto a las generaciones presentes como a las futuras. Esto nos confiere un reto.

“Desde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, entendemos que el reto que hoy enfrentamos, no ha sido originado desde un solo causante, por ello, que la letra y norma escrita se transforme en una realidad, es una tarea de corresponsabilidad social”, sostuvo la Ombudsperson.

Las conferencias fueron impartidas por el Doctor Jorge Ulises Carmona, Sexto Visitador General de la CNDH; la Maestra Thalía Viveros; y la Ombudsperson de Baja California, Melba Adriana Olvera Rodríguez.

Cabe subrayar que a esta actividad acudieron servidoras y servidores públicos, estudiantes, así como ciudadanas y ciudadanos de los municipios de Tijuana, Ensenada y Mexicali.

Cabe destacar que estuvieron presentes el Sexto Visitador General de la CNDH, Jorge Luis Carmona Tinoco; la Diputada Estatal Eva María Vásquez; el Director de la Facultad de Derecho de la UABC, Daniel Octavio Valdez y como ponente Thalía Viveros de la CNDH, entre otras autoridades y estudiantes.

JOVEN MURIÓ POR NEGLIGENCIA MÉDICA 5 HORAS DESPUÉS DE DAR A LUZ.

México.- Adelaida tenía 27 años, pertenecía a la etnia amuzga, y su vida terminó en un hospital de la Secretaría de Salud de Guerrero, entidad que ocupa el tercer lugar a nivel nacional en el índice de muertes maternas.\r\nEl embarazo de Adelaida había sido declarado como de “alto riesgo”, debido a que siete años antes, al tener a su primer hijo, la joven presentó preclamsia, razón por la cual su evolución fue seguida no por los médicos de la clínica pública de su comunidad, sino directamente por expertos del Hospital General de Ometepec, Guerrero, al que fue referida para recibir atención especializada.\r\n\r\n\r\nEl expediente médico de Adelaida deja ver que, durante el mes previo a su parto, la joven indígena acudió en cinco ocasiones al hospital de Ometepec para ser valorada, y luego –el día 29 de noviembre– acudió desde temprana hora ya con labores de parto, para dar a luz a una niña.\r\n\r\nEl expediente revela que luego de dar a luz, las enfermeras que asistieron la intervención reportaron que la placenta no había sido expulsada completamente, pero la joven no fue valorada por un médico sino hasta una hora después.\r\n\r\nLuego de la supuesta revisión, este médico inscribió en su reporte que no quedaba ningún residuo y que Adelaida evolucionaba normalmente.\r\n\r\nNo obstante, a las 3:00 de la madrugada del día siguiente, la señora Agustina León, mamá de Adelaida, quien esperaba en la sala de espera del hospital, fue convocada por las enfermeras, para que limpiara a su hija, ya que “estaba haciendo feo”.\r\n\r\nCuando la señora Agustina llegó junto a su hija, la encontró convulsionando y con una hemorragia entre las piernas.\r\n\r\nSegún su denuncia, las enfermeras se negaron a ayudarla porque “estaban enfadadas con la paciente, ya que (aseguraron que en el pasado) habían tratado partos de chamacas de 12 años, y que Adelaida ya estaba vieja para que hiciera eso”. Además se burlaron de que la joven indígena fuera madre soltera, usaron un celular para grabar las convulsiones que sufría, y luego se alejaron.\r\n\r\nLa mamá de Adelaida gritó pidiendo ayuda. Una vez que el especialista llegó a su lado, la mamá de Adelaida salió para avisar a sus familiares lo que ocurría.\r\n\r\nMinutos después, la señora Agustina volvió junto a su hija, pero ya había fallecido.\r\n\r\nEl encargado del hospital sólo le explicó que Adelaida murió “porque se le había subido el agua de la fuente a la cabeza”.\r\n\r\nEra una burla y una mentira: Adelaida había muerto, en realidad, por un “cuadro de placenta incretada”, es decir, residuos de la placenta quedaron dentro de su útero luego del parto y provocaron una hemorragia que, en pocas horas, le quitó la vida.\r\n\r\nViolencia obstétrica\r\n\r\nSegún los reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Guerrero se registraron 44 mil 414 nacimientos durante 2014. En el mismo periodo murieron 42 mujeres por situaciones relacionadas con el alumbramiento.\r\n\r\nEn Guerrero, nueve de cada 10 mil mujeres mueren al año durante el parto.\r\n\r\nLa tasa de muertes maternas por cada 10 mil partos en Guerrero es prácticamente del doble que el promedio nacional, que es de 5 fallecimientos.\r\n\r\nEn este rubro, Guerrero sólo es superado por Chiapas, con 11 muertes maternas por cada 10 mil partos, y por Tabasco, del que lo separan apenas unas de décimas en la estadística: la tasa de Tabasco es de 9.56 casos, y la de Guerrero es de 9.48.\r\n\r\nLa muerte de Adelaida es ejemplo de los distintos problemas de exclusión y falta de protección gubernamental que sufren las mujeres mexicanas.\r\n\r\nSegún la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las autoridades de Salud de Guerrero –en particular los servidores públicos que la atendieron en el Hospital de Ometepec– violaron distintos derechos de Adelaida, empezando por el derecho a la vida.\r\n\r\nAdemás, violaron su derecho a tener una vida sin violencia por su condición de género; y violaron también su derecho a recibir atención médica adecuada, y a recibir información de salud de forma oportuna y adecuada.\r\n\r\nPor otra parte, la CNDH concluyó también que las autoridades violaron varios derechos de la hija recién nacida de Adelaida, como su derecho a la protección de la salud, y a su integridad personal.\r\n\r\nLas anomalías detectadas en la atención que la Secretaría de Salud de Guerrero brindó a esta joven indígena abundan: cuando llegó al Hospital de Ometepec, con dolores de parto, en su expediente clínico se omitió inscribir distintos rubros básicos, como el ritmo de las contracciones uterinas, la altura del fondo uterino, o síntomas como la fiebre que presentaba.\r\n\r\nAdemás, a pesar de que durante todas las citas previas se subrayó en sus fichas médicas que el suyo era un embarazo de “alto riesgo”, esta condición no fue inscrita en el informe con el que arranca todo proceso de atención de partos, que es la “Hoja de Triage Ginecológico-Obstétrico”.\r\n\r\nTodos estos datos que fueron omitidos eran “de vital importancia para la adecuada vigilancia del parto, toda vez que la finalidad del Triage Obstétrico es identificar rápidamente la presencia de alguna complicación, catalogar su gravedad y establecer las acciones inmediatas a seguir”, tal como concluyó la CNDH, tras analizar el caso de Adelaida.\r\n\r\nLuego de llegar al Hospital, esta joven fue puesta en espera durante casi nueve horas, a pesar de que su estado de salud demandaba su inmediato traslado al área obstétrica, y no fue sino hasta las 19:50 que fue ingresada a Urgencias, y luego a la sala de partos.\r\n\r\nLa actitud agresiva que la señora Agustina detectó en en el personal médico inició, de hecho, una vez que inició el parto, tal como dejan ver las declaraciones de las enfermeras que lo asistieron.\r\n\r\n“La paciente no cooperaba con nosotras –señala una de las declaraciones recuperadas por la CNDH–, por más que le explicábamos la posición que ella debía tener, no nos hacía caso y al final, cuando el bebé ya iba a salir, ella apretaba las piernas, las caderas las cerraba y el bebé venía con circular en el cuello, y ella aún así no cooperaba con nosotras.”\r\n\r\nUna semana después del parto y de la muerte de Adelaida, su madre, la señora Agustina, detectó que la bebé no movía uno de sus brazos, por lo que la llevaron con un médico particular, quien diagnosticó que lo tenía dislocado.\r\n\r\nMédicos de la CNDH concluyeron que la bebé sufrió la lesión durante el proceso de parto, sin embargo, no pudieron concluir si fue resultado de una mala práctica, o consecuencia de que –según las declaraciones del personal médico– la bebé “se atoró al momento de la expulsión”, obligando a aplicar más fuerza para completar el parto.\r\n\r\n¿Justicia?\r\n\r\nLa CNDH no da a conocer el nombre del doctor que atendió el parto de Adelaida, pero lo describe como un “médico interno de pregrado”, es decir, “aún en formación”, quien “no fue supervisado por personal capacitado o por el Jefe de Servicio de la Unidad Hospitalaria” durante la atención a la joven indígena.\r\n\r\nLa supervisión de los médicos en formación no es algo que quede a criterio de los médicos titulares, sino que es una obligación establecida por las normas mexicanas. No obstante, esto no ocurrió.\r\n\r\nPor el contrario, el médico titular sólo acudió a valorar a Adelaida cuando ya presentaba una hemorragia “abundante vía transvaginal”. Aunque este mÉdico titular firmó el reporte de la revisión, luego admitió que sólo firmó el documento, el mismo practicante que la había atendido desde que llegó al hospital fue la que colocó un “tapón vaginal de gasas quirúrgicas”, sin retirar los residuos de placenta que estaban provocando esa hemorragia.\r\n\r\nA pesar del abundante sangrado, Adelaida no recibió transfusiones sanguíneas.\r\n\r\nLa Secretaría de Salud estatal inició por estos hechos una investigación administrativa, tras la cual concluyó que no hubo ninguna irregularidad por parte del personal médico que atendió a Adelaida y su hija recién nacida.\r\n\r\nPocos días después de la muerte de la joven, la Fiscalía del Estado inició una averiguación previa de índole penal. A casi dos años de los hechos, esta averiguación previa sigue en integración; es decir, ni siquiera han definido si existió algún delito que perseguir, relacionado con este fallecimiento.\r\n\r\nAyer, 26 de octubre de 2016, la CNDH presentó las conclusiones de su propia investigación, enumerando todas estas irregularidades, y anunciando que presentará una nueva “denuncia de hechos” ante la Fiscalía estatal.\r\nAdelaida nunca pudo conocer a su bebé.\r\n\r\nInformación de Animal Político

SIGUEN SIN HACER JUSTICIA AL NIÑO SEBASTIÁN

Tecate, B.C.- A casi 2 meses de que muriera el niño Sebastián Juárez de 1 año y 2 meses de edad, por una presunta negligencia médica de doctores del IMSS en Tecate, ninguna autoridad ha tomado cartas en el asunto y parece que todo se inclina a un caso más de impunidad o a que se aclare con toda propiedad.\r\n\r\nSe trata del caso 1639 del 2016 que lleva el Lic. Julio Cesar Noble de la Procuraduría General de la República, ya que inicialmente estaba en seguimiento en la ciudad de Tecate y hace semanas se cambió a Tijuana, argumentando a los padres que es por el Nuevo Sistema de Justicia Penal, sin embargo se encuentra totalmente estancado, ya que no han llamado a declarar a nadie y a los quejosos les indican que están preparando los oficios.\r\n\r\nEn la misma situación se encuentra la Comisión Estatal de Derechos Humanos que dirige Melba Adriana Olvera, en cuya instancia se levantó un acta, pero al parecer a quedado guardada en los archivos, pues cada que van a preguntar no les muestran avance alguno. Misma situación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos donde fue asignada la visitadora Rocío Karina Cano Albáñez, y el expediente es el CNDH/5/2016/4644/Q.\r\n\r\nMientras tanto a pesar de la penuria que han vivido los padres y demás familiares por la pérdida,  todavía se exponen al tortugismo, la impunidad y protección de funcionarios, cuando lo único que solicitan es que todo quede totalmente aclarado desde los procedimientos de atención, sobre todo para que la tragedia no vuelva a repetirse.\r\n\r\nCarta escrita por el padre del niño:\r\n\r\n#TodosSomosSebastian\r\n\r\nPedir justicia en México es como pedirle a un perro que maulle. Han pasado aproximadamente dos meses del día que se interpuso la demanda de Negligencia Médica que trajo como resultado la muerte de mi hijo Sebastián. Sabíamos que por parte del IMSS y de las Instituciones demandadas, no tendríamos respuestas favorables. Su primer hecho fue desmentir ante la prensa y negar todo.\r\n\r\nDijeron que se suspendería y se sometería a estándares de calidad a los demandados, y hasta la fecha siguen trabajando como si nada hubiera pasado, aunque algunos medios decían que estaban suspendidos. Por medio de chismes, provocados por la parte apoyante al médico se nos tacho de drogadictos, de haber pedido cinco millones de pesos, cuestiones que son mentiras. No nos importó la reacción del IMSS porque no esperábamos otra actuación, hasta ahorita nadie me ha hablado para decirnos algo, y aunque pedí ayuda para que se me citará con el delegado Beltrones, nadie hizo nada, y su respuesta en un video fue decir que está investigando.\r\n\r\nLos políticos tecatenses en elecciones prometieron su apoyo al caso, y pondrían presión a las autoridades y parece que desde el domingo de elecciones perdieron nuestros datos porque no volví a saber de ellos. La PGR pidió expedientes aquí en Tecate a la Clínica correspondiente y a partir de ahí se turno todo a Tijuana, cada vuelta allá es para escuchar lo mismo, se están preparando órdenes y peritos, pareciera que no les importa el caso.\r\n\r\nDerechos humanos pondría presión, y no lo ha hecho. A veces creemos que lo hacen para que desistamos y dejemos todo por la paz, al final de cuentas es el mismo sistema y la misma corrupción, nunca se me ha olvidado que PERRO NO COME PERRO, que tengo que hacer para que la muerte de mi hijo no quede impune, que tengo que hacer para que las autoridades nos hagan caso, que tiene que suceder para esto. Tengo que buscar ayuda en instituciones internacionales como lo han hecho otros casos muy sonados en México, me expongo hablando de esto, lo sé muy bien, y sé que mi primer enemigo es la sociedad, no tardarán los ajenos al caso a opinar y decir cuanto se les antoje sin ningún fundamento en nada. Lo que la sociedad diga y exprese no es la definición de verdad en nuestro caso.\r\n\r\nQueremos justicia y no descansaremos hasta encontrarla. Médicos, enfermeros, delegado, dicen que todo estuvo bien, que no fue Negligencia Médica, entonces porque no dejan de ser cobardes y dan la cara porque no se prestan a un juicio y que salga la verdad. Pido ayuda a las autoridades, así como han sido conmovidos por casos de infanticidio, el mío murió gracias a la falta de atención médica, un bebe de un año y dos meses, que no podía decir que le dolía, por favor no se dejen comprar y quemar por dinero ni por nada. Queremos justicia por Sebastián, por todos los afectados de negligencias médicas y otros niños víctimas de personas sin escrúpulos y llenas de odio.\r\n\r\nAntonio Juárez Escobedo

COLOCA CNDH A BAJA CALIFORNIA COMO TERCER MEJOR ENTIDAD EN MATERIA PENITENCIARIA

Mexicali, B.C.- De acuerdo al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015, presentado recientemente por La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Baja California fue colocada como tercer mejor lugar en el país, dentro de la evaluación a los Sistemas Estatales Penitenciarios.\r\nCabe mencionar que en el diagnóstico correspondiente al ejercicio 2014, Baja California ocupaba el quinto lugar a nivel general y segundo en gobernabilidad penitenciaria, rubro en el cual se mantuvo en los primeros lugares en 2015.\r\nEl diagnóstico de la CNDH evalúa a los centros penitenciarios con mayor población de México, incluyendo Centros Federales de Reinserción Social (CEFERESOS) y prisiones militares, cuyos aspectos a supervisar son:\r\n \r\n· Garantizar la integridad física y moral del interno\r\n· Estancia digna\r\n· Condiciones de gobernabilidad\r\n· Reinserción Social del interno\r\n· Atención a grupos de internos con requerimientos específicos o especiales\r\nGuanajuato y Aguascalientes son las entidades que ocupan los dos primeros lugares respectivamente, cuya población penitenciaria conjunta suma 5 mil 72 internos, mientras que los Centros de Reinserción Social de Baja California albergan a poco más de 16 mil personas.\r\nLa CNDH ha hecho público en los últimos años el diagnóstico Penitenciario donde Baja California ha presentado una importante mejoría en cuanto al resultado de dicho análisis, ocupado los siguientes lugares:\r\n \r\n2009: lugar 19\r\n2010: lugar 16\r\n2011: lugar 15\r\n2012: Lugar 14\r\n2013: lugar 8\r\n2014: lugar 5\r\n2015: lugar 3\r\n \r\n

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