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EMITE CEDH RECOMENDACION POR ABUSO SEXUAL A MENORES ESTUDIANTES EN TECATE

• Dirigidas a la Secretaría de Educación y a la Fiscalía General del Estado

Tecate, B.C. – La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) emitió las Recomendaciones 6 y 7/2021, dirigidas a la Secretaría de Educación, al Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos en Tecate y a la Fiscalía General del Estado (FGE), por casos de abuso sexual y violencia en agravio de 21 niñas, niños y adolescentes.
El ombudsperson, Miguel Mora, informó que la Recomendación 6 es referente a un caso de abuso sexual, en cuya investigación se acreditó como víctimas a Ismael y Sebastián, ambos de nueve años, y Brandon, de siete, en la escuela primaria Miguel Hidalgo del Valle de Mexicali.
A continuación se realiza una síntesis de los hechos que devinieron en la emisión de las Recomendaciones, utilizando nombres de víctimas que estuvieron involucradas en otros casos, con el propósito de honrar su memoria y, asimismo, proteger la identidad de las víctimas de estas Recomendaciones: Con base en la investigación realizada por el Organismo, a partir de la publicación de una nota periodística, estos hechos, registrados en agosto de 2016, son atribuibles a Carlos (profesor de primaria); asimismo, Marina, Reinaldo, Manuel y Julián (agentes del Ministerio Público y asesor jurídico, de la FGE) son responsables de violaciones a los derechos a no ser sujeto de victimización secundaria, a la seguridad jurídica y por no investigar con debida diligencia.
El presidente de la CEDHBC precisó, con relación a la Recomendación 7, que se trata de un caso de violaciones al derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal por violencia sexual, física y psicológica en agravio de cinco niñas, nueve niños y cuatro adolescentes, en hechos registrados en marzo de 2016 en el Plantel Educativo Número 1 de Tecate.
De acuerdo con la investigación, el 16 de marzo de 2016, la madre de Diana (niña acreditada como víctima) acudió ante la CEDHBC para interponer una Queja en contra de Ramón (docente del plantel mencionado), al referir que su hija, quien cursaba el quinto grado de primaria, era víctima de maltrato por parte de Ramón, al igual que otras niñas, niños y adolescentes del salón de clase.
En seguimiento a lo anterior, personal Organismo realizó diligencias, logrando establecer que el servidor público señalado agredió físicamente a Diana, propinándole un puntapié, ejerciendo además otras conductas indebidas en contra de alumnas y alumnos, siendo un total de 18 víctimas de insultos, humillaciones y violencia sexual durante el ciclo escolar 2015-2016. Asimismo, Ramón acostumbraba calificar a sus alumnos como “tontos, mensos, estúpidos y nacos”, además de imponer de manera arbitraria diversos castigos, obligándolos a permanecer de pie bajo el sol afuera del aula, dejarlos encerrados en el salón de clases con candado hasta por 30 minutos, los forzaba a bailar, a realizar el aseo y, en otras ocasiones y por diversión, les introdujo un bolígrafo en sus orejas o les pasaba un “pelo” por su cuerpo mientras les pedía que cerraran sus ojos; a las niñas les llegó a pegar goma de mascar en el cabello y a Aarón (otro estudiante acreditado como víctima) le marcó el rostro con un plumón de tinta negra indeleble frente a todo el grupo.
En este tenor, Ramón obligaba a sus alumnas y alumnos a jugar a las “escondidas o a la traes”, realizando tocamientos de índole sexual a varios de ellos en sus senos, glúteos, pene o vagina, concretamente a quince niñas, niños y adolescentes, actos que fueron del conocimiento de Roberta (directora del Plantel Educativo No. 1 e inspectora de la Zona Escolar XX de Educación Primaria) quien omitió ponderar el interés superior de la niñez, debido a su omisión de tomar acciones inmediatas e idóneas para esclarecer los señalamientos y para erradicar tales conductas.
El 3 de junio de 2016 los hechos fueron denunciados por personal de la CEDHBC ante la Agencia del Ministerio Público en la Unidad de Delitos contra la Libertad Sexual y la Familia, sin embargo, en el mes de julio de 2017, el actuar de la autoridad careció de investigaciones diligentes y efectivas, por lo que se observa que Valentina, titular de dicha unidad, no realizó diligencias rigurosas, inmediatas y eficientes para proteger el interés superior de la niñez.
La primera visitadora general del Organismo Público Autónomo, Brenda Rangel, agregó que la CEDHBC ha tenido como objetivo identificar asuntos prioritarios, como este, para emitir diligentemente una Recomendación, lo que constituye el documento más relevante que formula la CEDHBC y en el cual se acredita una violación a derechos humanos.
Con base en lo anterior, Miguel Mora subrayó que estas Recomendaciones se inscriben dentro de nuevos modelos, en donde no solamente se trata de instrumentos jurídicos que visibilizan una violación a los derechos humanos, sino que pasan a ser documentos que contienen una situación de vida de personas que fueron víctimas de acciones y omisiones de la autoridad, estableciendo como prioritaria la reparación del daño y la implementación de mecanismos de no repetición.
Finalmente, agregó que la CEDHBC busca, en estos pronunciamientos, la utilización de un lenguaje asequible para el entendimiento de todas las personas. Aunado a esto, se insta a las autoridades señaladas que, como parte de las medidas de no repetición, capaciten a su personal por medio de programas educativos diseñados por una institución educativa o asociación civil.
Los documentos completos de las Recomendaciones pueden ser consultados en los siguientes vínculos:
• Recomendación 6/2021: https://bit.ly/3ohFugX
• Recomendación 7/2021: https://bit.ly/39HNOyl

PARTICIPA CEDHBC EN COSULTA PARA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Tijuana.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) participó en el Foro de Consulta para la Elaboración del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2019-2014, en el que se abordaron diversos temas, entre ellos, la situación de las mujeres en contexto de migración.

El Secretario Ejecutivo de la CEDHBC, Miguel Ángel Mora Marrufo, informó que en este espacio el Organismo sostuvo un diálogo con la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylbermann; la Representante de ONU Mujeres en México, Belem Sanz Luque; la Directora de Inmujer BC, Mónica Bedoya Serna; así como con organizaciones de la sociedad civil.

“Este tipo de ejercicios contribuyen a identificar los desafíos que persisten para las mujeres, adolescentes y niñas en contexto de movilidad en nuestra región, pero sobre todo para proponer soluciones de política pública que acoten la múltiple vulnerabilidad y discriminación a la que se enfrentan”, subrayó.

En ese sentido, Mora Marrufo puntualizó que las mujeres que se encuentran en contexto de movilidad humana o desplazamiento interno forzado viven procesos individuales que motivan su migración y que su presencia en los flujos migratorios es de gran importancia por los cambios sustanciales en los niveles económicos, políticos, sociales y culturales que tienen lugar gracias a su participación, por lo que la migración femenina no debe ser relegada al papel de esposas y acompañantes de los hombres, ni identificarse sólo con procesos de reunificación familiar.

En esta actividad se abordaron los temas: Embarazo infantil y adolescente, Economía de cuidados, Participación política de las mujeres, Empoderamiento económico de las mujeres, Mujeres constructoras de paz y prevención de la violencia y Mujeres en contexto de migración.

Por otro lado, el Secretario Ejecutivo de la CEDHBC manifestó que se deben reconocer en todo momento las actividades de apoyo que realizan las organizaciones de la sociedad civil en materia de asistencia, asesoría y defensa de las personas en contexto de movilidad.

Cabe destacar que, por parte de la sociedad civil participaron: Albergue del Desierto, Asociaciones de Mediadores Bilingües y Mediadores de Lenguas Indígenas, Asociación de Mujeres Indígenas Artesanas, Barra de Abogadas María Sandoval de Zarco, Cavim, Centro de las Conductas, Fronteras Unidas Pro Salud, Gente Diversa, La Voz de las Mujeres Indígenas,

Mujeres en Defensa de la Mujer, Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos y Tijuana Innovadora.

Finalmente, Miguel Ángel Mora Marrufo reiteró la importancia de seguir trabajando de manera coordinada, comprometida y dando voz a la sociedad civil para que el respeto a los derechos humanos de las mujeres y las niñas sea una realidad en Baja California, para sea posible hablar de una sociedad más justa e igualitaria que respeta la dignidad de todas las personas.

ACUERDAN CEDHBC Y DIPUTADAS ELECTAS IMPULSAR LEGISLACIÓN CON PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS

Tijuana.- El Presidente Interino de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), Carlos Rafael Flores Domínguez, y las Diputadas Electas Carmen Hernández, Julia González, Miriam Cano, Monserrat Caballero y Rosina del Villar acordaron impulsar una legislación con perspectiva de derechos humanos en el Congreso del Estado.

Lo anterior, en el marco del Taller en Derechos Humanos que impartió la CEDHBC a las Legisladoras, y a sus equipos de trabajo, que entrarán en funciones en el Congreso del Estado el próximo primero de agosto.

Durante este diálogo, el Presidente Interino y las Diputadas Electas analizaron avances y pendientes legislativos en materia de derechos humanos en Baja California, en particular, abordaron temas en materia de derechos de las personas que viven en contexto de vulnerabilidad como lo son las niñas, niños y adolescentes, las personas de comunidades indígenas, las personas mayores, las personas en situación de calle, las personas en contexto de migración, las personas con discapacidad, la población LGBTTTI, entre otras.

Flores Domínguez destacó la importancia del trabajo legislativo con perspectiva de derechos humanos, con apego a lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a partir de la Reforma de junio de 2011, así como la necesidad de la armonización de las leyes con los más altos estándares internacionales en la materia.

El Presidente Interino de la CEDHBC impartió el tema “Grupos en Contexto de Vulnerabilidad”; por su parte, el Secretario Ejecutivo de la CEDHBC, Miguel Ángel Mora Marrufo, impartió el tema “Introducción a los Derechos Humanos y Facultades de los Organismos Públicos Autónomos” y la Coordinadora de Educación, Ana Celina Araiza, el tema “Igualdad, No Discriminación y el Lenguaje Incluyente”.

En ese sentido, el Ombudsman resaltó que la profesionalización, capacitación y sensibilización entorno a los derechos humanos son acciones fundamentales para el mejor desempeño de las y los servidores públicos.

En ese sentido, subrayó la importancia de fortalecer el análisis, la difusión, educación y capacitación en derechos humanos.

El Presidente Interino de la CEDHBC recordó que el artículo primero constitucional establece que “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

Finalmente, Carlos Rafael Flores Domínguez y las Diputadas Electas Rosina del Villar, Monserrat Caballero, Miriam Cano, Julia González y Carmen Hernández coincidieron en la importancia de mantener un canal de comunicación abierto y trabajar de manera cercana en el fortalecimiento de una cultura de respeto a los derechos humanos desde los trabajos de la XXIII Legislatura.

CEDHBC RECOMENDACIÓN POR NEGATIVA DE REGISTRO CIVIL

Emite CEDHBC Recomendación por negativa de Registro Civil de adecuación sexo-genérica del acta de nacimiento

Tijuana.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) emitió la Recomendación 5/2019 dirigida al Registro Civil del Estado, por la negativa de realizar el procedimiento relativo a la adecuación sexo-genérica del acta de nacimiento.

De acuerdo a los hechos, el 3 de septiembre de 2018, V1 compareció ante la CEDHBC a efecto de presentar Queja en la que señaló que el 3 de julio de 2018 presentó solicitud de reasignación sexo-genérica ante las oficinas de la Oficialía 01 del Registro Civil, ubicadas en el palacio municipal de Tijuana.

La respuesta por parte de la Oficial 01 del Registro Civil de Tijuana fue que el Registro Civil del Estado determinó que era improcedente la rectificación, haciéndole entrega de copia de la resolución dictada por AR1 (Subdirectora del Registro Civil del Estado) en la que determinó que no era de competencia de la Dirección el Registro Civil resolver a efecto de hacer constar la reasignación sexo-genérica, toda vez que la vía judicial es la necesaria para resolverla.

Por otra parte, el 4 de septiembre de 2018, V2 compareció ante la CEDHBC a efecto de presentar Queja en la que señaló que el 26 de marzo de 2018 presentó, ante las oficinas de la Oficialía 04 del Registro Civil de Tijuana, una solicitud para realizar cambio de nombre y de sexo en su acta de nacimiento, obteniendo como respuesta por parte de dicha autoridad que el Registro Civil del Estado determinó que era improcedente la rectificación, haciéndole entrega de copia de la resolución administrativa dictada por AR1, en la que determinó que no es competencia de la Dirección el Registro Civil resolver a efecto de hacer constar la reasignación sexo-genérica, toda vez que la vía judicial es la necesaria para resolverla.

Al momento de la emisión de la presente Recomendación, la CEDHBC no tiene conocimiento de la existencia de algún procedimiento en trámite o concluido, derivado de los hechos materia de la misma.

La CEDHBC reconoce que en los últimos años, a través de las acciones que como organismo protector ha llevado a cabo, así como del diálogo permanente con las autoridades gubernamentales, se han producido avances en cuanto a garantizar que las personas de todas las orientaciones sexuales e identidades de género puedan vivir con respeto y dignidad al que tienen derecho todas las personas. No obstante lo anterior, las violaciones a derechos humanos basadas en orientación sexual e identidad de género persisten, por lo que resulta necesario incrementar las acciones de promoción, supervisión y protección de los derechos de las personas generando además una comprensión sólida del régimen legal internacional en materia de derechos humanos aplicable a cuestiones de orientación sexual e identidad de género, clarificando las obligaciones constitucionales y convenciones del Estado.

En tal sentido, se debe puntualizar que la legislación internacional de derechos humanos impone una absoluta prohibición de la discriminación en lo concerniente al pleno disfrute de todos los derechos humanos, civiles, culturales, económicos, políticos y sociales; que resulta esencial para la realización de la igualdad de las personas, respetar sus derechos a la orientación sexual y a la identidad de género, debiendo adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar prejuicios y las prácticas sustentadas en ideas de inferioridad o superioridad entre las personas.

Del análisis lógico jurídico de las evidencias que integran los expedientes CEDHBC/TIJ/Q/947/18/5VG y CEDHBC/TIJ/Q/1086/18/5VG la CEDHBC estima que en el presente asunto se cuenta con elementos suficientes para acreditar que la autoridad señalada como responsable efectivamente vulneró los derechos humanos: 1) a la igualdad, 2) trato digno, 3) a no ser discriminado, 4) a la identidad, 5) al nombre 6) al libre desarrollo de la personalidad, y 7) a la seguridad jurídica, en agravio de V1 y V2, por parte de AR1, en atención a las siguientes consideraciones:

Respecto al deber del estado de garantizar los derechos humanos sin distinción alguna, cabe puntualizar que las obligaciones y deberes de los Estados en torno al respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las personas, sin distinción alguna, se encuentra consagrado no únicamente en el marco jurídico nacional, sino también dentro de los sistemas universal e interamericano de derechos humanos, particularmente en los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano.

De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades de todos los órdenes de gobierno tienen una serie de obligaciones que deben observar en todo momento con la finalidad de garantizar el pleno respeto y reconocimiento de los derechos humanos contenidos en la Carta Magna, así como en los tratados internacionales en la materia, de los que México sea parte. Por lo que en el ámbito de sus respectivas competencias deben llevar a cabo las acciones necesarias para cumplir con el mandato constitucional y brindar a las personas la protección más amplia, so pena de incurrir en responsabilidad administrativa.

Por otro lado, en lo que concierte al derecho a la igualdad, al trato digno y a la no discriminación, la dignidad es el fundamento de los derechos humanos que debe ser vista desde una concepción filosófica y jurídica, de la que se desprende el trato digno establecido como un derecho, mismo que debe ser respetado, cumplido y garantizado por el Estado mexicano, en principio porque se encuentra establecido en el orden jurídico nacional, particularmente en la Constitución Mexicana como un derecho y valor, pero también porque al encontrarse positivado, constituye uno de los fines del Estado. “Es la prerrogativa que tiene todo ser humano a que se le permita hacer efectivas las condiciones jurídicas, materiales, de trato, acorde con las expectativas, en un mínimo de bienestar, generalmente aceptadas por los miembros de la especia humana y reconocidos por el orden jurídico” Implica además de un derecho para la persona, la obligación que tiene todo servidor público de abstenerse de realizar conductas que vulneren esas condiciones, particularmente con tratos discriminatorios, denigrantes, o que coloquen a la persona en una situación en la que no pueda hacer efectivos sus derechos.

Asimismo, el derecho al trato digno “tiene una importante conexión con otros derechos, tales como el derecho a la seguridad jurídica, a la igualdad, a la salud, a la integridad, a la no discriminación, derechos económicos, sociales y culturales, además de que implica un derecho para el titular, que tiene como contrapartida la obligación de la totalidad de los servidores públicos, de omitir las conductas que vulneren las condiciones mínimas de bienestar, particularmente los tratos humillantes, vergonzosos o denigrantes, que coloquen a la persona en esta condición de no hacer efectivos sus derechos; implica también, la facultad de ejercicio obligatorio de los servidores públicos, de acuerdo con sus respectivas esferas de competencia, de llevar a cabo las conductas que creen las condiciones necesarias para que se verifique el mínimo de bienestar” .

El derecho al trato digno se encuentra reconocido en diversos instrumentos internacionales respecto de los cuales el Estado mexicano es parte en términos de lo que dispone la Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados y la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por su parte la Ley local para Prevenir y Erradicar la Discriminación dispone en su artículo 3 que el Estado de Baja California deberá promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas, eliminando aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas así como su efectiva participación en la vida política. Al mismo tiempo establece en su numeral 5 que “Queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico, nacional o regional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil, el trabajo desempeñado, las costumbres, la raza, las ideologías o creencias, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

La ley citada anteriormente en su numeral 6, establece que por discriminación se entiende toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico, nacional o regional, el género, la edad, la discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, o en general cualquier que tenga por efecto impedir, menoscabar o anular el reconocimiento o el ejercicio de derecho y libertades fundamentales de las personas y la igualdad real de oportunidades de los individuos.

En cuanto al derecho al nombre y a la identidad, se puede definir el nombre como el conjunto de símbolos que constituye un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona, sin el cual no puede ser reconocida por la sociedad, aunado a que el nombre está regido por el principio de autonomía de la voluntad, pues debe ser elegido libremente por la persona misma, por tanto, no puede existir ninguna restricción legal o legítima al derecho ni interferencia en la decisión, como en el asunto que ocupa a la presente Recomendación, en la que AR1, resolvió que V1 y V2 tendrían que acudir a una instancia jurisdiccional.

En tal sentido la SCJN al resolver el Amparo Directo 6/2008, ya ha dicho que tratándose de las personas trans que, por son condición, son objeto de rechazo y discriminación, se deben implementar los mecanismos necesarios para el reconocimiento, tutela y garantía de sus derechos fundamentales, para lo cual es de suma relevancia que puedan adecuar su sexo psicológico al legal, lo que únicamente se puede lograr a través de la rectificación registral del nombre, el sexo y el género. De lo contrario se estaría negando su derecho a la identidad personal y, de ahí, a su libre desarrollo como parte del derecho a la dignidad, a partir de los cual se asumen a sí mismos y frente a los demás.

Por su parte el artículo 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a un nombre propio, debiendo la legislación reglamentar la forma de asegurar este derecho para todas las personas.

En lo concerniente al derecho al libre desarrollo de la personalidad, se puede entender o materializar como la capacidad de decisión que tienen las personas de realizar acciones en su persona, siempre y cuando no afecte a terceros.

Lo anterior implica además el derecho de cada persona a que los atributos de la personalidad anotados en esos registros de nacimiento y otros documentos coincidan con las definiciones identitarias que tienen de ellas mismas y que al no existir dicha correspondencia entre unos y otros, exista necesariamente la posibilidad de modificarlas.

Respecto a la seguridad jurídica, se trata de la prerrogativa que tiene toda persona a vivir dentro de un Estado de Derecho, comprendiendo entre otros: el derecho a la legalidad, al debido proceso, a la libertad, a tener un sistema jurídico normativo coherente y permanente, dotado de certeza y estabilidad en el que se defina los límites del poder público frente a los titulares de los derechos subjetivos.

El fundamento legal del derecho a la seguridad jurídica se encuentra consagrado en los artículos 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1, 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8, 10, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y XVIII, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

En otro orden de ideas, AR1 en el presente asunto dejó de aplicar el principio pro persona, para lo cual es preciso destacar que el artículo 1º Constitucional en su párrafo segundo dispone que “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

El principio pro persona como criterio interpretativo, obliga a interpretar extensivamente las normas que contienen derechos fundamentales, situación que no aconteció por parte de la servidora pública a quien se acreditó responsabilidad y que como ha quedado plenamente evidenciado con las constancias que obran en el expediente no se llevó a cabo un ejercicio de ponderación de los derechos humanos de V1 y V2.

El referido principio supone que cuando existan distintas interpretaciones posibles de una norma jurídica, se deberá elegir aquella norma que más proteja al titular de un derecho humano. Y también significa que en casos concretos, cuando se puedan aplicar dos o más normas jurídicas vigentes, el intérprete debe elegir aquella que proteja de mejor manera a los titulares de un derecho humano, en lo que se conoce como preferencia interpretativa y preferencia de normas.

En consecuencia, la CEDHBC formula al Director del Registro Civil del Estado, Licenciado Javier Mayoral Murillo, los siguientes Puntos Recomendatorios:

PRIMERO. Repare de manera integral los daños ocasionados a V1 y V2, llevando a cabo el procedimiento administrativo relativo a la adecuación sexo-genérica en sus actas de nacimiento.

SEGUNDO. Lleve a cabo las acciones necesarias para que se brinde atención psicológica a V1 y V2, misma que deberá ser completamente gratuita y por el tiempo que resulte necesario hasta su total rehabilitación psíquica y emocional.

TERCERO. Realice las acciones necesarias para que se lleve a cabo el diseño e implementación de un programa de educación, formación y capacitación sobre derechos humanos, particularmente a la igualdad, legalidad, seguridad jurídica, libre desarrollo de la personalidad, trato digno, a la no discriminación, control de constitucionalidad y convencionalidad, interpretación conforme, principio pro persona, y el conocimiento de atención a grupos en condición de vulnerabilidad, dirigido a todas y todos los servidores públicos que conforman el Registro Civil de Baja California.

CUARTO. Emita una circular en la que se instruya a todo el personal a su cargo a que garanticen el respeto de los derechos humanos de toda persona, entre ellos el derecho a la igualdad, legalidad, seguridad jurídica, libre desarrollo de la personalidad, trato digno y a la no discriminación, con el fin de que respete en todo momento la dignidad humana y se abstengan de realizar cualquier acción discriminatoria.

QUINTO. Realice una campaña de concienciación social a través de los medios correspondientes a fin de promover el derecho a la igualdad, legalidad, seguridad jurídica, libre desarrollo de la personalidad, trato digno y a la no discriminación.

SEXTO. Difunda ampliamente la presente Recomendación con todas las servidoras públicas y servidores públicos adscritos al Registro Civil a su cargo.

De igual manera, se solicita a las autoridades señaladas envíen a la CEDHBC las constancias que acrediten el cumplimiento de estos puntos Recomendatorios.

Cabe destacar que la Recomendación ya fue debidamente notificada a las autoridades señaladas como responsables. En caso de no ser aceptada, la CEDHBC, de acuerdo a sus atribuciones, podrá solicitar al Congreso del Estado la comparecencia de la o las autoridades a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California reitera su compromiso absoluto en la protección y defensa de los derechos humanos de todas las personas en Baja California.

CEDHBC E ITAIP BC FIRMAN CONVENIO PARA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Tijuana.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (ITAP BC), firmaron un convenio de colaboración para promover la protección de datos personales y el derecho a la privacidad de las personas.

Lo anterior en el marco del Primer Encuentro Regional de Derechos Humanos en el Ámbito de la Protección de los Datos Personales y Privacidad de las Personas, organizado por los Organismos Públicos de Derechos Humanos de la Zona Norte de México en colaboración con el ITAIP BC, que se desarolló en su segundo día de actividades en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

En su calidad de Vicepresidenta de la Zona Norte de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), Melba Adriana Olvera Rodríguez, y el Comisionado Presidente del ITAIP BC, Octavio Sandoval López, informaron que algunas de las acciones del convenio estarán enfocadas en la promoción y educación en materia de derechos humanos, buscando promover una cultura de la legalidad y de respeto a la dignidad humana.

La Ombudsperson de Baja California manifestó que se impartirán cursos de capacitación, talleres, conferencias, entre otras actividades, tanto al personal de ambas instituciones como a la ciudadanía en general, en temas como derechos humanos, democracia, legalidad, transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y la protección de datos personales como un derecho humanos, entre otros.

“Los organismos defensores de los derechos humanos y de transparencia son el contrapeso para asegurar un tejido social sólido, así como el mecanismo para asegurar un estado de derecho y el desarrollo de una sociedad democrática”, subrayó Olvera Rodríguez.

Cabe destacar que atestiguaron el convenio y se encontraron como ponentes el Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuña, y el Presidente de la Comisión de Datos Personales del SNT, Javier Martínez Cruz, con las conferencias magistrales: “Los Órganos Autónomos del Estado Mexicano como Contrapeso de los Poderes Públicos Tradicionales” y “La Protección de Datos Personales en el Ámbito de las Universidades Públicas”.

La Presidenta de la CEDHBC informó que el objetivo del foro es evaluar el ejercicio adecuado de las facultades y competencias de los Órganos Constitucionales Autónomos de los Estados, en materia de trasparencia, y de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos en el ámbito de la protección de datos personales, a fin de garantizar el derecho a la privacidad de la personas.

Para finalizar, Melba Adriana Olvera Rodríguez recordó que el Derecho de Acceso a la Información Pública es el que tienen todas las personas de solicitar gratuitamente la información generada, administrada o en posesión de las autoridades públicas, quienes tienen la obligación de entregarla sin que la persona necesite acreditar interés alguno ni justificar su uso y que el Derecho a la Protección de Datos Personales es la facultad que otorga la Ley para que todas las personas, como dueñas de sus datos personales, decidan a quién proporcionar su información, cómo y para qué; este derecho permite acceder, rectificar, cancelar y oponer al tratamiento de la información personal.

“El Estado debe garantizar el derecho de las personas para acceder a la información pública, buscar, obtener y difundir libremente la información en cualquiera de sus modalidades. “El acceso a la información constituye una herramienta esencial para hacer realidad el principio de transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad de la democracia”, puntualizó.

Cabe mencionar que se encontraron presentes la Vicerrectora Campus Tijuana de la UABC, Edith Montiel Ayala; el Coordinador de la Región Norte del Sistema Nacional de Transparencia, Conrado Mendoza Márquez; el Director de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, Natanael Ramírez Angulo; José Carlos Álvarez Ortega, Presidente de la CEDH de Sinaloa; Pedro Gabriel Gonzáles Avilés, Presidente de la CEDH de Sonora; de la Comisión de Transparencia de Nuevo León, la Comisionada Teresa Treviño Fernández; de Sonora, el Comisionado Andrés Miranda Guerrero, entre otras autoridades.

“CUANDO UNA MUJER ES VIOLENTADA SE VIOLENTAN LA SOCIEDAD Y LA JUSTICIA”: CEDHBC

Mexicali.- La Presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), Melba Adriana Olvera Rodríguez, impartió el curso: “Atención e Investigación del Delito de Feminicidio”, organizado por el Poder Judicial del Estado.

Durante el curso, dirigido a personal del Poder Judicial y a la ciudadanía en general, la Ombudsperson de Baja California manifestó que el feminicidio es la forma más drástica de violencia que viven las mujeres, las niñas y las adolescentes, violencia que vulnera sus derechos fundamentales, entre ellos a una vida libre de violencia y a la vida.

La Presidenta de la CEDHBC subrayó que el feminicidio tiene sus orígenes en la discriminación, en los estereotipos, en los roles de género y en una relación desigual de poder entre hombres y mujeres que ha sido la constante en la sociedad mundial. “La discriminación es un elemento de nuestra cultura, la cultura no solamente es inherente a las instituciones, sino a todas las personas, por lo tanto es un tema de corresponsabilidad social”.

De igual manera, resaltó que cuando una mujer es violentada de cualquier forma se violentan la sociedad y la justicia, se violentan sus derechos humanos.

“Cada quien, desde el ámbito de sus facultades, competencias, lugares donde se desempeña, tiene la posibilidad de contribuir a que la violencia de género deje de perpetuarse”, refirió.

En ese sentido, la Presidenta de la CEDHBC invitó a las y los asistentes a asumir un papel activo de respeto a la igualdad, resaltando que la dignidad es intrínseca al ser humano y que defender la dignidad es la base de defender los derechos humanos.

La Ombudsperson informó que de acuerdo al artículo 129 del Código Penal de Baja California, “comete el delito de Feminicidio el que dolosamente prive de la vida a una o varias mujeres por razones de género”, y que “se considera que existen razones de género, cuando se de una o más de las siguientes circunstancias: Haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, noviazgo o amistad; Haya existido entre el activo y la víctima una relación laboral, docente, o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad; La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; IV. A la víctima se le hayan infringido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previa o posterior a la privación de la vida; Existan antecedentes de amenazas, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público; La víctima haya sido incomunicada”.

Además, manifestó que la procuración de justicia con perspectiva de género obliga a analizar las desigualdades que viven las mujeres y las niñas.

Cabe mencionar que el Secretario Ejecutivo de la CEDHBC, Miguel Mora Marrufo, participó también como ponente con el tema Las Órdenes de Protección y el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Magistrado Salvador Juan Ortíz Morales, manifestó que “no puede avanzar ninguna sociedad que quiera justicia si no tiene de la mano la conciencia de la importancia de los derechos humanos. El tema del feminicidio es un tema que nos debe de ocupar y preocupar a todos y todas”.

Para finalizar, Melba Adriana Olvera Rodríguez reiteró el llamado que hace la CEDHBC a las autoridades de gobierno, organismos de la sociedad civil, academia y a la población en general a participar de manera activa en la erradicación de la violencia que viven las mujeres y las niñas: “todas y todos tenemos responsabilidad de prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, situación que les impide gozar de sus derechos y libertades fundamentales”, puntualizó.

Cabe mencionar que durante el curso también se encontraron presentes la Diputada Estatal, Trinidad Vaca Chacón, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Religiosos; el Presidente del Comité de Igualdad y Género del Poder Judicial del Estado, Magistrado Alejandro Isaac Fragozo López; el Director del Instituto de la Judicatura del Poder Judicial, José Ricardo Padilla, entre otras autoridades.

REALIZA CEDHBC DIAGNÓSTICO ESTATAL DE SUPERVISIÓN PENITENCIARIA 2017-2018

Mexicali.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) emitió los resultados del Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria (DESP) 2017-2018.

El objetivo del DESP es informar sobre el estado que guardan los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en los Centros de Reinserción Social (Cereso) y en los Centros de Tratamiento para Adolescentes (CTA), informó, en rueda de prensa, la Ombudsperson de Baja California, Melba Adriana Olvera Rodríguez, quien estuvo acompañada de la Directora de la Unidad Jurídica de la Comisión Estatal, Viviana Pérez Colindres.

La Presidenta de la CEDHBC subrayó que la conclusión del Diagnóstico respecto a los Ceresos arrojó una calificación general de 7.59 (Mexicali: 7.67, El Hongo: 7.15, El Hongo II: 8.83, El Hongo lll: 6.53, Tijuana: 7.28, Ensenada: 8.10) en la escala de uno al diez. Respecto a los CTA, la calificación general fue de 9.05 (Mexicali: 9.54, Tijuana: 9.19, Ensenada: 8.44) en la escala de uno al diez.

En ese sentido, apuntó que si bien algunos Centros bajaron su calificación en relación con el DESP 2016/2017, también algunos de ellos mejoraron significativamente sus condiciones. Entre los que bajaron su calificación se encuentran los Ceresos Mexicali con una calificación anterior de 7.85 y una actual de 7.67, El Hongo con una calificación anterior de 7.87 y la actual de 7.15 y El Hongo II con una calificación anterior de 8.88 y la actual de 8.83.

Los Ceresos que mejoraron su calificación en relación con el DESP 2016/2017, son Tijuana con una calificación anterior de 6.65 y una actual de 7.28 y Ensenada con una calificación anterior de 7.72 y la actual de 8.10.

Respecto al porcentaje de sobrepoblación en los Ceresos, en el DESP 2015-2016 se señalaron con sobrepoblación a los Ceresos de Tijuana con 126. 81 %; Mexicali con 95.67 % y Ensenada con 40.85%. Si bien en el DESP actual del periodo 2017-2018 ha disminuido el porcentaje, todavía se encuentran los Ceresos de Tijuana y Mexicali con sobreproblación; Tijuana con 14% y Mexicali con 47%.

Por otro lado, cabe mencionar que la CEDHBC ha registrado, durante el periodo mencionado, 1,502 asuntos relativos a temas del Sistema Estatal Penitenciario, de los cuales, 520 corresponden a Gestiones, 28 a Orientaciones y 954 a Quejas por presuntas violaciones a derechos humanos. Los derechos humanos presuntamente vulnerados con mayor frecuencia son: derecho a la seguridad jurídica; derecho a la protección de la salud, derecho a la igualdad y derecho al trato digno.

Asimismo, la CEDHBC ha emitido una Recomendación dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y a la Secretaría de Salud y Dirección del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado (Isesalud) en el periodo mencionado que comprende junio de 2017 a mayo de 2018, por la violación al derecho a la protección de la salud en agravio de una mujer, derivada de un caso registrado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) y Hospital General, ambos en el municipio de Tijuana.

Olvera Rodríguez precisó que el DESP es un diagnóstico de derechos humanos de las personas privadas de su libertad que permite a las autoridades del Sistema Estatal Penitenciario generar acciones necesarias para avanzar en el proceso de reinserción, garantizando el respeto a los derechos humanos de las y los internos; asimismo, es una herramienta a través de la cual se pueden visualizar los avances, áreas de oportunidad y retos que presentan los Ceresos y CTA a fin de que las autoridades del Sistema Estatal Penitenciario puedan utilizarlo como un documento base para generar políticas públicas.

El Diagnóstico también es un insumo para la comunidad académica, investigadora, universidades, organizaciones de la sociedad civil así como para las y los bajacalifornianos.

El DESP comprende del periodo de junio de 2017 a mayo de 2018 y se realizó mediante entrevistas e inspecciones, además de las solicitudes de información a las autoridades penitenciarias.

En el DESP se realizó un análisis visibilizando la discriminación interseccional que sufren las personas privadas de la libertad (PPL) y las personas adolescentes privadas de la libertad (PAPL) que pertenecen a los diversos grupos que requieren atención prioritaria en los Centros; entendiéndose ésta, según lo señala Góngora Mera como la concurrencia simultánea de diversas causas de discriminación que pueden tener un efecto sinérgico, el cual ocurre cuando interactúan en el caso de una persona.

Se llevaron a cabo por parte de visitadores y visitadores adjuntos de la CEDHBC entrevistas con cada uno de los directivos de los Ceresos, subdirectivos de Seguridad y Custodia Penitenciaria y los directivos de los CTAS, aplicando para ello dos instrumentos de evaluación; se realizó la aplicación de 4 instrumentos que comprendieron 282 indicadores, 649 subindicadores y 41 temas, los cuales fueron aplicados para su evaluación al 30% de la población general de los Ceresos, incluyendo los grupos que requieren una atención prioritaria; los instrumentos de los CTAS comprendieron 120 indicadores, 228 sub indicadores y 39 temas; asimismo, se llevó a cabo un recorrido de supervisión y evaluación a todas las áreas que componen cada uno de los 9 Centros Penitenciarios, como áreas médicas, cocinas, comedores, estancias, centros de clasificación, ingresos, áreas en donde se ubican a las personas privadas de su libertad sancionadas, áreas de mujeres, jurídicas, técnicas, áreas en donde habitan cada uno de los 9 grupos que requieren atención prioritaria.

Los rubros considerados fueron: aspectos que garantizan la integridad física psicológica y moral de la persona privada de la libertad; aspectos que garantizan una estancia digna; condiciones de gobernabilidad; reinserción social de la persona privada de la libertad; y grupos de personas privadas de la libertad que requieren de atención prioritaria.

Es importante mencionar que la valoración de rubros se realizó con base a las disposiciones establecidas en el Derecho Internacional, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y leyes secundarias; asimismo, normas que contienen estándares y referencias sobre el internamiento, tratamiento y condiciones para que las personas privadas de la libertad reciban una estancia digna y segura a fin de que obtengan su reinserción social.

Cabe señalar que al momento de la aplicación del Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria la población total en los Centros de Reinserción Social era de 11 mil 335 personas privadas de su libertad, de las cuales 10 mil 823 son hombres y 511 son mujeres. En lo que se refiere a los Centros de Tratamiento para Adolescentes, actualmente se encuentran 73 personas, de las cuales 69 son hombres y 4 mujeres.

PARTICIPA CEDHBC EN FORO SOBRE PREVENCIÓN DE ADICCIONES

Tijuana. – La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHBC) coorganizó, junto con la Comisión de Salud del Poder Legislativo, el Foro sobre Prevención de Adicciones Derechos Humanos y Bienestar Social.

En el marco de esta actividad, la Ombudsperson de Baja California, Melba Adriana Olvera Rodríguez, presentó la ponencia “La prevención de adicciones desde la perspectiva de los derechos humanos”.

La Titular de la Defensoría expuso que las adicciones son un tema de salud pública. “Vivir con una adicción es tener una complicación de salud que implica cambios en la vida de la persona y de su familia. La problemática que está inherente al tema de las drogas, en el ámbito de la regulación, que debe de verse desde muchas aristas, tiene que verse con la mirada de los derechos humanos”.

En ese sentido, consideró importante tomar en cuenta los mandatos de la Constitución, cuyo primer artículo establece la obligación de todos los servidores públicos de promover, de respetar, de garantizar de los derechos humanos; así como vulneraciones y reparar el daño a las víctimas de violaciones a sus derechos humanos.

“Hay que entender el compromiso que tienen las instituciones y los servidores públicos; no se puede hablar de políticas públicas que queden al margen del cumplimiento de los derechos humanos”, afirmó.

La Ombudsperson precisó que en este tema hay una dimensión individual y una dimensión colectiva. Desde la perspectiva del consumidor, real o potencial, entran derechos vinculados a la libertad personal, a la no discriminación, a la capacidad que tiene cada persona de decidir sobre su destino y características que quiere dar a su vida, a su desarrollo personal, a su cuerpo. Por otro lado, desde la perspectiva del Estado, se encuentran las ineludibles obligaciones de proteger y salvaguardar los derechos humanos, en particular los derechos a la vida, a la protección de la salud, así como a la protección de grupos como niñas, niños y adolescentes.

Olvera Rodríguez señaló que hablar de drogas, desde la perspectiva de los derechos humanos, no es una cuestión sencilla. “Es una cuestión que incide y tiene relación con varios derechos, involucra distintos ámbitos o esferas de actuación del Estado y en razón de ello su tratamiento es complejo. Hay que estar preparados en infraestructura, sobre todo en atención médica. La CEDHBC ha observado, a partir de expedientes de queja, que el sector salud estatal es insuficiente, es muy limitado. Resulta complejo hablar del tema porque debe plantearse el reto de buscar la mejor armonización entre los derechos que se involucran cuando se aborda el tema de las drogas”.

 “Sin dejar de lado los usos y costumbres de los pueblos originarios en los cuales, algunas drogas representan un elemento indispensable en sus culturas, así como la existencia de deberes estatales como brindar y garantizar la seguridad de la población, prevenir conductas que afectan a la colectividad en su conjunto”.

Agregó que, con todos estos elementos, abordar el tema desde la perspectiva de los derechos humanos resulta complejo porque, si bien hay derechos que protegen de manera individual a cada persona para el libre desarrollo, por otro lado hay obligaciones específicas del Estado, derechos que podrían entrar en el ámbito colectivo que entran en juego.

La Presidenta de la CEDHBC refirió que actualmente hay un debate abierto, en la agenda de las y los funcionarios en el ámbito federal que genera debate en la sociedad acerca de lo oportuno o no de la legalización.

Ante tal panorama, la Ombudsperson consideró necesario ampliar la visión de pensar qué sigue después del abordaje de la legalización, así como que se escuchen las voces de expertos en el ámbito científico y de la sociedad civil de forma profunda y amplia, así como de personas que enfrentan retos en la salud derivados del consumo.

De igual manera, Olvera Rodríguez hizo hincapié en la importancia de dimensionar las adicciones como un problema de salud pública. “No es lo mismo hablar de drogas hace 15, 10 años, han evolucionado y en algunos casos se han vuelto más riesgosas; hay que distinguir entre los efectos de drogas por sí mismas y los efectos que se derivan de las políticas públicas que en materia de drogas se adopten. Son dos cosas, drogas con política, drogas sin política. Drogas sin instituciones con políticas públicas, sería muy riesgoso”.

Añadió que no sólo se deben de atacar las manifestaciones externas sino también las causas que generan adicción. “En este complejo tema hay que ponderar el derecho de protección a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la seguridad ciudadana, el de.recho de los niños y las niñas a vivir una vida libre de violencia. Los derechos humanos son derechos universales y las decisiones con perspectiva de derechos humanos implican respetar la dignidad humana. El reto es lograr una armonía entre las implicaciones y los derechos del individuo y la colectividad”.

“A las personas con adicciones no debemos verlas como personas que cometen delitos. La estigmatización hace muchísimo daño. El control de las adicciones debe verse más que bajo el esquema punitivo, como problema de salud pública y de seguridad social que reconoce diferencias entre drogas y riesgos al consumirlas. El foco de atención deben ser las personas”, concluyó Melba Adriana Olvera Rodríguez.

Se encontraron presentes el Diputado Miguel Osuna Millán, Presidente de la Comisión de Salud de la XXII Legislatura; Marco Antonio Sotomayor, Secretario de Seguridad Pública Municipal en Tijuana; Juan Manuel Hernández Niebla, Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado; Delia Ávila Suárez, Directora de DIF Tijuana; Gustavo Fernández de León, Autor y Promotor del Propósito de Vida en Jóvenes, entre otras autoridades.

PARTICIPA CEDHBC EN EL XXII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA FIO EN PANAMÁ

Panamá.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) participó en el XXII Congreso Internacional y Asamblea General de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) realizado en Panamá.

 En dicho foro, en el que participaron  las Defensorías nacionales de Iberoamérica, Andorra y Portugal; la CEDHBC formó parte de los trabajos de las redes de Mujeres, Migración y Trata, mismas a las que el Organismo Bajacaliforniano pertenece desde 2015.

 Asimismo, la Ombudsperson de Baja California, Melba Adriana Olvera Rodríguez, participó en la mesa “Perspectiva Integral de los Fenómenos Migratorios: Desafíos para una Migración Ordenada y Segura”, ante la cual compartió los resultados del “Diagnóstico sobre las Políticas Públicas y la Respuesta Institucional en el Norte de México para Personas en Contexto de Migración”.

 En dicha mesa, moderada por David Tezanos, Ombudsperson Nacional de Bolivia e integrada también por Ramiro Rivadeneira, Ombudsperson Nacional de Ecuador; Carlos Negret, Ombudsperson Nacional de Colombia y Carmen Comas-Mata, Directora de Asuntos Internacionales del Defensor del Pueblo de España; Olvera Rodríguez enfatizó en la importancia de visibilizar a las mujeres, niñas y adolescentes que migran, así como su particular condición de vulnerabilidad.

 De igual manera, la Presidenta de la CEDHBC puso sobre la mesa de la FIO hechos recientes como la contingencia migratoria vivida México derivada de la llegada a Baja California de más de 20 mil personas de origen haitiano y diversos países del continente africano, con la finalidad de cruzar a los Estados Unidos de América, de los que actualmente quedan en la Entidad alrededor de 3 mil 500 personas que pertenecen a dicho grupo.

 Cabe subrayar que en la Asamblea General de la FIO se eligió al nuevo Consejo Rector de la Federación, el cual será presidido por la Ombudsperson de Puerto Rico, Iris Miriam Ruiz; e integrado por Carmen Comas de España, quien asumió la Secretaría Técnica; Raúl Lamberto de Argentina, vicepresidente por miembros subnacionales; Alfredo Castillero de Panamá, vicepresidente por la región de Centroamérica; João Akira, vicepresidencia por la región de Sudamérica, y David Tezanos de Bolivia, vicepresidente por la región Andina.

 Por su parte, el Defensor del Pueblo de Panamá y anfitrión del evento, Alfredo Castillero Hoyos, manifestó que este año el Congreso y Asamblea de la FIO se enfocó en el “Pacto Mundial sobre Migración y Agenda 2030: El Rol de los Defensores del Pueblo” un proceso en el que los Estados miembros de las Naciones Unidas se comprometieron para aprobar un documento mundial para una migración segura, ordenada y regular.

 Respecto a los resultados presentados por la CEDHBC, Olvera Rodríguez informó que en 2016, la Red sobre Migración y Trata de Personas de la FIO realizó el encuentro Taller de Valoración de Impactos y Planificación de Resultados en Tijuana. En ese foro, mencionó que la Defensoría Bajacaliforniana insertó la necesidad de generar un diagnóstico para conocer qué políticas públicas y respuestas institucionales existen en el norte de México para dar atención a personas en contexto de migración y con ello identificar cuál es el papel que las Defensorías deben asumir en casos de movimientos migratorios especiales.

 Precisó que por la extensión territorial que alcanza la Región Norte de México, a este trabajo se sumaron las Comisiones de los ocho estados que comprenden la Región Norte de la República Mexicana: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, mismas que fungieron como insumo de la información que a través de un instrumento de recopilación concentró la CEDHBC para conocer de manera fehaciente sobre las infraestructuras que existen en el norte de México para garantizar los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad humana. Al mismo tiempo, se hicieron recomendaciones generales para impulsar que los mecanismos de protección analizados en los cuatro aspectos, se creen o fortalezcan en su caso.

 La Presidenta de la CEDHBC expresó que los retos institucionales son mayúsculos ante procesos y fenómenos migratorios que se agudizan, así como la innegable presencia de violaciones a derechos humanos de las personas en contexto de migración, quienes se enfrentan a situaciones de vulnerabilidad, especialmente las mujeres, las niñas y las adolescentes.

 Finalmente, Olvera Rodríguez mencionó que debe existir una presencia proactiva y propositiva de las defensorías de derechos humanos en todo lo largo y ancho de la frontera norte de nuestro país, oficinas que deben comprender y entender que juegan un papel proactivo al fenómeno en general, y que el impulso de la coordinación interinstitucional, así como con los demás organismos protectores es fundamental para estar en condiciones de brindar atención oportuna a las personas en contexto de migración y de esta manera ir avanzando hacia una migración ordenada y segura.

 Otras de las personas que participaron con ponencias en el Congreso son el Director Regional de la Organización Internacional para las Migraciones para Centro América, Norte América y el Caribe, Marcelo Pisani; el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl González Pérez; el Representante Regional para América Central, Cuba y México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, José Samaniego, entre otras.

ALZAN LA VOZ EN RUTA NARANJA POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS

Tijuana, B.C.- Más de 3,000 personas se sumaron a la Ruta Naranja para alzar la voz por la erradicación de la violencia contra las niñas y las mujeres.

 En el evento organizado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), en colaboración con los Institutos del Deporte (Imdet) y de la Mujer (Immujer), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Tijuana) y la Comisión de Equidad y Género del Cabildo se hizo un pronunciamiento enfático para la erradicación de la violencia contra las niñas y las mujeres, en el marco de la conmemoración mundial del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La Ombudsperson de Baja California, Melba Adriana Olvera Rodríguez, destacó que, para que el reconocimiento de los derechos de las mujeres y las niñas sea una realidad, es indispensable la participación de todas y todos.

En ese sentido, subrayó que en cada acción que realiza la Defensoría es prioritario hacer valer y que se respeten los derechos humanos y construir una sociedad incluyente, sin violencia entre las personas, en donde las mujeres y las niñas no sufran violencia en ninguna de sus modalidades, como violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica, violencia física, violencia patrimonial y violencia obstétrica.

“Todos podemos y debemos contribuir para erradicar la violencia, por ese motivo es muy oportuno que las actividades deportivas se sumen a esta temática y que propicien la reflexión, toda vez que el deporte debe procurar la salud integral, incluyendo vivir sin violencia, tanto física como emocional, además de que estas actividades nos ayudan a integrar a hombres y niños a esta causa, no sólo las mujeres”, apuntó.

Finalmente, Melba Adriana Olvera Rodríguez reiteró la invitación a la ciudadanía a denunciar, a no normalizar la violencia, así como sumarse a la Ruta Naranja, a través de las redes sociales, usando los hashtags: #NoALaViolencia, #OrangeTheWorld, #Únete, #DíaNaranja y #CEDHBC.

La CEDHBC instaló un módulo en el que se ofrecieron orientación y asesoría a la comunidad; de igual manera Inmujer y DIF Tijuana brindaron información acerca de temas de prevención de la violencia, así como qué hacer y a dónde acudir en caso de vivir violencia.

Cabe destacar que en el evento participaron: la Sra. María Dolores Rivera, Presidenta de Patronato DIF Tijuana;  el Director del Imdet, Adalberto Sánchez Velasco; la Regidora Presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Cabildo, Julieta Aguilera; la Directora del Instituto Municipal de la Mujer, Gabriela Navarro Peraza; la Directora de DIF Municipal, Delia Ávila; la Directora de Desarrollo Social Municipal, Gabriela Iturralde y el Delegado del Cerro Colorado, Marco Antonio Ríos.

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