Ciudad de México.- Una mujer fue detenida por militares en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, y retenida ilegalmente en instalaciones castrenses, donde soldados tocaron sus partes íntimas, la obligaron a practicarles sexo oral y la golpearon.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló que la “detención arbitraria” y “retención ilegal”, realizadas en agosto de 2012, son atribuibles a catorce elementos tanto del Ejército Nacional como de la Policía Federal, por ello, dirigió la Recomendación 09/2018 al Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda; al Comisionado Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia y al Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales en Suplencia del Procurador General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán para reparar el daño a la agraviada conforme a la Ley General de Víctimas.
“En su queja, radicada con el número de expediente CNDH/2/2014/159/Q, la víctima señaló que fue detenida en el domicilio de su entonces pareja sentimental y retenida ilegalmente en instalaciones militares, donde los servidores públicos aprehensores la golpearon, tomaron por los cabellos, la tocaron en sus partes íntimas y fue obligada a practicarles sexo oral”, informó la CNDH en un comunicado.
La Comisión recordó que la víctima además fue presentada a los medios de comunicación de aquel estado antes de ser puesta a disposición del Ministerio Público Federal, pues fue hasta 19 horas después del arresto que la mujer fue trasladada vía aérea a las instalaciones de la SIEDO (ahora SEIDO) de la PGR, mismo lugar en el que, indicó, fue nuevamente golpeada, recibió toques eléctricos “para que declarara” y fue obligada a firmar documentos sin dejar que los leyera antes.
La mujer estuvo incomunicada de su familia.
La CNDH acusó que los elementos militares y policiales que transgredieron los derechos humanos a la libertad, seguridad jurídica e integridad personal de la mujer no han sido identificados, pues ambos organismos no proporcionaron los nombres y sólo se limitaron a entregar un listado de claves numéricas para dar con ellos.
Por su parte, la PGR, denunció el organismo autónomo, no documentó las lesiones que presentó la agraviada.
El organismo defensor de derechos humanos exigió colaboración en el trámite y seguimiento de la queja y ordenó la impartición de cursos de capacitación en materia de derechos humanos con perspectiva de equidad de género al personal de la SEDENA, PGR y Policía Federal de San Luis Potosí.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México pide continuar con la investigación de los hechos violentos ocurridos en Nuevo Laredo la noche del pasado 24 al 25 de marzo en los que fallecieron ocho personas, como una familia que viajaba en una camioneta, y resultaron 14 más heridas, entre ellas integrantes de la Secretaría de Marina (Semar).
“Es de especial preocupación lo sucedido en la avenida Luis Donaldo Colosio donde fallecieron dos menores de edad y su madre y resultaron heridos otro menor y el padre, todos integrantes de una misma familia”, afirmó la ONU.
De acuerdo con el comunicado, las indagatorias de la Procuraduría General de la República (PGR) revelaron que los civiles fueron víctimas de disparos realizados desde una helicóptero de la Semar.
La ONU-DH remarcó que, de acuerdo con los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego” de las Naciones Unidas, los marinos pueden usar sus armas de fuego sólo cuando sea necesario y “en la medida necesaria para repeler la agresión sufrida”, además de que se “comunicará el hecho inmediatamente a sus superiores”. Por lo que según el representante de la organización en México Jan Jarab, el caso debe de investigarse de oficio de manera “completa, exhaustiva e independiente”, debido a que se ocasionó la muerte de varias personas.
“La información hecha pública por Semar que niega que se hubieran realizado disparos desde el aire y luego la que atribuye la causa de las muertes por disparos de efectivos de Semar a la presencia de grupos delincuenciales, irían en contra de estas obligaciones”, aseguró Jan Jara.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas señala que se debe incluir en la investigación quién “efectuó los disparos, quién ordenó disparar y quién, cuándo y cómo se realizó el informe de lo sucedido”.
La ONU agrega que esta no es la primera ocasión en la que conoce del uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades y que provoca la muerte de civiles ajenos a los hechos violentos.
“La gravedad de lo sucedido debe conducir a la superación del paradigma militar de la seguridad y de cualquier posible acción de encubrimiento”, añadió Jarab.
“La ONU-DH insta a la PGR a continuar con una investigación exhaustiva, a deslindar responsabilidades y a sancionar a quienes resulten responsables. Asimismo, llama a adoptar las medidas de protección necesarias para la familia y reforzar las medidas de protección ya otorgadas al personal del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo”, comunicaron.
