ATENTA JUEZ CONTRA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN BC

TIJUANA BC .- La juez de Control María de Jesús Acosta Sumarán, ordenó a periodistas de Baja California, no mencionar a personas o instituciones, como en el caso de la Banca Afirme, dentro de la causa penal en la que están involucrados algunos de sus funcionarios, con base a la acusación presentada por el gobierno de la entidad.

Eb franca violación a la libre expresión garantizada por la Constitución mexicana, el administrador judicial del Sistema de Justicia Penal Oral Mexicali, del Poder Judicial  del Estado, Marco Pérez Núñez, giró documentos a periodistas del Estado, en el que ordena “abstenerse de publicitar datos personales”.

Según el oficio número NSJP/UC/00709/2023 publicado por Armando Nieblas director de Radar BC en su cuenta de Twitter, se le requiere que cuando se realicen notas periodísticas “deberá abstenerse de publicar o publicitar datos personales de las partes que intervienen en la causa, así como de la persona moral denominada Banca Afirme Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple y Afirme Grupo Financiero.

Se le indica que de no cumplir con lo ordenado, se les impondrá una multa por el equivalente a 50 valores de la Unidad de Medida y actualización vigente a la fecha, y cita el artículo 104 fracción 2 del inciso B del Código Nacional de Procedimientos Penales.

De la misma forma, se le indica que los representantes de los medios, podrán estar presentes en las audiencias que se programen en dicha causa penal, pero que no se permitirá el ingreso de cámaras de videograbación, así como cualquier dispositivo electrónico que permita videograbar o tomar fotografías e imágenes.

Y finalmente, se le hace notar que esto ha sido ordenado por la juez de Control, Acosta Sumarán, mediante un auto del 1 de febrero de este año, derivado de una solicitud realizada por la defensa particular de los señalados.

Se tiene conocimiento que a otros periodistas de medios que han cubierto este proceso penal en la ciudad de Mexicali, de igual manera les llegaron estas advertencias.
El caso se refiere a la contratación que hizo el Gobierno de Jaime Bonilla con una empresa para la construcción de una planta fotovoltaica que nunca se realizó pero que si fue pagada con dinero del erario, que el actual gobierno reclama le sea restituido.

 

Nota: AFN