Mes: diciembre 2017

Entre 1995 y 2000, los años más duros de la dictadura de Alberto Fujimori, se estima que fueron esterilizadas contra su voluntad 331 mil 600 mujeres indígenas en Perú. Una de las primeras denuncias impunes de una mujer contra Alberto Fujimori fue la de su esposa, la entonces Primera Dama, Susana Higuchi.

Perú/Ciudad de México,- El hombre que convirtió a cientos de miles de campesinas pobres en víctimas de esterilizaciones forzadas está libre. Está fuera de la cárcel el jefe que accionó ese aberrante mecanismo de control demográfico diseñado décadas antes por el primer mundo para el tercero y para ser aplicado como política de Estado por gobiernos afines al FMI y al Banco Mundial, violentando los cuerpos de las mujeres. Está en la calle quien dio la orden de despojar a tantas de su derecho fundamental, tratándolas como si fueran cifras en una estadística, dejando atrás heridas abiertas, tierras baldías, territorios yermos. El que mandó a torturar a su esposa. El que dejó sin justicia a miles de víctimas de violación. El que hizo secuestrar y maltratar a sus propias agentes de inteligencia. El cabecilla de una banda que mandaba sobres bombas a mujeres periodistas y dejaba dinamita en la puerta de las casas de activistas feministas. El que desconoció el dolor de las madres que buscaban a sus hijos muertos.

Alberto Fujimori está libre. El actual Presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), acaba de soltarlo, en lo que ha sido a todas luces un canje político disfrazado de indulto humanitario. Días atrás, la revelación de los vínculos entre una empresa propiedad de PPK y la empresa constructora y corrupta Oderbrecht, durante la época en que el primero era ministro de economía, lo puso al filo de la vacancia presidencial por incapacidad moral, pero a última hora el Congreso, mayoritariamente fujimorista, decidió la votación a favor de la permanencia del Presidente. Lo que pocos sabían es que PPK se quedaba porque había negociado con ellos debajo de la mesa la libertad y el perdón del reo más famoso de Perú.

El indulto humanitario para el ex dictador viene con derecho de gracia, eso quiere decir que Fujimori – quien ayer publicaba un video en sus redes sin rastro de padecer una enfermedad terminal– ha sido exculpado también de los procesos que tiene abiertos y juicios pendientes, como el de las esterilizaciones forzadas, una de las violaciones de derechos más graves en la historia peruana cometida contra las mujeres, que continuaba en investigación fiscal y ahora podría quedar impune, salvo que prosperen los recursos de nulidad.

YERMA EN LOS ANDES

Entre 1995 y 2000, los años más duros de la dictadura de Alberto Fujimori, se estima que fueron esterilizadas contra su voluntad 331.600 mujeres indígenas en Perú. Esto es, que muchas veces mediante engaños, otras recurriendo directamente a la violencia, cientos de miles de mujeres no solo se vieron privadas de su derecho a concebir sino que han arrastrado durante años las secuelas psicológicas del abuso al que fueron sometidas e incluso el estigma que las persiguió en sus lugares de origen, casi siempre pueblos de los Andes, donde el dictador y sus cómplices se creían con más derecho a aplicar su “Programa Nacional de Planificación Familiar”.

¿Cómo se llevaba a cabo este programa? Según informes de Amnistía Internacional algunas de las prácticas iban desde imponer a los médicos un sistema de cuotas o “metas numéricas” para la práctica de estos procedimientos (además de “estímulos” si cumplían las metas), la amenaza de practicarles abortos a las mujeres embarazadas si no accedían a ligarse las trompas, campañas engañosas en las que se ofrecía la ligadura como cualquier otro método anticonceptivo no permanente, el secuestro, el chantaje a los maridos para que firmasen “autorizaciones” o el uso de la fuerza.

EL PRESIDENDTE QUE NOS ODIABA

Alberto Fujimori demostró, durante todo su Gobierno, su misoginia radical y una dinámica perversa en su relación con las mujeres. Fue el único Presidente del mundo que acudió a la Conferencia Mundial de Mujeres en Beijing en 1995, pero luego de ofrecerse como un defensor de la causa femenina, puso en marcha el programa de control de la natalidad en los Andes. “A Fujimori en realidad no le importaban las mujeres –cuenta hoy Rocío Silva Santisteban, ex directora de la Coordinadora de Derechos Humanos en el Perú– sino el dinero que el Banco Mundial había ofrecido a cambio de un decidido apoyo del Gobierno a la política de control poblacional.

Esa política se entroncaba con el famoso Plan Verde de los militares: controlar a la población indígena, rural y pobre para evitar la proliferación de “terroristas”. Las esterilizaciones forzadas son la punta de lanza de ese plan.” En ese proceso usó también a algunas ONG que trabajaban con colectivos de mujeres y que gestionaron el programa. Se hizo, explica Ana María Vidal, Secretaria Ejecutiva Adjunta de la Coordinadora, “en el marco de una política de salud pública, y utilizó como fachada un discurso de reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos para luego enviar a cientos de médicos por las regiones más pobres del país con la orden de esterilizar”.

Muchas feministas se opusieron duramente, como la abogada Gina Vargas, que acuñó la frase: “Lo que no es bueno para la democracia no es bueno para las mujeres”. Otra activista feminista histórica, Giulia Tamayo, publicó el informe “Nada Personal”, denunciando las ligaduras de trompas ilegales y al poco tiempo el grupo Colina –el comando paramilitar de Fujimori y Montesinos– le colocó una bomba en la puerta de su casa y tuvo que refugiarse en España.

Las agresiones sexuales también fueron banalizadas durante esos años, y aunque el Estado les entregó muchos años después del Gobierno de Fujimori un certificado de víctimas a las 5 mil mujeres violadas, también en su mayoría indígenas –lo que prueba el cariz doblemente discriminatorio de estas prácticas violentas–, que se atrevieron a denunciar (deben ser muchísimas más), solo hay una sentencia en el poder judicial en la que se sanciona al violador, el de una mujer identificada como “MMM”, las demás nunca fueron juzgadas.

Esto ocurre en el mismo país en que la ley de violencia de género sirve para poco, donde siete de cada diez mujeres ha sufrido agresiones, en el que el aborto sigue siendo ilegal, incluso en caso de violación y en donde el Arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani es capaz de declarar que “los abortos no se deben a que han abusado de las niñas sino a que la mujer se pone como en un escaparate provocando”.