PROPONE PRESIDENTE DEL CONGRESO ADICIÓN A LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE BC

Mexicali, B.C., jueves 13 de noviembre de 2014.- En Baja California el fortalecer la transparencia a través de mecanismos que promuevan el cumplimiento estricto de la Ley por parte de los Servidores Públicos, tiene como objetivo consolidar una cultura de ética y valores en la función pública.\r\n\r\nPor ello y con el ánimo de continuar buscando la transparencia en el manejo de recursos en el Poder Judicial de nuestra entidad, planteó el Presidente del Congreso en la sesión de este jueves, la necesidad de adicionar una fracción al Artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California.\r\n\r\nAl presentar su iniciativa ante el Pleno,  dijo que la intención es impedir que el personal de los juzgados de los diversos partidos judiciales en el Estado, manejen dinero en efectivo, en el marco de su tarea como impartidores o auxiliares de la justicia, ya que para ello se encuentran las unidades administrativas, únicas autorizadas para recibir o manejar dinero en efectivo o mediante las diversas formas de depósito.\r\n\r\nLuego expuso:  “El que personal de un juzgado reciba dinero en efectivo de las partes o de los abogados que intervienen en un juicio, no necesariamente quiere decir que ellos van a obtener algún beneficio económico, sino que esa práctica, que no es común, en muchas de las ocasiones es para agilizar un trámite o lo que es más seguro, por el desconocimiento que tiene alguna de las partes de la ubicación de la Unidad Administrativa, sin embargo con esta precisión, se evitará cualquier mala interpretación y se avanza en la Transparencia que se desea que impere en todos los ámbitos de la impartición de justicia”.\r\n\r\n Puntualizó que la transparencia implica el derecho de los ciudadanos a recibir una explicación y el deber de la autoridad de justificar el ejercicio del poder, pues exigir cuentas no sólo se hace por el hecho de saber o enterarse, y eventualmente cuestionar, sobre las formas o modos de ejercicio del poder público, sino también porque se puede tener algún interés en que se corrijan prácticas ilegales o ineficientes en el quehacer de la autoridad.