VAN CONGRESO CONTRA EXPENDEDORES DE AGUA DE GARRAFÓN

Mexicali, B. C.- La diputada Virginia Noriega presentó ante el Pleno del Congreso del Estado, un punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaria de Salud de Baja California a efecto de que intensifique las revisiones a los expendedores de agua potable, y así evitar la proliferación de plantas y distribuidores clandestinos, lo cual contribuya a prevenir el grave problema de enfermedades en la población bajacaliforniana debido al consumo de agua contaminada.\r\nLa legisladora explicó que actualmente está proliferando que personas acuden a la Planta Desaladora de Agua del Gobierno del Estado, ubicada sobre el boulevard Venustiano Carranza a la entrada del fraccionamiento Monte Carlo, de Mexicali, en donde compran agua que llevarán al patio de sus casas para proceder a llenar los garrafones, los cuales ofrecerán más tarde en las colonias y fraccionamientos de la ciudad. “Esto es sin ningún registro y control ante ninguna clase de autoridad, ya sea de salud, fiscal o administrativa”.\r\nSentenció que lo más serio de este problema no es que evadan impuestos al fisco, sino que colocan en peligro la salud de las personas que consumen el agua que distribuyen, principalmente los niños cuyas vidas pueden estar en peligro, ya que generalmente es agua contaminada con materia fecal por el manejo antihigiénico que hacen de la misma en los patios de sus casas u otros lugares no apropiados. Insistió que lo anterior puede causar enfermedades tales como amibiasis y salmonelosis, o propagar toxinas que causan el botulismo, así como el cólera, tifus y la hepatitis transmitidas cuando el agua está contaminada.\r\nAsí mismo, Virginia Noriega dijo que, en contraposición a lo anterior, los comerciantes establecidos que se dedican a producir y vender agua potable para consumo humano, realizan una costosa inversión en aparatos y equipo para producirla. “Incluso de mayor calidad que el agua potable que expende la Planta Desaladora del Gobierno del Estado”, aseveró.\r\nAdemás de que sus establecimientos están sujetos a inspecciones constantes de la Secretaria de Salud y pruebas de laboratorio clínico, pagan salarios y prestaciones a sus trabajadores, lo cual se convierte en una competencia desleal si se le compara con lo realizado por los vendedores clandestinos de agua potable.