Mexicali, B. C.- La Comisión de Justicia (CJ) del Poder Legislativo local, que preside el diputado Juan Manuel Molina García, aprobó por unanimidad una iniciativa que reforma el artículo 306 del Código Penal del Estado, con el propósito de crear el tipo penal para castigar a los servidores públicos que pretendan limitar la libertad de expresión de los ciudadanos, mediante la intimidación.\r\nLa inicialista es la legisladora Miriam Ayón Castro, quien argumentó que su propuesta buscar proteger las garantías constitucionales, respetar plenamente la dignidad de la persona y los derechos humanos, a fin de preservar la libertad de los particulares para emitir sus opiniones e ideas.\r\nPara ello propuso establecer que comete el delito de intimidación, “el servidor público que por sí o por interpósita persona, utilizando la violencia física o moral, infunda o provoque miedo a cualquier persona para evitar que ésta manifieste opiniones o deje de hacerlo, relativas a la actuación de cualquier servidor público, respecto del desempeño de su función, empleo, cargo o comisión”.\r\nAsimismo, la CJ avaló también por cuatro votos cuatro a favor y cero en contra una reforma sugerida por el diputado David Ruvalcaba Flores al Código de Procedimientos Civiles del Estado, la cual delimita el tiempo de respuesta de las autoridades administrativas a las que se les gire oficio de localización o búsqueda de uno o varios demandados.\r\nEn ese sentido, Ruvalcaba Flores incorpora dos elementos de procedibilidad; el primero de ellos, que antes de la publicación por edictos, el juzgador se auxilie de las corporaciones policiacas de Seguridad Pública, estatal y municipal, a efecto de agotar por todos los medios posibles la localización del pasivo procesal. El segundo, que en juicio de orden familiar, además de lo anterior, se giren oficios de localización a diversas instituciones públicas o privadas.\r\nPor otro lado, este órgano de trabajo legislativo también dio el sí a una reforma de los artículos 285 y 369 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, con el objetivo de que se reconozcan como medios de pruebas, elementos fonográficos, electrónicos, medios de reproducción y sistemas computacionales. Fue presentada por el diputado José Alberto Martínez Carrillo.\r\nPor último, la CJ aprobó por unanimidad una adición del artículo 293 bis al Código Penal de Baja California, propuesta por el diputado David Ruvalcaba, relativa a los delitos cometidos por los servidores públicos, en su modalidad de abuso de autoridad.\r\nLa reforma dispone que se le imponga de cuatro a doce años de prisión, al servidor público que en el ejercicio de sus funciones, ejecute, produzca o coadyuve en la implantación, alteración o en ambos casos, en el manejo de la evidencia, de forma dolosa, que tenga como objetivo producir una afectación directa a una o varias personas, ya sea en su integridad física, emocional, jurídica o en su esfera patrimonial.\r\nDurante la sesión de la Comisión de Justicia, estuvieron presentes los asambleístas Juan Manuel Molina García, presidente; Gustavo Sánchez Vásquez, quien fungió como secretario, y los vocales Olimpo Hernández Bojórquez y Nereida Fuentes González.