LA INCLUSIÓN DE UN POLICÍA DENTRO DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE PENSIONES DE MEXICALI ABRE EL CAMINO PARA EL RESTO DE LOS MUNICIPIOS

Ensenada, B.C.- La diputada Claudia Agatón reconoció el acto de incluir a un policía en representación de los miembros de la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali, dentro del Comité Técnico del Plan de Fondo de Pensiones por Jubilación, Fallecimiento e Invalidez, propuesta presentada por la Alcaldesa de ese municipio y publicada en el Periódico Oficial el 14 de agosto del año en curso.

‘’Este es un logro contundente para seguir impulsando desde adentro de los Ayuntamientos la jubilación por 25 años de servicio de los miembros de las instituciones policiales del Estado de Baja California, con el 100% del último sueldo devengado’’, subrayó.

Así como también –dijo- las prestaciones sociales a que legalmente tienen derecho los policías, exigencias plasmadas en nuestra iniciativa presentada el pasado mes de marzo y que fue respaldada por todas las expresiones políticas del Congreso del Estado.

La legisladora del PT puntualizó que con esta modificación a los artículos 47 y 48 de dicho Plan, se le reconoce razonablemente a los policías un derecho a decidir sobre el destino de un fondo en el cual son beneficiarios y también realizan aportaciones.

Asimismo, se fortalece el Comité Técnico y la transparencia en el uso de los recursos.

Comentó que esta es una motivación muy importante y ejemplo a seguir para el resto de los municipios de Baja California, así como un aliciente en la lucha organizada que han llevado a cabo Asociaciones Civiles Policiales desde la presentación de dicha iniciativa.

En ese tenor, mencionó que cualquiera que sea la vía legislativa, ya sea por iniciativa presentada por el Gobernador del Estado o emanada del Congreso del Estado, el objetivo es plasmar en la Ley la jubilación por 25 años de servicio y por antigüedad, en concordancia con las prestaciones sociales estipuladas en el artículo 131 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado, en donde el Poder Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos están obligados a reglamentar la seguridad social de los policías.