CÁRCEL PARA QUIENES HAGAN O AUTORICEN CONSTRUCCIONES INSEGURAS

Tijuana, B.C. – A fin de sancionar, mediante prisión, la autorización de un servidor público o la realización, por parte de cualquier persona, de cualquier tipo de construcción que no observe o contravenga el Atlas de Riesgo correspondiente, sea estatal o municipal, el diputado tijuanense Marco Antonio Corona Bolaños Cacho presentó una iniciativa que reforma el código Penal para el Estado de Baja California.

El asambleísta tricolor recordó que, “el 2 de febrero del presente año, se afectó a más de 100 familias, en virtud de que se colapsaron 89 viviendas del fraccionamiento Lomas del Rubí, ubicado en esta ciudad, al parecer por la realización de una expansión al fraccionamiento Villas del Pedregal, ubicado sobre el bulevar Cuauhtémoc”.

“Mucho se ha hablado de que este lamentable suceso se originó por negligencias, tanto de autoridades como de particulares, negligencias que simplemente no pueden suceder otra vez, en tanto autoridades y particulares tienen diversas responsabilidades en esta materia y, por ende, no pueden deslindarse de las mismas, sino asumirlas en todo momento a cabalidad”, añadió.

Alertó que “el desarrollo urbano debe ser una labor corresponsablemente planeada y verificada bajo estrictos sistemas que permitan su control, pues de no ser así, se pondría en grave riesgo a las personas y a su patrimonio, tal y como aconteció en Lomas del Rubí”.

Por ello, agregó, “es importante considerar los Atlas de Riesgos en las acciones de urbanización, para eliminar o reducir los riesgos sobre las personas y sus bienes”.

“Mediante la presente iniciativa se propone sancionar penalmente, con 2 a 8 años de prisión, 400 días de multa, e inhabilitación por el tiempo que dure la pena carcelaria, al servidor público que expida alguna licencia, permiso, autorización, constancia o dictamen, para realizar cualquier tipo de construcción, obra de infraestructura, equipamiento urbano, acción de urbanización o asentamiento humano, sin observar o contraviniendo el Atlas de Riesgos correspondiente”, explicó.

“También se propone aplicar las mismas penas a quien permita realizar o realice cualquier tipo de construcción, obra de infraestructura, equipamiento urbano, acción de urbanización o asentamiento humano, a sabiendas de que la licencia, permiso, autorización, constancia o dictamen emitido por el servidor público de que se trate, no observa o contraviene el Atlas de Riesgos correspondiente”, detalló.

Corona aclaró que, con la reforma, “no se pretende sancionar a personas que se ubican en predios abandonados o que no son de su propiedad. Lo que se busca es castigar a los servidores públicos que emitan autorizaciones contrariamente a lo establecido en las zonas de riesgos y a quienes construyan en base a esas autorizaciones”.