EMPRESAS PODEROSAS DE MÉXICO SAQUEAN LA RIQUEZA DE LA TIERRA

Ciudad de México.- “Esto no es una mina de oro o hierro, pero sí es una mina de donde se extrae la tierra con la que construyen al menos dos pistas del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. El daño es impresionante”, dice Octavio Jiménez Rivera, abogado y habitante del municipio de Tezoyuca, en el Estado de México.

La tierra a la que hace referencia lleva el nombre de tezontle. Es roja y contiene multitud de minerales, lo que la hace muy fértil. Sin embargo, donde antes había una montaña de unos 1200 metros sobre el nivel del mar ahora existe el hueco que deja su ausencia y, al fondo, se pueden contemplar grandes tractocamiones que remueven esta tierra roja. Es el Estado de México, cuna de la versión actual del Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido que siempre ha gobernado la entidad.

Desde finales de 2015, a decir de Octavio, de 300 a 500 vehículos diarios transportan esta tierra y al menos otros 20 cerros similares están siendo afectados. Muchos de ellos son parte de la zona natural protegida Sierra del Patlachique y los vehículos operan en el lugar sin ningún tipo de autorización. Las empresas constructoras –Edificadora CICSA, del multimillonario Carlos Slim; la constructora ICA; y la española FCC Construcción– están extrayendo esta tierra para hacer el aplanado de las pistas que serán parte del proyecto aeroportuario, pese a las restricciones que las autoridades locales les han puesto.

Desempolvada en 2014 por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, la idea de construir un nuevo aeropuerto para sustituir el que ahora tiene la capital mexicana se concretó en un proyecto de los arquitectos Fernando Romero y Norman Foster, que contemplaba un diseño de vanguardia que aparentemente estaría en convivencia con el medio ambiente. Sin embargo, desde que fue anunciado, el rechazo y la oposición a la construcción no se hicieron esperar.

Desde el año 2001, año en que el Gobierno de Vicente Fox anunció su mayor proyecto de infraestructura, la idea de un nuevo aeropuerto sobre lo que alguna vez fue el esplendoroso lago de Texcoco despertó el enojo de las comunidades afectadas, en especial en el municipio de San Salvador Atenco.

El segundo ‘round’ tuvo lugar el 3 y 4 de mayo de 2006, cuando a pesar de tener permiso para vender, floricultores fueron desalojados de las afueras del mercado de Texcoco y, al pedir apoyo al FPDT, la policía arreció el operativo y comenzó a agredir de manera desproporcionada, hasta lograr la detención de los que consideraban líderes de la organización campesina. En la madrugada, alrededor de 300 civiles acudieron a San Salvador Atenco, bastión del FPDT, para tratar de evitar que un nuevo operativo policiaco desatara la violencia.

Ya en la mañana del 4 de mayo, más de 4000 policías de corporaciones policiacas estatales y federales ingresaron de manera violenta a la comunidad referida, hicieron uso excesivo de la violencia y detuvieron en primera instancia a 220 personas. Durante el operativo, 34 mujeres fueron agredidas sexualmente por elementos de la Policía y luego fueron trasladas a la cárcel. Este caso está ampliamente documentado y, el pasado 17 de noviembre, 11 de estas mujeres comparecieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en los próximas días se espera que emita su sentencia.

Según Heriberto Salas, originario de la comunidad afectada de Nexquipayac y actual concejal del Concejo Indígena de Gobierno, el suelo del lago de Texcoco, tras su conversión en terreno seco, ha presentado algunos problemas. “La falta de recarga en los mantos freáticos en el lago ocasionan una pérdida de altura y significa un riesgo para la instalación del nuevo aeropuerto”, afirma el activista social y campesino.

Imaginemos un nuevo aeropuerto, con seis pistas de gran envergadura, con instalaciones modernas, que poco a poco se hunden hasta causar daños estructurales que forzarán a que las autoridades tengan que trasladar el puerto aéreo a un nuevo terreno, generando una nueva controversia. De esto advierten quienes han vivido ahí toda la vida y conocen el territorio que les ha dado sustento.

Actualmente, el aeropuerto ha conseguido establecer una barda perimetral y es posible observar, desde fuera, bastantes avances en la construcción de esta obra monumental. Desde los terrenos afectados en la zona de Nexquipayac se pueden comprobar los avances en algunas pistas y en la estructura general. Sin embargo, se trata de un proyecto que todavía no se puede considerar definitivo.

El FPDT se mantiene firme en su lucha contra el proyecto. A través de foros, reuniones, recorridos, manifestaciones pacíficas, han intentado frenar la construcción. Defienden las pocas tierras que quedan para que la actividad campesina no se pierda. También se han hecho alianzas con académicos e investigadoras de distintas instituciones mexicanas, tratando de demostrar científicamente que este proyecto es inviable y que lo único que va a traer es destrucción.

En el terreno de lo agrario, Ignacio del Valle, una de las caras más visibles del FPDT, ha señalado que ahora las bardas perimetrales del nuevo aeropuerto intentan abarcar más terreno del que se les permitió –no sin el rechazo de muchas familias campesinas– bajo pretexto de construir negocios complementarios. “No tenemos otra cosa a qué dedicarnos que la relación directa con la tierra, estás son las tierras que nos pertenecen y las vamos a defender”, señaló el campesino y luchador social.