Tecate, B.C.- De acuerdo con familiares y amigos, su muerte ocurrió a consecuencia de severas complicaciones de pancreatitis y una úlcera gástrica perforada. Contaba con 54 años.
Conservadora y protectora fundamental de la tradición cultural de su grupo étnico en Puntas de Nejí, comunidad nativa de Tecate en donde vivía, Aurora era traductora y trabajadora incansable en instituciones antropológicas y culturales de México y Estados Unidos.
En 2015 recibió el embate corrosivo, injusto y autoritario del sistema judicial y ejecutivo del estado. El empresario ganadero y abogado mexicalense Rubén Martínez Pérez, la acusó de abigeato como último eslabón de una larga cadena de intentonas por quedarse con una parte de las tierras propiedad de Aurora en Puntas de Neji.
Estuvo presa en el penal de Tijuana del 24 de diciembre del 2014 al 6 de marzo de 2015. Gracias a la presión judicial, mediática y diplomática que ejercieron su familia, activistas pro derecho de los pueblos indígenas, e instituciones binacionales que la apoyaron en su labor de conservación y traducción de su lengua nativa, logró su libertad pero su salud quedó muy mermada.
El 23 de diciembre de 2015, el diario La Jornada Baja California publicó la siguiente nota sobre acontecimientos posteriores a su encarcelamiento:
“La indígena kumiai Auora Meza Calles, denunció por abuso de autoridad a tres agentes de la policía municipal de Tecate, quienes tras golpearla junto con dos de sus hijos, los remitieron a la comandancia en donde sus familiares estuvieron presos e incomunicados por 10 horas y ella enferma en un hospital.
Meza Calles, residente de la comunidad Juntas de Neji, Tecate, en donde se dedica a mantener y enseñar las tradiciones de su pueblo, hace un año estuvo presa durante dos meses en una cárcel de Tijuana porque el empresario ganadero Rubén Martínez Pérez la acusó de abigeato, delito que el abogado mexicalense no pudo comprobar por lo que la indígena salió libre en marzo.
Además, en los últimos 30 años, Aurora Meza ha denunciado sistemáticamente la invasión ilegal de las últimas tierras de su pueblo por parte de ganaderos que desean quedarse con ellas, introduciendo para ello en Juntas de Nejí cantidad de ganado vacuno y equino en predios que pertenecen a los indígenas nativos, para después acusarlos de robo.
Activistas de la Red de Apoyo a Comunidades Nativas (RACN) informaron que el domingo 20 de diciembre, cuando Meza se encontraba al mediodía en su rancho conocido como “Encino Solo” en compañía de sus hijos René y Jorge Adán Cota Meza, observó que dos patrullas con el logotipo “Reacción Inmediata” y “Policía Municipal”, se pararon frente a su casa y 15 minutos después varios policías ingresaron al patio de su casa sin permiso ni orden judicial que autorizara hacerlo.
“Dijeron que traían un reporte de robo y con groserías, y de forma muy agresiva, se metieron a la casa en donde empezaron a buscar algo y a golpear a mis hijos, uno de los cuales perdió el sentido pero aun así lo siguieron golpeando en el suelo”.
Narró que a ella los policías le pusieron una camiseta en la cabeza y rostro y así la subieron a una de las patrullas. Enferma de diabetes, Meza se sintió mal, convulsionó y logró que le quitaran la ropa que la asfixiaba, llegando posteriormente a la comandancia de Policía en Tecate, de donde la trasladaron a un hospital para ser dada de alta a las seis de la tarde.
“A mis hijos los acusaron de resistirse al arresto, de poseer mariguana, lanzar amenazas y alterar el orden público, pero casi a las 11 de la noche los soltaron sin más. Al día siguiente fui a la Sindicatura (de Tecate) en donde me mostraron una carpeta con las fotografías de los policías municipales Logré identificar a tres oficiales. Sus nombres son Iván de Jesús Doramé López, Adán Tafoya Ríos y Laura Cecilia Valadez García”.
A estos elementos, el 22 de diciembre los acusó de abuso de autoridad. A su caso la oficina de Registro de Atención Inmediata de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) le asignó el número de investigación 0203-2015-00531/RAC.
La Red de Apoyo a Comunidades Indígenas estimó que los hechos están directamente vinculados con la “falsa acusación” que contra Meza hizo el ganadero Martínez Pérez, a quien señalaron de tener influencias en la oficina de la PGJE en Tecate.
Los activistas manifestaron finalmente que hacen responsable al empresario de cualquier cosa que llegue a suceder a los kumiais, y que esperan que la Procuraduría estatal de Justicia sancione a los tres agentes que fueron identificados como parte de la “nueva agresión” que sufrió la familia Cota Meza.
Nota de: A los 4 Vientos/Ensenada
