DUERMEN EN EL SUELO Y TOMAN AGUA CONTAMINADA, ASI TRABAJAN NIÑOS INDIGENAS

Niños indígenas de entre cuatro y 12 años de edad trabajaban en un rancho agrícola en San Luis Potosí, donde compartían cuartos hacinados con más de 200 jornaleros y dormían en el suelo infestado de chinches. Además, los menores de etnia nahua solo disponían de cartones para cubrirse en la noche, y se les negó la atención médica a pesar de las fuertes diarreas que padecían por el consumo de alimentos podridos y agua no potable.

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Y todo, con el ‘permiso’ de funcionarios públicos de la Secretaría del Trabajo local y federal, la Procuraduría estatal de justicia, y de la Procuraduría de Protección de Niños, quienes a pesar de estar enterados de las denuncias no tomaron medidas para evitar las violaciones a derechos humanos.
Todo lo anterior lo documenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en una recomendación –la tercera por el mismo motivo desde octubre de 2015- que envió al secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete, y al gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carrera, para que se repare el daño a los menores y a los jornaleros indígenas.

Trabajaban niños de entre cuatro y 12 años de edad

Según consta en la recomendación 70/2016, el 13 de junio de 2016 la Comisión de derechos humanos de San Luis Potosí recibió una llamada telefónica de Juan pidiendo ayuda.

Juan, cuyo verdadero nombre queda protegido por temor a represalias, explicó que trabajaba sembrando chile y pepino en un rancho en el municipio potosino de Villa Juárez. Y que junto a él había al menos otros 240 jornaleros indígenas, “incluyendo niños de entre cuatro, cinco y 12 años de edad”, que llegaron desde diferentes puntos de las sierras de Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí, para laborar de 07.30 de la mañana hasta las 16.30 de la tarde por un salario de 150 pesos al día.

En su denuncia de hechos, Juan expuso que las condiciones de trabajo y alojamiento eran infrahumanas para todos los jornaleros, pero más aún para los menores que dormían con otras ocho personas tirados en el suelo, entre el lodo y una “epidemia” de chinches.

Tres días más tarde de la denuncia telefónica, el 16 de junio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tomó el caso y un día después se presentó en la Secretaría del Trabajo Federal en San Luis Potosí para pedirle que diera “atención inmediata” a la denuncia de Juan.

Pero ni la delegación estatal de la Secretaría del Trabajo, ni tampoco la Secretaría del Trabajo local, realizaron acción alguna para verificar las condiciones laborales en este rancho, por lo que la CNDH se presentó el 19 de agosto en las instalaciones del campo agrícola.

Cocinaban alimentos con agua contaminada de una cisterna

Allí, durante dos días, la CNDH documentó que al menos siete niños estaban trabajando “en condiciones indignas” y de “explotación”, y que prácticamente vivían hacinados como el resto de jornaleros en unas caballerizas.

“Las viviendas proporcionadas por el empleador eran inadecuadas, pues permitían la filtración del agua de lluvia, el suelo era de tierra, carecían de instalaciones eléctricas, había presencia de fauna nociva y el agua con el que cocinaban sus alimentos provenía de una cisterna que, a simple vista, presentaba malas condiciones de higiene con insectos en la superficie”, detalla el informe de la CNDH.

Los patrones les vendían alimentos “excesivamente caros” en la tienda del rancho

Además, los menores y los jornaleros no contaban con baños ni regaderas, ni con agua potable para beber. Situación que los obligó a tener que caminar a diario varios kilómetros para bañarse y beber agua en un arroyo, lo que a su vez originó que muchos de ellos presentaran síntomas de diarrea, a pesar de lo cual los dueños del rancho les negaron la atención médica.

En cuanto a la alimentación de los menores y de los jornaleros, el ‘menú’ siempre era el mismo: agua hervida con frijoles y 600 gramos de tortilla por persona. Aunque los patrones del rancho tenían una tienda en el campo donde les vendía productos “excesivamente caros”, por lo que los jornaleros acababan endeudándose con sus jefes si querían comer una ‘dieta’ diferente.

Autoridades solo hicieron trámites burocráticos

Tras la visita al rancho, la CNDH solicitó el 20 de agosto a la Procuraduría de justicia de San Luis Potosí la implementación de medidas cautelares para proteger a los menores y a los jornaleros explotados. Petición a la que la Procuraduría contestó afirmativamente por escrito.

Sin embargo, la CNDH denuncia en su recomendación que la Procuraduría no tomó en realidad ninguna acción concreta, al igual que que la Secretaría del Trabajo local y estatal.

“Quedó plenamente evidenciado que las autoridades responsables de la aplicación de las leyes del trabajo no adoptaron las medidas necesarias para evitar la consumación irreparable de las violaciones a derechos humanos, a pesar de haberles sido requeridas por la Comisión Nacional, a quienes hicieron llegar sus correspondientes aceptaciones”, recalca la CNDH.

En cuanto al trabajo de la Procuraduría estatal, la Comisión evidencia que su actuación se limitó básicamente a abrir una carpeta de investigación y a realizar trámites burocráticos estériles entre sus diferentes áreas, sin llevar a cabo “acciones de investigación ni medidas de protección de las posibles víctimas de delito”, como la explotación laboral y/o la trata de personas.

Por estos motivos, la CNDH dirigió la recomendación a Alfonso Navarrete, titular de la Secretaría del Trabajo federal, y a Juan Manuel Carreras, gobernador de San Luis Potosí, a quienes instó a que sus respectivos órganos internos de control inicien una investigación en contra de 12 servidores públicos adscritos a las Secretarías del Trabajo federal y local, a la Procuraduría estatal, y a la Procuraduría estatal de Protección a niños, “por no investigar el caso, ni proteger y salvaguardar los derechos de los jornaleros” ni de los menores.

“Condiciones infrahumanas” también en Baja California

Cabe subrayar que esta no es la primera recomendación que emite la CNDH por un caso de explotación laboral de jornaleros indígenas y de menores.

De hecho, apenas el pasado 31 de mayo de 2016, la comisión envió otra recomendación al secretario del trabajo, Alfonso Navarrete, y al gobernador de Baja California, Carlos Mendoza, por las “condiciones infrahumanas” en las que fueron hallados jornaleros rarámuris en campos del municipio de Comondú.

En esta recomendación también se denuncian violaciones a derechos humanos en contra de menores indígenas que trabajaban en el campo en condiciones precarias.

Mientras que meses antes, en octubre de 2015, la CNDH emitió otra recomendación dirigida esta vez al entonces titular de Sedesol, José Antonio Meade, así como al ayuntamiento de Yurécuaro, Michoacán, luego de que una menor indígena perdiera la vida ahogada en el aljibe de un albergue comunitario para jornaleros agrícolas.

44% de hogares de jornaleros cuentan con al menos un niño trabajador

UNICEF advierte que en México los hijos e hijas de los jornaleros agrícolas “son un grupo especialmente vulnerable”.

Así lo apunta en su estudio ‘Trabajo infantil’, en el que la agencia para la niñez de la ONU subraya que 44% de los hogares de jornaleros agrícolas cuentan con, al menos, un niño o una niña trabajador.

Es decir, que en casi 5 de cada 10 casas de jornaleros los niños laboran, estando expuestos a posibles violaciones a derechos humanos como la explotación laboral o el tráfico de personas.

Los grupos del narcotráfico crecieron más de un 900% durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, pese a la estrategia de enviar al ejército a las calles a combatirlos, revelan cinco estudios* realizados por investigadores del Centro de Investigación y Desarrollo Económicos (CIDE).

En ese mismo sexenio se disparó por arriba del 2000% la tasa de civiles muertos en enfrentamientos entre autoridades y presuntos delincuentes, concluyen los investigadores del CIDE.
El aumento de la violencia derivada de la estrategia para combatir al narcotráfico deterioró las condiciones de seguridad en el país, dicen los investigadores.

En el 2007, cuando comenzó el despliegue de fuerzas federales operaban en el país 20 organizaciones criminales que estuvieron involucradas en 79 enfrentamientos o ataques ya sea entre ellas o con la autoridad.

Tres años después, en 2011 ya se encontraban en operación 200 grupos criminales que solo en ese año estuvieron implicados en más de mil enfrentamientos.

Con ellos aumentó 2,093% el número de muertos. Mientras que en 2007 la tasa de víctimas letales por cada incidente era apenas de 0.08 (en promedio un civil muerto por cada 10 enfrentamientos); para 2011 esta tasa ya era de 1.9 muertos (en promedio dos personas muertas por un solo enfrentamiento).

El promedio de detenidos por enfrentamientos pasó de 0.4 en 2007 a 1.7 en 2011, un crecimiento de más del 300%.

Los analistas calcularon que cada enfrentamiento adicional protagonizado por la Secretaría de la Defensa Nacional representó un incremento del 8% en los homicidios en el trimestre inmediato al evento, y del 3% en el año inmediato.

La hipótesis de “descabezamiento de cárteles” o de desequilibrio del status quo entre grupos también es corroborada por los datos. En el corto plazo, tanto matar como detener a miembros de la delincuencia organizada en enfrentamientos con la fuerza pública provoca un incremento de la violencia en 0.5% y de 3%, respectivamente.

En el largo plazo, un detenido adicional no tiene ningún efecto en la violencia, pero un miembro del crimen organizado adicional ejecutado en enfrentamientos con la fuerza pública genera un incremento en los homicidios de 1%” concluyen los expertos

El remedio… ¿peor que la enfermedad?

Entre los resultados que arrojan los estudios destaca que entre 2007 y 2011 se registraron en total tres mil 327 combates entre las fuerzas armadas y federales con células de grupos delictivos. Más del 84% de dichos incidentes fueron propiciados por los propios soldados o policías y el resto fue en respuesta a una agresión directa.

En su análisis, los expertos advierten que la intervención de las fuerzas federales ha derivado en la detención o muerte de líderes criminales pero esto, lejos de frenar las actividades de los grupos delictivos, ha propiciado una multiplicación de los mismos.

“Las estimaciones mues­tran que las intervenciones de las fuerzas públi­cas de seguridad tienden a fragmentar aún más a las organizaciones criminales; y que estos cam­bios producen a su vez más violencia” indican los analistas.

El deterioro de las condiciones de seguridad impulsada por la fragmentación y disputa de los grupos delictivos también ha incidido en la libertad de prensa.

En uno de los análisis denominados “Voces Silenciadas” se revela, además del incremento en el homicidio de periodistas del 2007 al 2011, que el 63% de los homicidios (31 casos) ocurrió en municipios donde había una disputa entre grupos criminales. En tanto, el 12% de los asesinatos se registró en localidades donde solo operaba un grupo criminal y el 25% en donde no se tenía reportada la presencia de ninguno.

Estos resultados, prosigue el análisis, son “consistentes con la hipótesis de la fragmentación que afirma que en condiciones de competencia (criminal) la violencia contra periodistas también aumenta”.

Letalidad… y opacidad

En el desarrollo de la llamada “guerra contra el narcotráfico” se incrementó de forma significativa la letalidad de las fuerzas armadas en los enfrentamientos, es decir, el porcentaje de civiles que murieron en cada enfrentamiento.

Lo que hicieron los analistas es identificar los llamados “eventos de letalidad perfecta por fuerzas públicas”, que son aquellos combates donde no hubo lesionados ni sobrevivientes del lado de los presuntos agresores.

Entre el año 2007 y 2008 estos eventos se mantuvieron en una proporción similar a los combates donde si hubo detenidos o lesionados pero a partir de ahí crecieron de forma significativa. En 2009 se registraron 59 enfrentamientos con letalidad perfecta por 48 que no lo fueron; para 2010 la cifra se disparó a 280 combate de letalidad perfecta por solo 91 donde hubo sobrevivientes; y en 2011 fueron 451 eventos sin sobrevivientes por 149 en donde sí los hubo.

Otro dato revelador es el incremento de la proporción de civiles fallecidos justamente en estos “eventos de letalidad perfecta”. Mientras que en 2008 representaron el 60% de los decesos de presuntos agresores para 2011 la proporción era superior al 90 por ciento.

De acuerdo con los datos del CIDE, de los tres mil 413 civiles fallecidos en los enfrentamientos contra las fuerzas militares y policiales entre 2007 y 2013, están dos mil 938 (más del 86%) que perdieron la vida justamente en estos combates de “letalidad perfecta” donde no hubo sobrevivientes

“Estas cifras sugieren que la guerra contra el crimen organizado en México es cada vez más letal y costosa medida por el número de pérdidas de vidas humanas” concluyeron los especialistas.

Por otra parte los especialistas del CIDE advirtieron que desde hace al menos cinco años existe opacidad en cuanto a los datos oficiales de homicidios vinculados con el crimen organizado. La única estadística oficial que se dio a conocer en 2012 correspondía al periodo de los años 2007 a 2011.

“En mayo de 2012, en el contexto de la 27ª Sesión Plenaria de la Con­ferencia Nacional de Procuradores de Justicia, los procuradores locales consideraron que esta nue­va base no era confiable y “decidieron recons­truirla con la misma metodología para tener cer­teza de las cifras con datos verificados por cada dependencia. A la fecha no se ha publicado una base de datos verificada por las procuradurías locales” indica el estudio

*Las conclusiones utilizadas en este texto se encuentran incluidas en los siguientes estudios: “La Guerra contra las drogas en los hechos”, “Militarización de la lucha contra el narcotráfico”, “¿Cómo las intervenciones de las fuerzas públicas de seguridad alteran la violencia?”, “Voces Silenciadas. Las formas de morir de los periodistas en México en el contexto del crimen organizado” y “Fragmentación y Cooperación. Evolución del Crimen organizado”. Todos de la serie Política de Drogas del CIDE.

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