CICUTA. Chasco

Jaime Flores

Acostumbrado a venderse como un experto en la estructuración de negocios millonarios, el actual secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUE) de Baja California Manuel Guevara Morales “se fue con la finta” y quedó mal con sus patrones.

Fue don Manuel quien se revolvió para que funcionarios municipales irrumpieran hace semana y media en las instalaciones del Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT).

¡Este hombre creyó que el SITT era un jugosísimo negocio y se fue de bruces!

La mayoría ignora que el ingeniero Morales convenció al gobierno panista de los beneficios económicos que traería el “apoderarse” del recién inaugurado proyecto de modernización del transporte público de Tijuana, también conocido como Ruta Troncal.

Al igual que muchos envidiosos, el señor Morales supuso que la Ruta Troncal era un negocio del influyente político Manlio Fabio Beltrones Rivera.

¡Si es de Manlio, es garantía!

Morales pensó que si Manlio había puesto los ojos en el transporte público de Tijuana, seguramente sería un negocio millonario.

Sin embargo –concluyó Morales—Manlio había cometido el error de simular que su inversión era manejada por el gobierno local y los propietarios de las rutas de transporte locales se prestaron al juego.

El tema es que esos ambiciosos están equivocados, pues en realidad este proyecto es negocio para los propios transportistas y beneficiará enormemente a una sociedad –que por décadas– ha pagado un transporte caro y malo.

Don Manuel y sus patrones debieron saber que casi 600 millones de pesos (invertidos a la infraestructura de la Ruta Troncal) son recursos aportados por el gobierno federal a fondo muerto.

Otros 240 millones salieron de un préstamo bancario solicitado por el gobierno municipal, además de otros 300 millones de pesos aportados por el propio gobierno de Tijuana.

Además, los 400 camiones que funcionarán en la ruta principal, serán propiedad de los dueños de las 12 líneas de transporte público de Tijuana.

Ésos 500 millones de pesos que costarán los camiones, serán entregados por una empresa financiera que otorgará créditos a los transportistas.

¡Aquellos que hace una semana se apoderaron del SITT, esperaban encontrar cajas fuertes repletas de dinero!

Funcionarios municipales, escoltados por decena y media de policías tomaron por asalto las instalaciones del SITT.

Sépase que el director jurídico de la consejería municipal Luis Manuel Lizárraga se atrevió a vaciar el bolso de alguna secretaria que se mostró aterrada por la irrupción.

A sabiendas que actuaban como auténticos delincuentes preguntaron con descaro ¿dónde está el dinero?

¿Cuál dinero? Dijeron los empleados.

El nuevo gobierno de Tijuana encabezado por el panista Juan Manuel Gastelum debe saber que cometieron un error legal destituir a Alonso López Sepúlveda como director del SITT.

Resulta que los regidores Rosa Aurora Martínez, Martín Plasencia y Jorge Escobar avalaron que el próximo presidente municipal tuviera la capacidad de correr al director y nombrar a quien se le diera la gana.

Antes de terminar el anterior gobierno, estos regidores tomaron esa decisión por razones desconocidas. ¡Sólo se observaron con los bolsillos repletos al salir de la reunión!

El asunto es que tal determinación debía ser publicada en el Diario Oficial del Estado, situación que no se dio.

Cierto que los asaltantes presionaron a López para que plasmara su renuncia, hasta el punto de prohibirle la salida de las instalaciones (hasta que no firmara).

Ahí le preguntaron –por enésima vez– donde estaba el dinero.

Dos días después de “deshacerse” de Alonso López, la autoridad municipal nombró como director del SITT a Fausto Armenta, un ingeniero que se ha dedicado los últimos años a analizar el tema de la movilidad.

Por si alguien lo ignora, don Fausto es el estratega de la fracasada “ciclovía en Tijuana”. Resultaría insolente señalar que el ingeniero Armenta “no sabe ni donde está parado”.

Armenta desconoce hasta lo elemental de la Ruta Troncal, aunque aun así la autoridad ha dicho que este proyecto funcionará al 100 por ciento a finales de mes.

Quienes se apoderaron del SITT descubrieron que esa paramunicipal cuenta con 20 plazas laborales y que los salarios son liquidados por la Oficialía Mayor del gobierno municipal.

También recién se enteraron que los recursos enviados por el gobierno federal son manejados por Banobras a través de un fideicomiso.

Esto significa que el dinero viene perfectamente etiquetado y no hay manera de manotear dinero.

Obviamente que las empresas financieras se encargarán del pago de los camiones, aunque a raíz del escándalo suspendieron todos los procedimientos.

Aunque el destituido Alonso López no quiso confirmarlo, los nuevos operadores financieros del SITT no dejan de llamarle por teléfono con la intención de aclarar sus dudas.

En medio de todo este embrollo resulta verdaderamente lamentable la mera posibilidad de dar al traste al proyecto de la Ruta Troncal, un proyecto que busca beneficiar a la sociedad.

 Por la ambición desmedida de unos cuantos panistas, existe la posibilidad que todo se vaya al diablo.

Si bien el ingeniero Manuel Guevara es un oportunista que ha estado pegado a la ubre gubernamental desde hace década y media, también es cierto que la cúpula panista (incrustada en el gobierno) ha cometido el error de confiar en Guevara.

Por si alguien quiere saber cuál es el papel de Guevara en todo este enredo, la respuesta es que Fausto Armenta (nuevo director del SITT) ha sido su “brazo derecho” durante los últimos años.

Es fácil suponer que Guevara convenció al gobernador Francisco Vega de Lamadrid que, a su vez, instruyó al alcalde de Tijuana para que nombrara a Armenta.

Guevara pudo argumentarle al gobernador Vega las ventajas de insertarse en el negocio de transporte, pues de otra manera no le hubiese entrado Manlio.

Al tratarse de un negocio de Beltrones (insertado en el anterior gobierno priista) ellos tendrían la oportunidad de quedarse con esos millones.

Intoxicados por la codicia, ninguno se tomó el tiempo para investigar a fondo la procedencia del dinero invertido y mucha menos los beneficios sociales que traería.

Hoy el mayor riesgo es que el proyecto de la modernización del transporte público de Tijuana se vaya a la basura, y esto por la ambición desmedida de algunos políticos que observan el servicio público como negocio propio.

Más triste resulta observar que “quien podría pagar los platos rotos” son los ciudadanos de Tijuana que –una vez más– han padecido por décadas un transporte caro y malo.

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