CERTIFICAN A PERITOS EN EL PROTOCOLO DE ESTAMBUL

Tijuana, B.C.- Ante el incremento de los casos de tortura en Baja California que alcanzan el setenta por ciento de los detenidos, integrantes del Centro Bajacaliforniano de Derechos Humanos, recibieron la certificación por parte de la Organización de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional, como peritos para el Protocolo de Estambul.\r\n\r\nEl equipo de peritos bajacalifornianos, fueron certificados para la aplicación del peritaje médico-sicológico de casos de posible tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, los cuales no existían en el estado ni en las instituciones persecutoras de la justicia.\r\n\r\nEl Protocolo de Estambul es el manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, promovido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.\r\n\r\nEs el primer conjunto de reglas para documentar la tortura y sus consecuencias, adoptado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el año 2000, con el propósito de servir como una guía internacional para la evaluación de las personas torturadas, para investigar casos de posible tortura y para reportar los hallazgos a la justicia o a las agencias investigadoras.\r\n\r\nEste equipo está integrado por la abogada Sandra Elena Esquer Montoya, la sicóloga Patricia Bayliss Treviso y el médico Martin Esquer Nieblas, quienes proporcionarán los servicios de peritajes en los procesos donde se involucre la tortura y los otros tratos.\r\n\r\nSandra Elena Esquer Montoya, abogada presidenta del Centro Bajacaliforniano de Derechos Humanos, denunció la existencia de la tortura como un método recurrente de las corporaciones policíacas en Baja California, donde alcanza a siete de cada diez detenidos que denuncian ser víctimas de tratos crueles e inhumanos o degradantes para declararse culpables.\r\n\r\nEn conferencia de prensa señalaron que las corporaciones policiacas que encabezan las denuncias por tortura son la Policía Estatal Preventiva, la preventiva municipal de Tijuana y la Policía Ministerial del Estado, donde el 70 por ciento se lo lleva la PEP.\r\n\r\nEsquer Montoya expresó que a pesar de que la tortura es un delito que se persigue de oficio, “no se investiga y solo hay una consignación en la historia de Baja California lo que ha generado y fomentado impunidad, además del registro de otros delitos como allanamiento de morada y robo por parte de los agentes que realizan las aprehensiones”.\r\n\r\nIndicó que la falta de profesionalización y la falta de herramientas para investigar, hacen que los agentes de las diversas corporaciones, en lugar de realizar averiguaciones técnicas, donde respeten el debido proceso, con tal de presentar cifras, utilizan la tortura para inculpar a los detenidos, aseguró Esquer Montoya.