QUE SAT CESE EL DECOMISO DE AUTOS

Mexicali, B.C.- Por su cercanía geográfica con Estados Unidos, Baja California presenta características particulares que la diferencian con el resto del territorio nacional, por lo que es necesario que la autoridad pública tenga en cuenta las singularidades e interrelaciones propias que se presentan en esta franja fronteriza en el momento de implementar toda política pública que incida directamente en el entorno social y económico de la población.\r\n\r\n Por tal motivo, el Diputado David Ruvalcaba Flores presentó ante el Pleno, un Punto de Acuerdo para que el Congreso exhorte al Gobernador Francisco Arturo Vega de la Madrid a que intervenga ante las autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para solicitar el cese de los operativos tendientes al aseguramiento de vehículos de procedencia extranjera en circulación en la entidad.\r\n\r\n De la misma forma propuso exhortar a la autoridad estatal para que se apoye a las personas físicas para la importación a la región fronteriza de vehículos específicos, a través de un programa de estímulo fiscal equivalente a las contribuciones que se generen por su importación, además de gestionar ante las Secretarías de Economía y Hacienda y Crédito Público la reducción de las contribuciones federales que correspondan.\r\n\r\n “Esto es, aplazando el interés recaudatorio del Estado convocamos a poner en orden tales irregularidades y a fortalecer la seguridad; ponderemos el beneficio de esto último”, resaltó el Congresista.\r\n\r\n También dijo que en concreto aquellos bajacalifornianos que actualmente pasan por una situación económica difícil, previa verificación de las condiciones para tener el beneficio, mediante estudio socioeconómico, se les expidan placas, calcomanías y tarjeta de circulación.\r\n\r\n Consideró que la implementación de este tipo de medidas es razonable y necesaria, que no es desproporcionada ni excesiva y que el marco normativo vigente permite su instrumentación, pues este Congreso ha dotado al Ejecutivo Estatal de los mecanismos jurídicos para que en un esquema preferente, mediante disposiciones de carácter general, pueda condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, así como autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación socioeconómica de algún lugar o región del Estado o alguna rama de las actividades económicas.\r\n\r\n La propuesta que aquí se hace, no pretende erosionar el marco normativo vigente sino basado en él, instrumentar alternativas de solución, las posibilidades son diversas y el Ejecutivo del Estado está facultado para delinearlas; en todo caso la regularización también implica que cada quien ponga su parte, incluso aquel que se verá beneficiado pues una condición categórica sería precisamente importar el vehículo y que éste cumpla con los requisitos que establece la ley para que pueda circular, como es la situación mecánica, seguro y control de emisión de contaminantes, expuso.\r\n\r\n “Debemos de reconocer –agregó- que el problema es real y presente, requiere acciones oportunas y efectivas de gobierno antes de que escale; debemos evitar a tiempo la confusión y el engaño de organizaciones constituidas en francas agencias de legalización que demandarán la atención diferenciada de la problemática, como ha sucedido desde hace décadas en nuestro país”.\r\n\r\nRuvalcaba Flores mencionó que por ello los legisladores le piden al Gobernador del Estado su intermediación para detener dichos operativos y que se privilegie la implementación de programas que garanticen la estancia regular de los vehículos que se encuentran ilegalmente en el país.\r\n\r\nEllo traería consigo seguridad y estabilidad en el patrimonio de las familias, pues lo cierto es que la gran mayoría de los ciudadanos bajacalifornianos utilizan los vehículos como herramienta de trabajo o de traslado al mismo y único medio de movilidad, debido también a los altos costos del transporte público en el Estado, puntualizó.