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HAY NUEVA LEY PARA ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS

Mexicali, B. C.- La Vigésima Legislatura local aprobó por unanimidad la Ley para Prevenir, Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctima de estos Delitos.\r\nEl dictamen 165 proveniente de la Comisión de Gobernación que contenía esta reforma, fue leído en tribuna por su impulsor el Diputado Julio Felipe García Muñoz, quien la presentó a nombre de las fracciones parlamentarias del PRI, PVEM, PT y del Diputado independiente Marco Antonio Vizcarra Calderón.\r\nEl inicialista definió como trata de personas a toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir o retener a una o varias personas con fines de explotación.\r\nEn su exposición de motivos, García Muñoz explicó que esta nueva ley para erradicar la trata de personas sustituirá a la ley estatal que para ese mismo fin había sido promulgada desde el primero de abril de 2011.\r\nAgregó que la misma estará acorde con la ley federal para erradicar la trata de personas —aprobada por el Congreso de la Unión en sesión del 27 de abril del año pasado y que rige para todo el país—, y así evitar una dualidad jurídica existente hoy en día en la Constitución de Baja California con ese ordenamiento legal federal.\r\nEn ese sentido, refirió que se da cauce a lo establecido en un artículo transitorio en la ley federal de trata de personas mencionada, donde se establece que los Congresos de los Estados procederán a realizar las reformas pertinentes en la materia y leyes específicas, con el fin de armonizar en lo conducente con ese nuevo ordenamiento federal.\r\n“La trata de personas sigue siendo un delito con causas multifactoriales. Tiene una íntima relación con otras figuras como el lenocinio, la corrupción de personas menores de edad, la pornografía infantil, el turismo sexual, los ultrajes, la privación ilegal de la libertad, la servidumbre, los trabajos forzados y el sometimiento”, abundó el Legislador.\r\nEl Diputado Julio Felipe García afirmó que, con esta nueva ley, el Ejecutivo del Estado deberá destinar recursos para los servicios de asistencia y protección a las víctimas y ofendidos de los delitos establecidos en ella.

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