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PROPONE DIP. JUAN VARGAS MAYOR FISALIZACION A PDH Y AL IEPC

Mexicali, B.C. miércoles 12 de septiembre de 2012.- Con el objeto de dar mayor transparencia al uso de los recursos públicos, el Presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, Diputado Juan Vargas Rodríguez, presentó sendas iniciativas para reformar tanto la Ley de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana (PDH), como la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado.\r\nAmbos planteamientos fueron presentados el Diputado Vargas Rodríguez, a nombre de las fracciones parlamentarias del PRI, PVEM, PEBC y PT, durante la sesión ordinaria correspondiente a la presente semana y en lo que respecta a la primera de estas entidades, propuso la inclusión de un artículo 6 bis, que establece la creación de una Contraloría Interna para la PDH.\r\nDicha Contraloría tendría la función de tramitar los procedimientos que se deriven de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California y, si con motivo de la Auditoría Interna se llegasen a encontrar irregularidades graves, o en su caso se hubiera presentado denuncia penal por las citadas irregularidades, deberá informar de ello al Congreso del Estado y al Órgano de Fiscalización Superior, en un plazo de cinco días hábiles contados a partir del momento en que se detecte la irregularidad, o se presente la denuncia correspondiente.\r\nEntre otras funciones, también se le señala que deberá recibir del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), las observaciones resultantes de la revisión de las cuentas públicas y proceder de conformidad a lo establecido por la Ley de la materia.\r\nPor lo que hace a la ley que rige al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el cual ya cuenta con una contraloría, se propone adicionar las fracciones XXV, XXVI y XXVII al artículo 506, a fin de que al Contralor General del IEPC se le otorguen facultades para fortalecer las funciones de revisión de Cuentas Públicas.\r\nAdemás, se apunta que si con motivo de la auditoría interna se llegasen a encontrar irregularidades graves, o en su caso, se hubiere presentado denuncia penal por esa razón, deberá informar de ello al Congreso del Estado, en un plazo que no exceda de cinco días hábiles, entre otras obligaciones.

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